¿El Gobierno que vendrá?

Mi viejo amigo Josep Maria Francàs, biólogo, pasó por la política –fue diputado del Parlamento de Cataluña–, y es un analista de ojo certero. Mantiene el blog «noentiendonada.es» con amplia aceptación. A quienes supone interesados nos pregunta por las prioridades que habría de asumir un nuevo Gobierno. Según está el patio, la alternativa nacería del acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de la oposición, bien gobernando juntos o uno apoyando al otro. Si no siguen dándose caña y, desde ese error, favoreciendo la estrategia del sanchismo. A ese interés, y a movilizar a la izquierda, responden las encuestas fakes de Tezanos. No entiendo que haya quien no vea algo tan evidente. Esa postura podría deberse a personalismos nada honorables. Ahora el objetivo común es claro: Sánchez

Traigo aquí algunas opiniones, sólo algunas, sobre prioridades del Gobierno que vendrá. Si viene.

En sus primeros días se anunciaría la vuelta a la normalidad. La derogación de las leyes ideológicas y nocivas del sanchismo, empezando por la ley de Memoria Democrática, una afrenta a la realidad como fue, a los ciudadanos y a los historiadores. Esa ley reduce una historia iniciada hace casi cien años a una pugna entre buenos y malos, a juicio cainita e ideológico del Gobierno. Sería un paso para superar el manipulado guerracivilismo como enfrentamiento, iniciado por Zapatero y sublimado por Sánchez.

Se cuidaría la gestión económica en una España empobrecida y sangrada a impuestos, y desde informaciones manipuladas como el número de parados, la capacidad emprendedora, la inversión y nuestro peso económico real en el mundo. Sobre estas realidades, entre tantas, nos han mentido con desvergüenza. El sistema de financiación sería igual para todas las comunidades autónomas. El Gobierno gastaría mucho menos desde leyes presupuestarias coherentes con la realidad, acabando con las alegrías ideológicas del sanchismo. El Ejecutivo sería mucho más reducido, rebajándose drásticamente el número de asesores. Se daría un apoyo decisivo a la pequeña y mediana empresa ahora despreciada y a menudo en riesgo por los abusivos impuestos. Reducción general de impuestos desde una política impositiva rigurosa.

Se haría público el estado real de la Economía para no caer en trampas anteriores, como ocultar la situación que se hereda; eso ocurrió cuando Rajoy llegó al Gobierno. El ciudadano debe conocer la verdad. Revisión de la política de ayudas y subvenciones, desde los sindicatos a todo tipo de entidades públicas y privadas; no serían vías para comprar voluntades; el sumiso silencio sindical es un ejemplo inequívoco.

Se rescatarían iniciativas que el sanchismo olvidó o suprimió. Así el Plan Hidrológico Nacional y el apoyo a la energía nuclear, condenada hoy a la desaparición mientras favorecemos a los países vecinos. Se afrontaría una reindustrialización progresiva, rescatando planes abandonados por los últimos gobiernos. Singular atención a la agricultura y la ganadería, hoy tan olvidadas, manteniendo una firme postura en la UE.

Se garantizaría una Justicia independiente, haciendo cumplir la ley en todo el territorio nacional. Es inasumible que haya sentencias judiciales que no se cumplen en Cataluña. Y se aseguraría la separación de poderes que está en la esencia de la democracia y hoy afronta graves riesgos. Se garantizaría la independencia de los distintos organismos del Estado, como RTVE, CIS, INE y Banco de España, hoy seriamente comprometida.

Se aprobaría una nueva Ley Electoral que impidiese que formaciones políticas que se presentan a elecciones en una sola Comunidad Autónoma condicionen los gobiernos nacionales con porcentajes de apoyos ridículos. Una nueva Ley de Partidos impediría la acción de aquellas formaciones que promoviesen activamente la destrucción de la unidad nacional que protege la Constitución. Hay ejemplos europeos en los que deberíamos mirarnos. Se seguiría la actividad de las llamadas «embajadas» de comunidades autónomas.

Siguiendo la Constitución, se haría respetar y se defendería la lengua común, protegiendo en sus territorios las demás lenguas españolas. Que en el Congreso de los Diputados se haya impuesto el uso de traductores por el mero interés de un Gobierno débil, supone una anormalidad fuera de la Constitución, muy clara en este sentido. La aprobación del uso de lenguas territoriales en el Senado se basó en un argumento controvertido que choca con la Constitución.

Se garantizaría la propiedad privada, reflejada en la Constitución, promoviéndose una ley para evitar la ocupación de viviendas y, de producirse, su desalojo inmediato. Una política de vivienda realista, destinando a tal fin fondos de la disminución del gasto estatal que se propone, debería garantizar a los jóvenes la opción de emanciparse.

La política exterior sería especialmente cercana a Iberoamérica, y mantendría relaciones de normalidad con Estados Unidos y las grandes potencias, y en el ámbito europeo, eludiendo el posicionamiento cercano a dictaduras iberoamericanas y regímenes radicales cuyos ataques a España son una negación de su propia historia. Se mantendría una política de inmigración justa y abierta. No seguirían en España inmigrantes delincuentes y las acogidas se ajustarían a la capacidad real de asimilación.

Se prestaría especial atención al llamado cambio climático, lejos de manipulaciones ideológicas. Se potenciaría el cuidado de cauces de ríos, torrentes, fauna, flora y terrenos, contando con agricultores y ganaderos. A desatender el cambio climático se le suele achacar todo mal. Incluso las recientes altas temperaturas. En 1957 se alcanzaron en España 50 grados en agosto. Nadie lo recuerda.

El título del artículo es interrogativo. Deseo que los dos partidos mayoritarios de la oposición reflexionen, para ser Gobierno, sobre estas y más propuestas que están en la calle.

• Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando