El de ayer fue, en rasgos generales, un plácido día festivo en Cataluña. Ni las llamadas a la desobediencia del independentismo ni los actos constitucionalistas consiguieron apartar a la gran mayoría de los ciudadanos del asueto. El Gobierno hizo lo posible por rebajar el tono, y no entró al trapo del anuncio de que muchos concejales de la CUP, ERC y el PDC iban a trabajar para demostrar que la Constitución no les «representa». Enric Millo insistió en que no se actuará contra esos electos y reivindicó de nuevo el diálogo para «evitar la colisión».
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha marcado como principal objetivo en esta segunda legislatura pacificar el polvorín catalán. La estrategia es clara: proponer diálogo y suavizar las formas, para evitar que el independentismo pueda alimentarse de supuestos ataques y agravios. Así, el delegado del Gobierno en Cataluña se dedicó ayer a apelar al «espíritu» de Josep Tarradellas y al de la Transición, y a quitar importancia a las protestas soberanistas programadas para la jornada.
Como ya había hecho en días anteriores, Millo insistió en que no tiene intención de llevar ante la Justicia a los ayuntamientos que trabajaron ayer. La actitud contrasta con la que el Gobierno, aún en funciones, mantuvo el pasado 12 de octubre, que propició fotos como la de un concejal de la CUP en Badalona rompiendo un requerimiento judicial que ordenaba mantener cerrado el Ayuntamiento.
«Los representantes políticos podemos hacer uso de nuestra libertad para trabajar o no», dijo ayer el nuevo delegado del Gobierno desde Gerona, donde celebró el 38º aniversario de la Constitución. Millo también restó importancia al hecho de que, según la CUP, al menos cuatro empleados públicos del Ayuntamiento de Celrà (Gerona) ocuparan ayer su puesto de trabajo.
Este pequeño municipio de 5.000 habitantes se convirtió en el epicentro reivindicativo soberanista de una jornada en la que, según la Asociación de Municipios por la Independencia, acudieron concejales a los ayuntamientos en 350 localidades. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue la gran atracción del acto de la CUP, que gobierna en Celrà y que aprovechó el 6-D para cambiar de nombre la plaza de la Constitución del pueblo, dedicada ahora a la escritora Maria Mercè Marçal.
Durante el acto, ante poco más de 100 personas, la presidenta del Parlament, investigada por presunta desobediencia y prevaricación, pidió que «nadie cierre los ojos» y que se «defiendan siempre las libertades individuales y colectivas».
El Ayuntamiento del pequeño pueblo abrió sus puertas, aunque la actividad por la mañana era nula. Durante su discurso, Forcadell aprovechó algunos versos de Maria Mercè Marçal, la poetisa homenajeada, para pedir que «arraigue el árbol de la liberación». Pero, al margen de eso, no quiso entrar en polémicas sobre qué significaba que estuviera allí: «Yo trabajo cada día, estamos en un país muy activo y voy a los actos que puedo».
Algunos miembros del Govern sí quisieron subrayar que trabajaban en el Día de la Constitución. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, defendió que no encontraba ninguna razón para dejar de hacerlo. Después de visitar una residencia de ancianos, el líder de ERC aseguró que le parece «muy bien» que concejales de varios ayuntamientos priorizaran las necesidades de los ciudadanos y decidieran trabajar para ayudarles.
En toda Cataluña, sólo un Ayuntamiento decidió programar para ayer un acto de celebración de la Constitución. Fue el de Rubí (Barcelona), gobernado por el PSC, y un grupo de independentistas intentó boicotearlo. Durante esas protestas, convocadas por las Juventudes de la antigua Convergència, uno de los asistentes quemó un ejemplar de la Constitución, aunque los organizadores negaron que estuviera vinculado a ellos.
Si las acciones independentistas tuvieron poco seguimiento, tampoco fueron multitudinarias las manifestaciones convocadas por partidos y asociaciones constitucionalistas. La entidad Espanya i Catalans reunió a unas 400 personas –según la Guardia Urbana– en el centro de Barcelona para rechazar el proceso independentista. Societat Civil Catalana convocó a unos 250 asistentes en Badalona, en un acto en el que se leyeron varios artículos de la Carta Magna.
Y en L’Hospitalet, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, defendió ante unas 400 personas la vigencia de la Constitución frente a quienes la quieren «dinamitar» y poner «en peligro» principios como la libertad y la igualdad.
En opinión del líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, la oferta de diálogo del Gobierno español ha «descolocado» a la Generalitat, porque ya no puede seguir con su «monólogo independentista».