El Gobierno rebajó ayer al mínimo la figura del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como interlocutor para abordar los problemas de Cataluña, y lo hizo a sabiendas de que la cuestión inevitable que éste plantea ante la oportunidad del diálogo es la celebración de un referéndum independentista que no cabe en la Constitución. Más aún, su figura pierde fuerza a ojos de La Moncloa porque, como señaló la vicepresidenta en el Senado, Puigdemont «fue elegido por la CUP» y no por los catalanes.
La tensión entre los independentistas y el Ejecutivo aumenta de grados a medida que pasa el tiempo y los primeros insisten en su hoja de ruta mientras el segundo no da su brazo a torcer, recalcando su negativa a abordar una petición –la celebración de la consulta secesionista– que contradice los fundamentos constitucionales.
Ayer, en el Pleno de la Cámara Alta, el representante del PDeCat, Josep Lluís Cleríes, prácticamente vino a suplicar un encuentro entre Rajoy o Sáenz de Santamaría y Puigdemont. De hecho, el senador catalán pidió explicaciones a la vicepresidenta sobre los «criterios» que utiliza a la hora de elegir a sus interlocutores en Cataluña. En su opinión, el único legitimado para serlo es el presidente de la Generalitat porque, dijo, es «a quien ha votado democráticamente la nación catalana». Así se lo puso fácil a la número dos de Rajoy, presta a recordar que Puigdemont nunca pasó por las urnas, sino que sustituyó a Artur Mas tras ser este derrocado por la CUP, una fuerza minoritaria –sólo cuenta con 10 diputados en el Parlament– «que pone y quita presidentes y hace una política radical de izquierdas». Santamaría reivindicó su derecho a hablar con los distintos representantes de la sociedad «plural» catalana, ya sean alcaldes o representantes de la sociedad civil o empresarial.
Minutos antes, Rajoy había abonado el terreno para esta réplica ahondando en la necesidad de que el Gobierno de Cataluña «tenga un mínimo de personalidad» y no esté sometido a «fuerzas políticas extrasistema que nombren presidentes de la Generalitat».
Escuchando los agrios argumentos que ayer esgrimieron los representantes del independentismo catalán y las duras respuestas que les proporcionó el Gobierno, cuesta creer que, como señalaban algunas fuentes catalanas, Rajoy y Puigdemont estén manteniendo ya un diálogo en secreto.
De hecho, el presidente, en respuesta a una durísima intervención de la senadora de ERC Mirella Cortés, sustituta de Santiago Vidal, se mostró dispuesto a los contactos y la negociación para abordar la financiación autonómica, los problemas de la dependencia, de la demografía, del empleo, de los presupuestos, de las infraestructuras y, en general, sobre «los problemas reales de las personas». E incluso, añadió, «qué podemos hacer para acabar con la tensión y la división» y evitar que la Generalitat «esté en manos de grupos extremistas radicales y antisistema». «Sobre todo esto», aseguró Rajoy, «sin duda alguna podemos hablar», pero no «de que la ley deje de estar vigente o de que la Justicia deje de actuar».
El presidente replicó así a las palabras de Cortés, que le había acusado de ser el «señor X» que ha «organizado un nuevo GAL, sin violencia física», para «destruir un movimiento político, el pluralismo ideológico y las principales instituciones democráticas de Cataluña, en contra de los principios básicos que sostienen el Estado de Derecho».
Un GAL que, según dijo, «mantiene las malas artes, las cloacas del Estado, los dosieres falsos, los periodistas comprados y las recompensas con fondos reservados para comprar declaraciones».
Cortés describió lo que en su opinión es la operación Cataluña, una conspiración orquestada desde Moncloa, cuyos pasajes más inquietantes son la actuación del ex ministro Jorge Fernández Díaz tramando investigaciones con el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, para perjudicar a ERC; los contactos de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, con la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez; la actuación del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, utilizando a la Udef para «blanquear información», o los supuestos pagos con fondos reservados del inspector jefe José Ángel Fuentes para conseguir información sobre el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias. Rajoy lo negó todo. «Deje de inventar conspiraciones», aconsejó.