«El Gobierno no relajará la legalidad por acercarse al PNV»

Javier de Andrés (Vitoria, 1967) es el nuevo hombre designado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para engrasar su interlocución con el Ejecutivo vasco del PNV. Exhibe un perfil «más político» que su antecesor, Carlos Urquijo, celoso azote del nacionalismo.

P—¿A qué responde su sustitución por Carlos Urquijo?
R—Hay un cambio en la forma de dirigir las delegaciones del Gobierno, que pasan de estar vinculadas al Ministerio del Interior al de Administraciones Territoriales. Y su ámbito es más amplio que el orden público, sino de la propia gestión de la administración general. Aporto experiencia en responsabilidades de gobierno como diputado general de Álava.

P—¿Qué concesiones está dispuesto a hacer el Gobierno al PNV en su famoso deshielo?
R—El marco de relación no es en términos de renuncia ni concesiones. PP y PNV tienen diferencias pero también puntos en común en los que trabajar. Es el momento de impulsar ámbitos de colaboración.

P—¿Relajará la interposición de recursos judiciales como se dice?
R—El Gobierno no relajará la defensa de la legalidad por un entendimiento político con nadie. Me gustaría que hubiera menos causas para presentar recursos. Pero el problema no es el recurso a la Justicia, sino el incumplimiento de la ley, que es frecuente sobre todo en los ayuntamientos. Se va a seguir siendo absolutamente exigente

P—El Gobierno no recurrirá la Ley Municipal vasca. ¿Ya no se cuestiona la imposición del euskera?
R—Se ha consensuado la interpretación de la ley. A efectos prácticos se traduce en que entre administraciones se pueden comunicar en euskera o en castellano, sin que tenga que ser bilingüe. Se ajusta a los dictados del Constitucional.

P—Pues esos pactos generan dudas. Hasta Bildu habla de «prevaricación».
R—No, no. Aquí no hay una retirada de recursos porque sí. Lo que se hace de forma previa a ir al tribunal es llegar a un acuerdo firmado respecto a la interpretación, cuál es la expresión de la ley, que está ajustado a Derecho.

P—¿Retirará el recurso contra el decreto de víctimas de abusos policiales? —Será muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo que se ajuste a la legalidad.
R—¿Seguirá denunciando el arrinconamiento de la bandera y otros símbolos nacionales en el País Vasco?

P—Sí. Se ha hecho un trabajo importante durante muchos años, antes de Urquijo. No se puede perder esa batalla.
R—¿Continuará persiguiendo los homenajes a etarras? —Es inaceptable que desde ayuntamientos se esté dando cobertura a personas que han cometido crímenes terribles. Las víctimas tienen una protección especial frente a los que jalean a terroristas. En la medida en que me corresponde la prestaré íntegramente.

P—Cinco años después de su cese, ¿hay indicios de que ETA puede volver?
R—Socialmente hoy el terrorismo tiene menos respaldo social que nunca y quedan pocos nostálgicos de sus crímenes. Una organización como ETA sólo se sostiene con un apoyo social que desgraciadamente tuvo y que por fortuna ha perdido.

P—¿Ve posible algún cambio en la política de dispersión?
R—Ahí lo importante es la decisión que tomen los presos, que decidan reinsertarse y abandonen la disciplina de ETA. Están dispersos porque nunca se juntan a los miembros de una organización criminal, ya sea la mafia, drogas o terrorismo, para promover su proceso personal de reinserción. Si rompen con la disciplina podrán ser considerados presos individuales.

P—¿Por qué cree que el PNV niega toda aproximación al Gobierno del PP?
R—El PNV ve en el PP el garante del Estado y el rigor constitucional. Identifica al PP con el rigor constitucional y por eso le cuesta más llegar a acuerdos. Son proyectos en muchos casos antagónicos. Para el PP es importante la prevalencia del Estado de Derecho y para el PNV eso es obstáculo de su proyecto político, la superación del proyecto constitucional.

P—¿Qué le parece que Rajoy reciba a Urkullu pese al boicot a la Conferencia de Presidentes?
R—Son cosas distintas. La ausencia del lendakari perjudica a los vascos. Es una oportunidad perdida. Pero no significa romper relaciones con el Gobierno vasco. La reunión entre el lendakari y el presidente puede ser oportuna.