EL CORREO 14/09/13
· Santamaría descarta todo diálogo con la banda terrorista o la flexibilización de la política penitenciaria y avisa de que no habrá pago por desaparecer.
MADRID. El Gobierno quiso dejar ayer muy claro que le dan igual las estrategias o movimientos tácticos que puedan poner en marcha los dirigentes de ETA en las próximas semanas o meses porque, hagan lo que hagan, no van a lograr mover ni un milímetro la firmeza de su quehacer antiterrorista.
La política del Ejecutivo de Mariano Rajoy, de hecho, no ha variado un ápice pese a que están a punto de cumplirse dos años del anuncio por la banda del cese definitivo de los atentados terroristas y, fundamentalmente, se resume en vetar cualquier tipo de diálogo o negociación para facilitar la desaparición de la organización criminal y descartar que los etarras vayan a obtener concesión alguna por el fin de los asesinatos.
Un día después de que fuentes anónimas informasen de que la banda terrorista se plantea anunciar antes de las Navidades la puesta en marcha de un proceso parcial y lento de desarme, que sería verificado no por las autoridades españolas o francesas sino por con algún tipo de organismo internacional, lo más parecido a una respuesta del Ejecutivo fue que ignorará cualquier paso de ETA que no sea el comunicado de su desaparición definitiva. Como ha hecho hasta ahora, no va a permitir que los etarras o las organizaciones o partidos de la izquierda abertzale le marquen la agenda.
«El único destino de ETA es disolverse sin más», aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras ser preguntada en La Moncloa por el hipotético anuncio de un desarme. Pero no una simple desaparición sino una «disolución incondicional». La número dos del Ejecutivo se aseguró de añadir que los etarras «no van a conseguir nada con su disolución que buscasen mientras estuvieron en su actividad terrorista».
«Es solo propaganda»
Rajoy y su equipo no piensan variar el gesto aunque haya anuncios de desarme. No está en sus previsiones, aunque esto finalmente ocurriese, abrir vías directas o indirectas de diálogo o negociación con la banda, reunirse con grupos de mediadores o verificadores, abordar el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y Navarra, o flexibilizar la política penitenciaria y de reinserción hacia este colectivo de varios centenares de reclusos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desde Roma, donde se reunió con sus homólogos europeos, coincidió letra por letra con el análisis de Sáenz de Santamaría. Indicó que todos los pasos que vaya dando ETA hacia su desaparición definitiva «bienvenidos sean», pero aclaró que para el Gobierno todo movimiento que no sea el anuncio de la disolución incondicional de la organización es solo «propaganda». Describió esa «propaganda» como «la que sabemos que usan ETA y la izquierda ‘abertzale’ de que son ellos los únicos que están dando pasos unilateralmente en favor de la paz». «Como si les tuviéramos que agradecer que dejen de matar», añadió.
Mariano Rajoy ya se lo dijo hace semanas al lehendakari Iñigo Urkullu en uno de sus encuentros discretos en La Moncloa. No va a atender ni sus demandas ni las que también realizan los socialistas vascos para que dé un empujón a ETA hacia su desarme y total desaparición con una tanda de acercamientos selectivos de presos etarras a cárceles de Euskadi y con una mayor flexibilización de la política penitenciaria, sobre todo en la excarcelación de enfermos o en la concesión de terceros grados.
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, volvió ayer de hecho a incidir en este asunto durante una entrevista en ETB. El dirigente socialista vasco, que está en total sintonía con el Gobierno en que ETA debe desaparecer y hacerlo sin lograr concesión alguna, sin embargo, cree que la «postura inmovilista» de Interior a la hora de rechazar gestos en política penitenciaria es la «excusa» que usa la banda para retrasar los pasos hacia su desaparición.
Pastor dejó claro que «la responsabilidad» de dar este paso está solo «en el tejado de ETA», pero lamentó que el Gobierno no facilite el camino, porque «ser flexibles, dinámicos y tener una cierta inteligencia política no significa vulnerar la ley».
EL CORREO 14/09/13