EL CORREO, 21/8/12
El Ejecutivo completa en horas un informe médico después de que el Ministerio Público pidiera nuevos datos que suponían posponer el caso diez días
El Gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado a activar sus recursos para que el caso del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga no se demore en el tiempo. El Ejecutivo, que el pasado viernes concedió el tercer grado al recluso -condenado por, entre otros delitos, el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara- como primer paso para que obtenga la libertad condicional, se enfrentó ayer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en un movimiento inesperado, ha solicitado nuevos informes médicos sobre el estado de salud del interno. La actitud del Ministerio Público provoca que, en la práctica, el juez de Vigilancia Penitenciaria tenga que demorar hasta septiembre su decisión sobre si otorga o no la excarcelación de Uribetxebarria Bolinaga.
LAS CLAVES
SOLICITUD DE DATOS
El fiscal exige el nombre de los doctores que han evaluado al preso y el historial completo del reo
MOVILIZACIÓN
El Ejecutivo del PP cree que Batasuna utiliza este caso para cohesionar a su electorado
El Gabinete del PP pretende acortar ese plazo, consciente de que este caso está siendo aprovechado por la izquierda abertzale para capitalizar la atención informativa y cohesionar aún más a su electorado. Para intentar frenar esta campaña independentista, el Ejecutivo se puso ayer mismo a trabajar para facilitar al fiscal alguno de los datos que ha requerido al hospital Donostia, donde el preso está siendo tratado del cáncer de riñón terminal que padece. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraron que de inmediato se solventarán dos de los fallos que, en opinión del Ministerio Público, contiene el expediente. Por un lado, se incorporará la relación, con nombres y apellidos, de los miembros de la comisión médica que firma el informe sobre la salud de Uribetxebarria -el fiscal cree que es obligatorio- y, además, se añadirá el historial médico completo del recluso. Según fuentes citadas por la agencia Efe, en dicho expediente figurará la «expresa referencia» de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro dé traslado de manera urgente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional del listado de médicos que han elaborado el informe sobre el estado de salud del etarra.
La celeridad en los pasos dados ayer por el Gobierno contrasta con la actuación del Ministerio Público, que optó por una tramitación más enrevesada. Reclamó esos datos al juez de vigilancia, para que éste, a su vez, se dirigiera al hospital. La Fiscalía del tribunal central, cuyo informe es obligado para que el magistrado pueda decidir si concede o no la libertad condicional por razones humanitarias calculó que, por este procedimiento, no podrá entregar el documento antes del 30 de agosto.
El incidente de ayer se enmarca dentro de las fricciones abiertas entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, por un lado, y Policía antiterrorista y Ministerio del Interior, por otro, en los dos últimos meses. Como informaba ayer este periódico, la retirada de escoltas a la judicatura ha propiciado que magistrados y miembros del Ministerio Público estén siendo mucho más puntillosos a la hora de facilitar algunas investigaciones o trámites en los tribunales.
Los representantes del Ministerio Público recordaron también ayer que, además de este informe hospitalario completo, para dar su opinión necesitan disponer del informe que tienen que elaborar los propios forenses de la Audiencia Nacional y de la notificación de la incoación de un expediente para la concesión de la libertad condicional que les tiene que remitir -se supone que en pocas horas- la Junta de Tratamiento de la prisión alavesa de Zaballa, de la que depende el recluso.
Instituciones Penitenciarias, además, tiene que informar a la Audiencia Nacional sobre varios extremos que la semana pasada le preguntó el juez Santiago Pedraz, a petición del fiscal del caso, entre otros sobre si el sistema penitenciario cuenta con los medios médicos necesarios para atender de forma correcta a un enfermo en la situación de este etarra.
La vuelta del titular
El retraso que adelanta la Fiscalía para poder presentar su informe apunta a que la decisión final sobre Uribetxebarria la tomará el propio titular del juzgado central penitenciario, José Luis de Castro, en la actualidad de vacaciones.
Pese a que Interior acordó la semana pasada el tercer grado, el primer paso, Uribetxeberria no podrá cumplir el resto de su condena en su domicilio hasta que la Audiencia Nacional le otorgue la libertad condicional. Si el magistrado hace caso a la petición de Interior, le impondrá al recluso tres condiciones para que no le sea revocada la excarcelación. La primera, que no se acerque a las víctimas de sus delitos o a sus familiares. La segunda, que no participe en actos o manifestaciones de enaltecimiento o legitimación del terrorismo o de ETA y que evite realizar declaraciones que puedan ofender a las víctimas. La tercera, la prohibición de ausentarse de la residencia que fije sin autorización previa de Interior.
Herrira, la asociación en favor de los presos de ETA, criticó el retraso judicial sobre la excarcelación de Uribetxebarria y alertó de que, dada su enfermedad y que no dejará la huelga de hambre hasta su liberación, existe riesgo vital. Mientras tanto, el colectivo prosigue con sus movilizaciones de apoyo. Ayer la Policía detuvo a seis jóvenes por encaramarse a una marquesina junto a la sede del PP en Pamplona. Todos quedaron en libertad horas después.
EL CORREO, 21/8/12