ABC 23/04/16
· El Ejecutivo autonómico denuncia lo que ve como un ataque: «Captamos el mensaje»
La normalidad institucional que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont trataron de instaurar con su reunión del pasado miércoles amenaza con zozobrar en los primeros compases de la travesía. El Gobierno anunció ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar que tres leyes impulsadas por la Generalitat de Cataluña invaden el ámbito competencial del Estado. Los recursos se acompañan de la petición de que dichas leyes sean suspendidas cautelarmente si son admitidas a trámite. La reacción del Ejecutivo catalán fue inmediata, al entender que ha sido un gesto de autoridad del Gobierno tras el leve deshielo propiciado tras la reunión de presidentes en La Moncloa.
«Cuando los tribunales entran por la puerta, la política salta por la ventana», terció Puigdemont vía Twitter. Su vicepresidenta, Neus Munté, en una comparecencia urgente, mostró el enojo de la Generalitat: «Sólo 48 horas después de que Puigdemont se entrevistase con Rajoy y le pidiese más política y menos tribunales, la respuesta es más tribunales y más política. Si con esto querían hacernos llegar un mensaje, ha sido perfectamente recibido».
Santamaría y Junqueras
Pese a lo que el Ejecutivo catalán ha interpretado como un revés, la reunión prevista para el próximo jueves entre los vicepresidentes Santamaría y Junqueras se mantiene. A nadie pasó por alto en este sentido que los recursos presentados, a excepción de la ley de Vivienda, atañen a aspectos menores, y que el Gobierno ha optado del mismo modo por no recurrir, al menos por ahora, para dar margen a la negociación, la ley de emergencia social, considerada clave para el Ejecutivo autonómico de Puigdemont.
En cualquier caso, la lectura que en clave política hizo la Generalitat de los recursos es muy distinta a la del Gobierno, que por boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó ayer a una motivación casi técnica, no como un conflicto, sino como el «ejercicio normal de las administraciones» cuando estima que otra «se ha extralimitado en sus competencias».
El Ejecutivo impugnará en primer término la legislación autonómica por la que establece un impuesto a las viviendas vacías, que Catalá explicó que incurre en un «vicio de inconstitucionalidad»: «No se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible». Se presentarán también dos recursos contra la ley 16/2015 que regula la actividad de los gobiernos locales y la ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres. «Como pueden imaginar, nada en contra del fondo de la norma», pero sí en contra por el hechode que invade competencias del Estado. El ministro recordó que son ya treinta leyes catalanas impugnadas, del mismo modo que la Generalitat ha impugnado cerca de medio centenar del Gobierno.