Cuando hace ahora un año, por estas mismas fechas, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, preveía un crecimiento del 7% y una inflación que subiría apenas el 1,5% (medida en términos de deflactor del PIB). La realidad ha sido muy diferente. El propio Gobierno ha estimado ahora que el PIB avanzará este año un 4,4%, mientras que el deflactor (una medida más amplia que el IPC, ya que recoge toda la inflación generada por la economía) lo hará un 4%, si se cumplen las previsiones de Economía. Expresado en términos más comprensibles, este año el coste de la cesta de la compra crecerá por encima del 8% en media anual, a años luz de lo estimado, con todas las consecuencias que tiene sobre las envolventes financieras. 

La diferencia entre lo presupuestado y lo real da idea del grado de incertidumbre en que se mueve la economía, tanto la nacional como la global. No solo a medio o largo plazo, sino, también, a corto. Y eso explica que el proyecto de ley que ayer vio la luz, y que ahora se remite al Parlamento, esté lleno de incertidumbres. En particular, las derivadas de los riesgos exteriores (guerra en Ucrania, aprovisionamiento de materias primas o geopolítica).

Existen, sin embargo, algunas certidumbres plasmadas en el proyecto de presupuestos del Estado de 2023, que parten de dos argumentos clave que dio ayer tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Calviño. Por un lado, “no hay síntomas de desaceleración económica”, y, por otro, “la inflación es importada y no hay efectos de segunda ronda”.

Senda de crecimiento

A la luz de este argumento, se explica que los presupuestos sean expansivos en lo social y restrictivos en otras partidas. Precisamente, para poder financiar el gasto social. La AIReF ha avalado sus previsiones al considerar que “tanto la senda de crecimiento del PIB como las previsiones de inflación son realizables, aunque en el primer caso se aprecian riesgos a la baja notables”.

Entre las certidumbres está, por ejemplo, qué gracias precisamente a la inflación, los ingresos públicos (307.445 millones de euros antes de la cesión correspondiente a los entes territoriales y sin contar la Seguridad Social, que serán otros 190.687 millones de euros adicionales) crecerán un 6%, ligeramente por encima del PIB nominal (con inflación): un 5,9%. O que los gastos también crecerán con fuerza. En concreto, un 7,6%. Esta tasa es similar al crecimiento previsto de los ingresos tributarios, un 7,7%.

¿El resultado? Un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente al 3,9% del PIB, por debajo del 5% estimado para este año y por encima del 3,3% previsto para 2024. Hasta 2025, si se cumplen los pronósticos, España no saldría del Protocolo de Déficit Excesivo (3%), ahora congelado por el Consejo Europeo hasta nueva orden. Y es que pese al sólido aumento de los ingresos, la reducción del déficit en 2023 (1,1 puntos porcentuales) será inferior a la de 2022 (1,9 puntos). 

Esto es, precisamente, lo que da margen al Gobierno para hacer políticas claramente expansivas en algunas partidas muy relevantes. La deuda pública, de hecho, ahora situada en el 116% del PIB, no bajará del 110% hasta 2025, aunque con una salvedad: se financiará con tipos más altos respecto de la última década. Los técnicos no hacen cálculos sobre cómo evolucionará el euríbor a un año, aunque sí lo hacen con el euríbor a tres meses, que es la referencia preferida del mercado. Y si se mantiene la actual diferencia entre ambos plazos, el euríbor estaría el año 2023 muy cerca del 3% de media anual. 

La expansión fiscal viene de la mano, principalmente, de las pensiones, que no solo siguen siendo la parte del león del presupuesto público, sino que, en coherencia con el envejecimiento y con determinadas decisiones de política económica, como su revalorización de acuerdo con el IPC, su peso no deja de crecer. El gasto previsto de la Seguridad Social, aunque hay que tener en cuenta que aquí se incluyen los 21.278 millones que se destinarán a pagar el desempleo, suma ya 190.687 millones de euros, lo que supone un 11,4% más.

Esta cifra es importante, no solo por su cuantía —supone el 62% del gasto del Estado, sin contar el sistema público de protección social— sino porque aumenta casi el doble de los ingresos, lo que significa que es claramente expansivo, mucho más si se compara con otras partidas.

Servicio de la deuda

Y esto es así, básicamente, por dos razones: por el aumento del número de pensionistas, pero, sobre todo, por la actualización de las pensiones, que rondará el 8,5%, como ayer reveló la vicepresidenta Calviño. Para hacerse una idea de lo que significa esa tasa de variación solo hay que tener en cuenta que representa casi el doble de lo que subirá el capítulo 1 (personal), que crecerá un 6,6%, mientras que el servicio de la deuda pública, en pleno endurecimiento de la política monetaria, aumentará un 3,7%, hasta los 31.300 millones de euros.

Eso significa que la Seguridad Social y los gastos financieros, en total 221.987 millones de euros, son, de hecho, las dos partidas más importantes del presupuesto. Hasta el punto de que ambas representan el 44,6% del medio billón de euros que tendrán para gastar los poderes públicos en números redondos en 2023. 

Esta es la parte más expansiva, porque, descontando los intereses de la deuda, el gasto primario avanza un 1,5%. La parte contractiva del presupuesto se la llevan capítulos como agricultura (el crédito previsto sube un 0,3%), Justicia (0,3%), Industria (2,6%), acceso a la vivienda (5,4%) o seguridad ciudadana (5,6%). Todas estas partidas crecen por debajo del PIB nominal. Partidas tan significativas como educación y sanidad, que también son gasto social, tienen un crecimiento que estará en línea con lo que se incrementará el PIB con inflación. En su conjunto, según las previsiones de Economía, el consumo público, en términos de contabilidad nacional, crecerá un 0,4%, frente al -1% estimado para este año.