EL MUNDO 11/05/2013
El Gobierno se siente claramente respaldado frente a la Generalitat después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite su recurso contra la declaración soberanista del Parlament y ello haya dado lugar a la suspensión de la misma. De este primer triunfo en los tribunales se deriva una consecuencia: el Gobierno ve despejado el horizonte para impugnar uno tras otro todos los pasos que dé el Ejecutivo de Artur Mas en su senda independentista.
Así se deriva de las explicaciones proporcionadas ayer por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando recalcó que ahora –«tras un primer mensaje claro a quien lo quiera escuchar», en alusión al auto del TC–, el Gobierno está en una situación «de mayor fortaleza» que cuando se inició este problema y advirtió que «todo lo que no se someta a la suspensión» a la que obliga el auto «se incorporará» al proceso que se sigue en el alto tribunal o bien, si el asunto es de mayor trascendencia, se recurrirá como pieza aparte.
Para empezar, el Ejecutivo ha encargado ya a la Abogacía del Estado que estudie la comisión creada en el seno del Parlament para poner en marcha el llamado derecho a decidir, al objeto de sumarla al recurso abierto contra la declaración soberanista puesto que se entiende que el citado grupo parlamentario es una primera derivada de la misma. «Las instituciones funcionan», recalcó la vicepresidenta, «y se debe confiar en ellas».
El auto del TC, según la interpretación que hace del mismo el Ejecutivo, «abre la vía para poder recurrir, impugnar o incorporar a ese recurso todo lo demás». Y esto, según la número dos, debe ser asumido con «normalidad» puesto que lo lógico es que si existe un contencioso entre el Gobierno central y una comunidad autónoma, se lleve ante los tribunales para que resuelvan. Así, el Ejecutivo cita los casos en los que han sido las autonomías las que han ganado procesos llevados al Constitucional y las decisiones del mismo han sido acatadas por el Gobierno.
«Son las reglas del juego», afirmó Santamaría, quien puso especial empeño en reclamar a los dirigentes políticos un respeto escrupuloso a la Carta Magna.
«Entiendo que manifiesten lo que estimen oportuno, pero tienen la obligación de respetar la Constitución y las leyes», afirmó en referencia a las palabras de Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, pidiendo «amparo» a Bruselas porque, en su opinión, el auto de suspensión de la declaración soberanista hace que en España «la democracia se tambalee».
En cualquier caso, el Gobierno asegura estar empeñado en separar claramente la batalla legal a cuenta de las aspiraciones independentistas de la Generalitat, de la gestión diaria de los problemas que afectan a los catalanes.
En este sentido, la vicepresidenta abundó en la tesis que defiende desde el primer día el presidente Rajoy: «El Gobierno de la nación lo es también de los catalanes y en consecuencia se siente responsable de su bienestar como del resto de los españoles».
Así Santamaría repitió ayer el mensaje lanzado por el presidente el miércoles en el Congreso de los Diputados cuando, en respuesta a una pregunta de la líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró su decisión de garantizar la financiación de los servicios públicos en Cataluña independientemente de que el Gobierno catalán le guste «más o menos». Lo que Rajoy quiso poner de manifiesto es que no permitirá que los ciudadanos, de Cataluña o de cualquier otra comunidad, sean castigados o se vean perjudicados en sus derechos –entre los que destaca el de la igualdad– «como consecuencia de la actuación de sus administraciones».
Con este planteamiento se zanja la posibilidad de que el Ejecutivo se muestre especialmente restrictivo con Cataluña a la hora, por ejemplo, de establecer los límites de déficit que han de cumplir las comunidades autónomas, aun cuando muchos consideren que la Generalitat podría hacer mayores esfuerzos de recorte del gasto, suprimiendo por ejemplo representaciones en el exterior.
Según Santamaría, el Gobierno aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exigirá a Cataluña, como a las demás comunidades que piden financiación al Fondo de Liquidez Autonómica o al de Pago a Proveedores, que destine estos fondos estrictamente a los fines para los que han sido creados.
EL MUNDO 11/05/2013