EL MUNDO 08/01/14
· El Gobierno volvió a perder este fin de semana una oportunidad de actuar jurídica y, por tanto, políticamente, contra el desafío de los proetarras.
· En concreto, contra el acto del matadero de Durango en el que decenas de excarcelados protagonizaron un acto de propaganda en el que, si bien aceptaban de forma vaga su «responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto», se reivindicaban en su trayectoria como terroristas.
El Ejecutivo no agotó las posibilidades que le ofrece la Abogacía del Estado ni interesó al Ministerio Fiscal, tal como se recoge en el Estatuto que regula esta institución.
Tampoco adoptó ningún tipo de iniciativa, a pesar de que podía haberlo hecho, el Gobierno vasco, dentro de las competencias que le han sido transferidas, a pesar de haber mostrado su desagrado público ante la convocatoria de prensa por parte de los miembros de ETA que estuvieron sujetos a la aplicación de la doctrina Parot.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el Ejecutivo podía haber ordenado a la Abogacía del Estado la presentación de una querella ante los juzgados de la Audiencia Nacional con la intención de suspender el acto en cuestión. Se trataría, bien es cierto, de una iniciativa que los juristas consideran forzada en el ámbito penal, donde ha de ser la Fiscalía la que cumpla ese papel, pero no por ello imposible de mantener.
La otra opción posible, aunque haya tenido escasos precedentes en este ámbito de actuación, es la de «interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». No se trataría de inmiscuirse en las funciones de la Fiscalía ni atentar contra la independencia del Ministerio Público por parte del Gobierno. Se trata simplemente de la aplicación de un artículo previsto para regular la relación entre las dos instituciones.
Según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ejecutivo puede adoptar la referida medida. «La comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado. Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al mismo», señala el punto segundo. «El fiscal general, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud», finaliza el texto.
Esto es, el Gobierno podía haber emitido un informe, de forma oficial, elaborado por los servicios jurídicos del Estado manteniendo su posición. La Fiscalía podía haber rechazado o no la postura del Gobierno pero, al menos políticamente, habría quedado constancia de cuál era la posición, mediante argumentación jurídica, del Ejecutivo respecto a la celebración del acto, más allá de la calificación de «repugnante» por parte de los miembros del Gobierno.
Otra vía que se podía haber explorado es la de la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El Gobierno vasco, en el ejercicio de sus competencias sobre el orden público, podía haber restringido esa reunión, decisión que se habría dirimido en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La noticia de que los excarcelados por Estrasburgo iban a celebrar un acto de respaldo al documento difundido por los presos de ETA el pasado día 28 de diciembre trascendió, por primera vez, al ser publicada por este periódico una semana antes de que la convocatoria tuviera lugar.
Covite y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) mostraron su rechazo, anunciaron que iban a presentar escritos con los que tratarían de impedirla y solicitaron que, en todo caso, las Fuerzas de Seguridad estuvieran vigilantes para que cualquier transgresión de la ley tuviera su inmediata respuesta. Fue la Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, la que presentó un escrito solicitando expresamente la suspensión del acto.
La Fiscalía informó en contra y el juez Santiago Pedraz hizo público un auto en el que explicaba la ausencia de trabas jurídicas para la celebración, apenas media hora antes de que el acto de propaganda –que había sido convocado como una rueda de prensa– se llevase a cabo.
Un día después, el dirigente del PP Iñaki Oyarzabal, tras consultar con expertos juristas de su partido, manifestó que el PP y el Gobierno estaban en contra de la decisión del juez y de la Fiscalía. Empleó su cuenta de Twitter para difundir su mensaje y el juez Pedraz le respondió por la misma vía, horas después, realizando precisiones jurídicas a las manifestaciones políticas del dirigente popular.
EL MUNDO 08/01/14