El Gobierno reformula las partes más polémicas de su plan de paz en busca de apoyos

El Gobierno vasco ha corregido su plan de paz con el objetivo de lograr un gran acuerdo político antes de que finalice esta legislatura. El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, presentó ayer en San Sebastián el texto definitivo del proyecto, en el que se recogen las aportaciones de los partidos y agentes sociales. El documento, más contundente con la violencia de ETA, hace suyas 27 enmiendas, algunas de las cuales buscan poner fin a aspectos que resultaron especialmente polémicos en su primer original. Así, elimina su apuesta por ubicar el futuro Instituto de la Memoria en Gernika y destaca el compromiso, esta vez «continuado», de la Ertzaintza con la convivencia y los derechos humanos.
En el Ejecutivo son muy conscientes de los recelos que despertó el borrador inicial del plan. La necesidad de reformular el texto teniendo en cuenta las opiniones de las diferentes sensibilidades políticas, aunque los cambios no alterasen los principios rectores del mismo, resultaba clave, sobre todo si lo que se busca es un futuro consenso. Con ese objetivo en mente, la secretaría de Paz y Convivencia ha intentado hacer un encaje de bolillos intentando satisfacer aportaciones de unos y otros, matizando acciones concretas del proyecto –en ciertos casos de carácter significativo– e incluyendo un nuevo preámbulo «explicativo» que deje atrás «interpretaciones» erróneas del contenido del plan. El resultado es un documento más contundente con ETA, sobre todo en cuanto a la «valoración específica» de la violencia ejercida por la banda terrorista en relación a otras vulneraciones de derechos humanos , que tiene como eje el denominado «suelo ético» aprobado por el Parlamento vasco.
El nuevo documento incluye este acuerdo a modo de anexo –así lo habían solicitado el PSE y PP– y lo hace al completo. Es decir, sus cinco apartados, pese a que tan solo uno de ellos recibió el visto bueno de las cuatro grandes fuerzas políticas. EH Bildu se abstuvo en el resto. Dicho punto en cuestión es el que marcó el 10 de noviembre la celebración, por separado, del Día de la Memoria: «La paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación».
«Estamos ante un momento histórico, en el que debemos tener claro de dónde venimos y a dónde queremos ir», subrayó ayer Jonan Fernández. Es precisamente el citado «suelo ético», que el propio lehendakari elevó a la categoría de «punto de partida», el que marca el arranque de la introducción del plan de paz. Un preámbulo de nueva redacción en el que el Gobierno vasco no solo ahonda en la exigencia a ETA de un «desarme ordenado, seguro y definitivo», sino que se muestra tajante a la hora de referirse a la necesidad de hacer una revisión «crítica» del pasado, en la que cada uno asuma su «responsabilidad».
El Gobierno vasco advierte que no puede «imponer por decreto un relato» sobre lo ocurrido en Euskadi. Ahora bien, remarca que «ni un contexto de conflicto ni una tesis sobre dos bandos diferentes ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente ni la razón de Estado pueden ser invocados para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA», como «ninguna violación de los derechos humanos».
En esa mirada al pasado, el Ejecutivo asume que «una de las tareas más costosas» es reconocer todas las vulneraciones, «sin excluir ni diluir ninguna de ellas». Defiende en este sentido un «tratamiento integral», pero con «valoraciones específicas». Destaca así que la violencia de ETA merece, «por su dimensión y significación», una «valoración expresa de su injusticia». Sobre todo, «del daño causado a las víctimas y sus familias». El informe sobre vulneraciones de derechos humanos encargado por la secretaría de Paz y Convivencia –se presentó el pasado mes de junio– atribuye 837 muertes a ETA, 94 a la Policía y 73 a la extrema derecha.