EL CONFIDENCIAL 23/01/17
El Gobierno ha planteado ya al PSOE por sus cauces habituales de comunicación (Moncloa, Hacienda y Grupo Popular) un acuerdo global y de detalle (enmiendas) para todo el trámite de aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Más allá de que el proyecto del Ejecutivo salvara el primer obstáculo en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria ante la iniciativa de devolución de los socialistas, previsiblemente respaldada por Podemos y los independentistas, el PP propone a la gestora que encabeza Javier Fernández un pacto secreto sobre qué enmiendas y con qué límites de gasto serían admitidas después, para que los socialistas pudieran presumir de sus aportaciones y hasta de las ‘derrotas’ presupuestarias infringidas al Gobierno de Mariano Rajoy.
El plan y el procedimiento son los mismos que el Ejecutivo ha aplicado ya en los acuerdos sobre el llamado techo de gasto y relajación del objetivo de déficit de las autonomías, la subida del salario mínimo interprofesional o, más recientemente, las cláusulas suelo. Hasta que no haya un pacto cerrado con el PSOE, no se tramita nada. Y después se deja un margen de tiempo y de cesiones para que los socialistas puedan apuntarse un tanto ante sus propias bases y electorado. Así, los equipos de la gestora en Ferraz y en el Congreso cultivan su imagen de oposición útil e institucional frente a la populista de Pablo Iglesias y compañía
Los cauces de comunicación son los habituales desde que arrancó la legislatura. Mariano Rajoy habla con Javier Fernández; Soraya Sáenz de Santamaría y Montoro están en el detalle con el equipo de la gestora (los portavoces de Susana Díaz), y luego queda la labor del día a día en el Congreso entre ‘los Hernandos’: Rafael el popular y Antonio el socialista.
En el caso del proyecto de Presupuestos, el acuerdo PP-PSOE requerirá más tiempo y descender a detalles muy concretos, según apuntan en medios gubernamentales. Y también insisten en que Rajoy y Cristóbal Montoro van muy en serio cuando afirman que sin garantías de salir adelante en las Cortes, no habrá proyecto; y que sin cuentas aprobadas, no habrá legislatura.
El techo de gasto, la subida del salario mínimo interprofesional… Hasta que no haya un pacto cerrado con el PSOE, no se tramita nada
«No podemos arriesgarnos a que en el trámite de enmiendas los socialistas recurran a Podemos, al bloque de izquierdas o hasta a Ciudadanos para incluir una u otra inversión local, un subsidio nuevo o cualquier ampliación de plantillas o subidas salariales que descoloquen todo el cuadro», explican en fuentes del Ejecutivo para recalcar que no vale con la garantía de que no triunfará la propuesta de devolución del PSOE.
Desde La Moncloa, plantean unas grandes cifras globales y un reparto de gasto e inversiones por departamentos que deberían ser respetados en toda la tramitación parlamentaria. En el capítulo de infraestructuras, quieren contar de nuevo, como con el déficit, con la opinión de los barones socialistas como un factor para atraer a su grupo parlamentario.
Pactar previamente en lo que puedan ceder, y hasta en lo que parezca imposible hacerlo y sea necesario escenificar una derrota, es lo que el Gobierno ofrece a los socialistas. Lo mismo que hacen ya hasta en la Diputación Permanente del Congreso, cuando el PSOE acude para forzar comparecencias de media docena de miembros del Ejecutivo. A cambio de olvidarse una temporada de que Rajoy hable del Yak-42, los socialistas exigen el fracaso del Grupo Popular en la defensa de algún ministro.
En el Gobierno, evitan hablar de plazos para la presentación del proyecto, pero sí recalcan que las nuevas cuentas deben estar en vigor antes del verano, porque para entonces habrá que empezar con el techo de gasto de los Presupuestos de 2018. Como repite Montoro, además de necesarios después de la prórroga de los anteriores, esas nuevas cuentas tienen que estar «en plazo». Y si el proyecto del Gobierno resultara fallido, el efecto sería letal para la economía.
El factor de presión del PP sobre el PSOE para que acepte su oferta de pacto presupuestario es el mismo de siempre desde que cayó Pedro Sánchez
A la espera de que la gestora socialista se convenza de que al propio PSOE le conviene ese entendimiento presupuestario para asegurar al menos un año largo de estabilidad política, el ministro de Hacienda pone los límites infranqueables en la negociación: el primero, la reducción del gasto público sobre el PIB, del 42,5% al 41,2%.
Ante la previsible competencia que se abre entre socialistas y podemitas por proponer más aumento de gasto social, Rajoy y Montoro repiten estos días las cifras de reparto previstas, los 191.000 millones de euros propuestos por el Gobierno para 2017 frente a los 138.000 gastados en 2007, antes de la crisis y con el PSOE en el poder. El factor de presión del PP sobre el PSOE para que acepte su oferta de pacto presupuestario, con todo el disimulo que sea preciso, es el mismo de siempre desde que cayó Pedro Sánchez: sin unas cuentas del Estado claras, a partir del puente de mayo, Rajoy puede disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. Y con los socialistas sin candidato.