El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la celebración de una «consulta pública» para que «empresarios, organizaciones y ciudadanía» opinen sobre la opa que el BBVA lanzó sobre el Sabadell el 9 de mayo del año pasado.
El resultado de la consulta popular, cuyas características concretas se conocerán a partir de este martes, será secreto y no vinculante.
El Gobierno, que ha mostrado de forma explícita su oposición a la opa del BBVA, no tiene la posibilidad de vetar la operación. Pero sí puede imponer condiciones que la hagan prácticamente imposible para la entidad presidida por Carlos Torres.
El problema para el Gobierno es que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como varios reguladores nacionales e internacionales, incluidos el Banco Central Europeo y el Banco de España, han autorizado o dado su visto bueno a la opa, lo que dificulta sobremanera cualquier intento de obstaculizar una operación que, en última instancia, debería ser aceptada o rechazada por los accionistas del Sabadell.
«Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen y también competitividad», ha dicho Sánchez. Luego ha puntualizado que es necesario que eso «beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos».
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha mostrado por su parte su respeto por la decisión del presidente.
Pero lo cierto es que la decisión de Sánchez es tan inédita como insólita. A día de hoy no se conoce en toda Europa un solo caso en el que el Gobierno haya sometido a consulta ciudadana una opa entre dos empresas privadas.
El Gobierno parece haber inventado por tanto la ‘opa asamblearia’, la culminación lógica de la «democracia popular» que defienden sus socios de la izquierda radical y que atribuye a la «voluntad del pueblo» un papel jerárquicamente superior al de las leyes y la Constitución.
Así pues, es legítimo preguntarse por detalles como el de quiénes serán los consultados y en base a qué criterios.
Cuál será el contenido concreto de la consulta y quién interpretará las respuestas en un sentido u otro.
Quién garantizará que el resultado de la consulta sea el que el Gobierno dice ser.
Y, dado que la consulta no será vinculante, en qué medida modificará su resultado la toma de decisiones del Gobierno.
EL ESPAÑOL alberga dudas sobre una opa que reducirá la competencia en el sector bancario y a la que cabe exigir, en cualquier caso, que respete los intereses de los consumidores, de las pymes, de los trabajadores y, por supuesto, de los accionistas de ambas entidades.
La opa del BBVA, además, ha levantado suspicacias entre los analistas, que han aconsejado al BBVA aumentar su oferta.
La opa también ha cosechado el rechazo de la izquierda sindical, de Sumar, de Podemos y de una buena parte del arco parlamentario autonómico catalán.
Y a la cabeza de ese arco, el PSC y el presidente autonómico catalán Salvador Illa, un detalle no precisamente menor dado que el principal bastión electoral del PSOE es hoy Cataluña.
De ahí que sea razonable suponer que el cálculo político de Sánchez sea el de que endureciendo las condiciones de la opa tiene más a ganar que a perder.
Pero ese, el de la opa, es un debate que debe librarse en el terreno del libre mercado, no en el de una consulta popular organizada en términos que permiten dudar de la lógica y del resultado del proceso. Porque ¿en base a qué ley o disposición legal se atribuye un ‘segundo’ poder consultivo a unos «empresarios, organizaciones y ciudadanía» que, por otro lado, ya tuvieron la oportunidad de personarse en el expediente abierto por la CNMC?
¿Acaso el Gobierno organizó una consulta antes de la entrada de la compra por parte de la saudí STC del 9,9% de Telefónica? ¿O de la entrada del Estado en la misma compañía? ¿O del relevo de su presidente por decisión de la Moncloa?
El hecho de que la consulta haya sido promovida por un presidente que gobierna en buena parte gracias a decretos ley (Sánchez ha aprobado 132 decretos desde su llegada a la presidencia en 2018) y que ni siquiera somete la mayor parte de sus propias decisiones legislativas al Congreso de los Diputados, dada su extrema debilidad parlamentaria, hace todavía más chocante la noticia.
La defensa de la competencia es, en definitiva, un noble objetivo. Pero es legítimo sospechar que no es ese el motivo que subyace bajo la consulta de Sánchez, sino más bien el de la fabricación de una coartada que le ayude a interferir en el mercado según su cálculo y conveniencia política.