ABC 12/01/13
Santamaría acusa a la Generalitat de «gastar el tiempo y el dinero» de los catalanes.
Compás de espera en el Ejecutivo de Mariano Rajoy hasta que el 23 de este mes CiU y ERC desvelen el alcance legal que van a otorgarle a su declaración de soberanía. El Gobierno prepara sus cartas y estudia los distintos mecanismos legales a su alcance para impedir que prospere cualquier vulneración de la Constitución o de las leyes pero La Moncloa es consciente al mismo tiempo de que si el Parlamento catalán tan solo aprueba una proclamación o «declaración» sin efectos legales, el Estado no podrá actuar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó ver ayer que «habrá que conocer el contenido de cada decisión en cada momento y analizar los efectos que pueda tener», incluido si la Constitución y las leyes «permiten adoptar decisiones de esa naturaleza y si permiten o no el recurso (del Ejecutivo)».
Los precedentes
De hecho, no sería la primera vez que el Parlamento catalán aprueba una iniciativa relacionada con el derecho a la autodeterminación. Desde 1989, la Cámara catalana ha dado luz verde a ocho iniciativas –una proposición de ley, cinco resoluciones y dos mociones– sin valor jurídico.
Dentro del equipo del presidente Rajoy también cobra cada vez más fuerza la posibilidad de que incluso aunque la Generalitat vulnere la Carta Magna, el Ejecutivo no intervenga el propio día 23. El Gobierno quiere mantener la calma y la tranquilidad, convencido de que cualquier paso apresurado, en falso, puede ser contraproducente. «Seguiremos el proceso de discusión, veremos el resultado final y analizaremos los efectos que pueda tener», dijo ayer la vicepresidenta.
Ahora bien, en este caso, si CiU y ERC impulsan una tramitación parlamentaria de la declaración de la que se deriven efectos jurídicos, el Ejecutivo será implacable. Sáenz de Santamaría adelantó que lo que «están haciendo no se puede hacer» y se apoyó en que ni el Gobierno «puede negociar sobre la Constitución que es propiedad de todos los españoles» ni «ninguna ley, ningún tratado internacional respalda declaraciones de soberanía en ese sentido». Alertó de que la declaración contiene «inconsistencias e incoherencias» así como «precisiones sobre la UE que como totdo el mundo sabe han sido calificadas por la UE como inexactas». Así, lanzó una advertencia directa al líder de la Generalitat, Artur Mas, al subrayar que «en democracia no existe legitimidad sin respeto a la legalidad.
Pido a las actuaciones políticas que respeten esa legalidad. Si hay actuaciones que no la respeten, el Gobierno hará cumplir la Constitucion y las leyes». Y en la misma línea aseguró que CiU y ERC tendrán que explicar por qué «gastan el tiempo y el dinero de los ciudadanos» en iniciativas que saben que con arreglo a la Constitución no pueden prosperar. «El fracaso político de Mas no puede suponer en tiempo y dinero agotamiento de los recuros de los catalanes», echó en cara al líder de la Generalitat. En cambio, tendió la mano de nuevo para negociar «todo lo que quieran que esté dentro de la Constitución». El Ejecutivo, subrayó, «tiene la voluntad más amplia de diálogo, colaboración y cooperación institucional».
El PSC se desmarca
En contra de lo esperado, la Declaración pactada entre nacionalistas y republicanos no ha satisfecho a ninguna otra formación catalana. El PSC, que hasta ahora coqueteaba con el derecho a decidir, afirma ahora que ese texto es un paso hacia la independencia por lo que votará en contra en el Parlamento catalán. CUP e ICV, proclives inicialmente a ese proceso separatista, afirman que el acuerdo entre CiU y ERC es excluyente. Por su parte, el PP catalán y Ciutadans mantienen su postura contraria a esa deriva rupturista.
ABC 12/01/13