El Gobierno se muestra ‘determinado’ a recurrir la declaración soberanista

El Gobierno se mostró ayer determinado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlament de Cataluña. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de «muy determinante» en este sentido el contenido del informe de la Abogacía del Estado, que el Ejecutivo maneja desde hace más de una semana y cuyas conclusiones decidió hacer públicas ayer.

Si bien la dos de Mariano Rajoy puso especial cuidado en imprimir un perfil absolutamente técnico, y en no comprometer siquiera una decisión definitiva por parte del Ejecutivo, lo cierto es que trasladó un claro cambio de posición política, en vísperas de la visita de Artur Mas a Mariano Rajoy en La Moncloa.

Tanto es así que la Generalitat replicó con rapidez y aspereza ante lo «antidemocrático» del recurso y que, en la misma rueda de prensa, la vicepresidenta hubo de lanzar una advertencia: «Lo más democrático que se me ocurre es cumplir la Constitución y las leyes», afirmó.

El hecho de que no entregara el informe de la Abogacía a la prensa dio idea, además, de la propia voluntad del Ejecutivo de interponer el recurso y de su reserva, para no desvelar sus mejores argumentos ni dar ventaja jurídica al contrario.

La acumulación de informes procedentes del grupo parlamentario y del propio partido han influido en este cambio, tanto o más que el temor del propio Rajoy a que la inacción del Ejecutivo pudiera ser jurídicamente instrumentalizada en su contra en el momento en que la Generalitat avance en su desafío soberanista con medidas como la anunciada consulta (Ver EL MUNDO 31-1-13).

Sea como sea, el discurso de Santamaría guardó total coherencia. Si dos semanas atrás informó de que el Gobierno sólo recurriría si la resolución del Parlament «tiene efectos jurídicos» -lo que vino acompañado de comentarios sobre la «dificultad» del recurso, por parte de algunos ministros, como el de Exteriores-, ayer simplemente concluyó que sí los «tiene», lo que, según insistió, la hace «recurrible».

Así, sin mostrar el contenido mismo del informe, la vicepresidenta subrayó la diferencia sustancial que los servicios jurídicos del Estado aprecian entre el precedente del fracasado recurso del Gobierno de José María Aznar contra el plan Ibarretxe aprobado por el Parlamento vasco, y el que -según cabe adelantar- interpondrá el de Rajoy contra la declaración soberanista del Parlament.

En el mismo sentido que informaron antes al partido y al Grupo una catarata de expertos, la Abogacía del Estado concluía, en palabras de Santamaría, que entonces el Tribunal Constitucional se amparó en que se estaba «en el inicio de un procedimiento legislativo, es decir, ante un acto de mero trámite», como se demostró al ser finalmente rechazado el plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la declaración soberanista catalana es «una resolución que agota lo que es el procedimiento en sí mismo», en tanto no está destinada a ser debatida en el Congreso, «y que supone además la apertura de un proceso más amplio», en alusión al desafío soberanista y a la anunciada consulta independentista del actual Gobierno catalán.

Este carácter finalista de la resolución es lo que, en términos jurídicos, la convierte en «impugnable», según argumenta ahora el Gobierno.

Además, la Abogacía del Estado parece haber vencido el temor del Gobierno al rechazo del recurso por parte del Constitucional con el argumento de que la resolución soberanista «produce efectos jurídicos ad extra», porque busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin inconstitucional.

En este sentido, invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que atribuye al Gobierno del Estado la capacidad de acudir al Tribunal Constitucional frente a todo tipo de actos o disposiciones autonómicas que considere inconstitucionales con el privilegio, además, de la suspensión automática.

Y es que sobre lo que nunca hubo dudas fue sobre la segunda condición necesaria para recurrir la Declaración, y es que su «contenido» fuera «inconstitucional».

Según explica la Abogacía, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano vulnera el artículo 1.2 de la Constitución, que establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado», es decir, que el único sujeto soberano es el pueblo español.

Viola también el artículo 2 de la Carta Magna sobre la «indisolubilidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»: Según los servicios jurídicos del Estado, es imposible que el pueblo catalán pueda por sí solo disolver lo que la Constitución proclama indisoluble.

En tercer lugar, viola el artículo. 9.1, según el cual, todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución, esto es, también el Parlament. Por último, viola el artículo 168, que obliga a la votación de dos tercios de las Cortes para una eventual reforma de la Carta Magna.

Santamaría puntualizó que el informe de la Abogacía «no es vinculante» para el Gobierno -«ya nos gustaría», bromeó, junto al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, abogado del Estado como ella-, pero sí admitió que con él «tenemos un elemento a favor» y «nos da pie para pedir su opinión al Consejo de Estado, que es preceptiva antes de la interposición del recurso».

EL MUNDO 09/02/13