ABC 21/10/13
· ABC accede al borrador del documento que Moncloa enviará esta semana a la Generalitat.
El Gobierno de Mariano Rajoy responderá esta semana con contundencia al documento elaborado por la Generalitat en el que cifra en 9.357 millones de euros la lista agravios del Ejecutivo central con Cataluña. En el borrador de esta respuesta, al que ha tenido acceso ABC, se censura la conducta «desleal» de Artur Mas y se rebaten sus cifras «erróneas». Durante todo el fin de semana el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha estado trabajando en la redacción de la misiva de réplica al Ejecutivo catalán con todos los informes que se están enviando desde los distintos Ministerios implicados.
Este borrador hace alusión al carácter «profundamente antidemocrático» del documento del Ejecutivo de Mas, afirmando que «se sostiene en una premisa errónea, contradictoria y desleal». Además, advierte de la contradicción que supone que la Generalitat no dé legitimidad al Tribunal Constitucional, pero a la vez recrimine al Gobierno el incumplimiento de sentencias de este Tribunal.
Aunque el informe de la Generalitat no ha llegado por ningún cauce oficial al Gobierno, éste ha decidido comenzar a elaborar rápidamente la respuesta. Para ello, está redactando un informe en el que hay una primera parte en la que se expone una serie de argumentos jurídicos para desmontar la lista de agravios del Ejecutivo catalán. En la segunda parte se responde punto por punto a las cuestiones planteadas por la Generalitat en asuntos como la soberanía, el traspaso de competencias, la lengua, la educación o la cultura. Finalmente, habrá también una respuesta en términos económicos, rebatiendo una a una las cantidades que, a juicio de Mas, han dejado de destinarse a Cataluña.
Contra la Constitución
El borrador que maneja el Gobierno sostiene que el documento «La deslealtad del Estado respecto a Catalunya. Balance de situación» es contrario a «los principios esenciales de la Constitución», «omite la legalidad vigente» y está en contra de la «separación de poderes». Desde un primer momento lo considera «profundamente antidemocrático» y destaca que, aunque la Generalitat dice que el Estado infringe el orden constitucional, no presenta ningún recurso ante el Tribunal Constitucional».
De hecho, la respuesta hace especial hincapié en el uso contradictorio que hace el Ejecutivo de Mas del Tribunal Constitucional, ya que por un lado no se le da legitimidad, pero por otro le recrimina al Estado lo que considera incumplimientos de sentencias judiciales.
El Gobierno subraya que la Generalitat se sitúa en una «posición imposible», al utilizar como quiere la Constitución. En este sentido, asegura que «sitúa el eje de los incumplimientos del Estado en una pretendida falta de observancia de pronunciamientos judiciales».
Centrándose en los datos económicos cuestionados por la Generalitat, el Ejecutivo recuerda que Cataluña ya ha recibido medidas de liquidez por importe de 30.000 millones a través de los diferentes mecanismos extraordinarios de financiación y que, por primera vez, se ha puesto en marcha un reparto de déficit asimétrico para permitir un ajuste «racional». Asimismo, señala que la cifra del modelo de financiación se pactó con Cataluña y que, por tanto, no debe de haber problemas generados con anterioridad a 2009. Esta ley, que recibió el visto bueno de Cataluña, cierra la situación de financiación de competencias hasta la fecha.
Con esta respuesta, el Gobierno ha decidido pasar al ataque ante las provocaciones de Artur Mas y endurecer el discurso, como también lo están haciendo dirigentes del Partido Popular. De hecho, la dirección nacional de esta formación está apoyando la campaña puesta en marcha por los populares catalanes sobre el «derecho a saber» frente al «derecho a decidir».
Inversiones
En el documento que ha elaborado la Generalitat se acusa al Gobierno de Rajoy de «incumplir de forma sistemática sus propias leyes», así como de «vulnerar el principio de lealtad institucional». En este sentido, hacen referencia a la disposición tercera del Estatuto catalán que establece un porcentaje mínimo de inversión en infraestructuras en Cataluña equivalente al peso del PIB catalán en España.
ABC 21/10/13