DIARIO VASCO, 10/8/12
Fernández cree que si ETA se disuelve, sus presos no se «sentirían coaccionados» para rechazar los beneficios penitenciarios
El Gobierno de Mariano Rajoy prefiere ir despacio a la hora de tomar decisiones en materia penitenciaria. Tras anunciar hace unos meses el plan de reinserción con el que pretende que los presos de ETA se incorporen, poco a poco y tras mostrar arrepentimiento y un rechazo fehaciente a la violencia, a los beneficios previstos para el resto de reclusos, al ministerio del Interior le falta concretar los detalles de su plan. Pero prefiere darse tiempo. Según explicó ayer el ministro del Interior, en una entrevista concedida a Efe, esta política penitenciaria requiere de «un proceso de maduración», durante el cuál, Jorge Fernández Díaz ve posible que más reclusos de los que hasta ahora se han acogido a la denominada vía Nanclares asuman que ése es el único modo de progresar en su situación en prisión. «Hay que dar tiempo al tiempo, para que los presos asuman la realidad», que «no va a haber negociación» entre el Gobierno y ETA, afirmó. Pensar lo contrario -añadió el ministro- «es pensar en ensoñaciones y utopías que no se han producido ni se van a producir jamás» con su Ejecutivo.
El gabinete del PP está convencido de que cuando se produjo el anuncio del cese definitivo de ETA, un buen número de reclusos estaba acercándose a las posiciones de los que ya han evidenciado su disidencia de las vías violentas. Y ahora, espera ver qué capacidad de arrastre tienen estos presos expulsados de la organización armada. Para ello, Fernández Díaz considera que la disolución de ETA supondría un revulsivo fundamental, ya que, en su opinión, si no existiera la organización sus miembros encarcelados «no sentirían su coacción» y se acogerían «sin duda» a los programas de reinserción.
El ministro, que debe desarrollar todavía su plan de reinserción y detallar entre otras cuestiones la fórmula con la que los presos deberán evidenciar su rechazo a la violencia, mantiene inamovible su exigencia a ETA para que entregue las armas y desmantele sus estructuras, según dice, «muy diezmadas». Y defiende que ese paso abriría la puerta a que el Gobierno se replantee su política penitenciaria y, con ella, una de las exigencias más demandadas por los reclusos, su acercamiento a prisiones del País Vasco.
En la entrevista, Fernández Díaz insistió en su creencia de que «el cese de ETA es irreversible» y consideró, que diez meses después del anuncio, «lo que tiene que hacer ahora es interiorizar que ha sido derrotada». «Si ha dejado de actuar lo que tiene que hacer es dejar de ser. Y dejar de ser significa disolverse», aseveró.
El ministro defendió la negativa del Gobierno del PP a abrir diálogo alguno con ETA, y consideró que el tiempo les «ha dado la razón». Fernández Díaz se refirió a lo ocurrido en Irlanda del Norte, donde recientemente varias facciones del IRA han unido fuerzas para volver a empuñar la armas, y aseguró que en el caso de ETA no se va a producir ningún proceso de negociación como el norirlandés. Frente a dicho modelo, de hecho, apostó por uno similar al que llevó a la disolución de las Brigadas Rojas en Italia, con medidas de reinserción individualizadas de los presos y, en su caso, de los «refugiados y huidos, siempre en el marco de la ley».
Vigilancia
Por otro lado, el ministro recordó a las coaliciones Bildu y Amaiur, en las que está integrada la izquierda abertzale, y por ende al partido Sortu, los supuestos marcados por el Tribunal Constitucional para activar la ilegalización sobrevenida. Y aseguró que estas formaciones «están rebasando un día sí y otro también» las líneas rojas marcadas, unas actitudes -advirtió- de las que «el Gobierno toma nota».
Fernández Díaz se refirió además a otra sentencia que no comparte, la que dictó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para amparar a la etarra Inés del Río, por aplicarle la doctrina Parot. El ministró arremetió contra el tribunal, al que ha recurrido, y aseveró que su decisión «ofende a las víctimas, a la sociedad y a los tribunales españoles. No es de recibo que diga que los tribunales españoles violan los derechos humanos».
DIARIO VASCO, 10/8/12