Si Pedro Sánchez logra que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2022, su Gobierno de coalición, renqueante, resultará verosímil y se sostendrá aún un tiempo, pero sin posibilidad de llegar al fin de la legislatura. Las actuales son horas críticas en las que los socios del PSOE (Unidas Podemos, Bildu, ERC, PNV) van a tratar de sacar al presidente contraprestaciones, incluso exorbitantes y manifiestamente abusivas, conscientes de que estas son sus últimas cuentas públicas. No quieren tumbarlo, pero sí mantenerlo en situación de postración. Otegi, en sus declaraciones posteriores a su impostada empatía con las víctimas de ETA, fue explícito: es mejor sostener este Gobierno ahora y cuatro años más porque es al que con mayor facilidad puede fagocitarse. 

En el caso de los proetarras, el propósito sería que Sánchez apostase por modificar el artículo 76 del Código Penal para que se suprimiese el cumplimiento íntegro de las penas a los condenados por terrorismo (hasta 40 años); en el de ERC, quiere que se debatan en la ‘mesa de diálogo’ la amnistía y el referéndum de autodeterminación y se cedan ya las cercanías ferroviarias, se aumenten más aún las inversiones en Cataluña y se imponga en la ley audiovisual que las plataformas —con referencia explícita a alguna de ellas— doblen series y películas al catalán; el PNV reclama mayor inversión inmediata para la construcción del AVE con destino a Bilbao, Vitoria y San Sebastián, la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital y una alteración sustancial del llamado ‘hachazo’ a las eléctricas, porque Iberdrola es estratégica para la economía vasca, a la que inyectará hasta 2025 nada menos que 15.000 millones de euros, según trasladó en junio Sánchez Galán al lendakari Urkullu; Podemos, por su parte, plantea una normativa laboral derogatoria de la actual de 2012, sin necesidad de que la CEOE se adhiera a los resultados de la negociación y sin que se sepa con certeza cuál sería la reacción de la Comisión Europea a tal iniciativa. Los morados tampoco están de acuerdo con el anteproyecto de la ley de vivienda —intervención de alquileres— y piden la reforma inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley mordaza’), entre otras exigencias. En esa línea, también ERC y Bildu.

Se está produciendo una especie de saqueo ‘progresista’ al Gobierno más ‘progresista’ amagando para justificarlo con la posibilidad de que el tándem PP-Vox sea mayoritario en unas futuras elecciones generales. Sánchez no sería ya solo rehén de sus socios, sino que, además, estaría siendo colonizado por ellos en un ejercicio que, no por bien merecido dada la banalidad igualmente ‘progresista’ del presidente, que se ha metido en demasiados callejones sin salida, deja de ser de una prepotencia casi obscena. 

El contexto en que se desenvuelve el Gobierno es completamente adverso. Los pronósticos del Banco de España, de la AIReF y de Funcas, que anuncian un crecimiento menor del previsto por el Ejecutivo, el proceso inflacionista a propósito de los precios de la energía, la negativa europea a que España se desenganche de la estructura del mercado eléctrico, el inmediato cierre del gaseoducto que, con origen en Argelia, pasa por Marruecos —países que han roto relaciones diplomáticas— y la demora y las resistencias a la aplicación de la intervención sobre alquileres establecen un marco de referencia peliagudo al que Unidas Podemos añade, en vez de una razonable cooperación, una descarnada competición.

Porque mientras todo esto ocurre, Díaz, por una parte, y Belarra, por otra, hostigan a un socialismo que en el 40º Congreso pretendió una migración posicional hacia el centro del tablero político —socialdemocracia de nuevo— que se ha quedado en nada. La presión de la vicepresidenta segunda y de la sucesora de Pablo Iglesias tiene un propósito electoral tan claro que casi deslumbra: se trata de reformular en un ‘frente amplio’ lo que hasta ahora ha sido Unidas Podemos. Se trataría en esta fase de que el PCE fuese el factor aglutinante de fuerzas diversas (Compromís, Más País, Anticapitalistas andaluces, comunes catalanes) con relaciones bien fluidas con los partidos secesionistas-nacionalistas: BNG, ERC y Bildu. El sesgo antisistema de los morados se ha hecho todavía más visible con la acusación de prevaricación de su lideresa y ministra de Asuntos Sociales lanzada al Tribunal Supremo —una calumnia que no ha movido al ministerio fiscal— y la petición de dimisión de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, por la ejecución inevitable de la sentencia que condenó con inhabilitación especial al ya exdiputado morado Alberto Rodríguez.

Desde otro punto de vista, todo son reveses para las decisiones de gran calado jurídico adoptadas por el Gobierno. El Constitucional ha tumbado los dos estados de alarma y tachado de inconstitucional el parón parlamentario durante la pandemia. Tampoco es de menor entidad la sentencia que establece la inadecuación con la Constitución del impuesto municipal de plusvalía que afecta de manera importante a los ingresos de los ayuntamientos. Por fin, es obvio que ni el PSOE ni el PP han ofrecido su mejor rostro en la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, reincidiendo en una mentalidad bochornosamente clientelar. 

Una parte sustancial de la responsabilidad de lo que le ocurre al PSOE es de Pedro Sánchez. El tacticismo y el aventurerismo del presidente —sabiendo que incurría en ambos comportamientos— están en la causa de este cervantino patio de Monipodio en el que se ha convertido la política española; pero la codicia de sus socios es igualmente irresponsable y transforma el compromiso con la sostenibilidad del Gobierno en un perverso mercado persa que alarma por su ventajista descaro. La avaricia rompe el saco y es evidente que los socios ‘progresistas’ están vaciando las arcas del socialismo más ‘progresista’. Pero es seguro que con esta forma de actuar —de Sánchez por no cortar en seco, y de los otros por desbocado oportunismo— estén haciendo más por una futura mayoría del PP y Vox que Pablo Casado y Santiago Abascal. Y como este zoco es cada vez más insoportable, el Gobierno de coalición ya no se sujeta con cabos de amarre, sino que pende de un hilo.