España se ha volcado con la crisis en Afganistán. En las últimas horas, y ante el ultimátum talibán que obliga a la salida de las tropas occidentales de Kabul el próximo día 31, el Gobierno ha reiterado su compromiso de mantenerse “hasta el último segundo” para ayudar en la evacuación de afganos amenazados. “Se agotarán todas las posibilidades”, asegura Moncloa, incluida una arriesgada operación para el rescate de los colaboradores locales que no han podido acceder al aeropuerto de Kabul. “Vamos a apurar hasta el último minuto y hasta donde sea posible”, señaló ayer la portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. La implicación española es total frente a posiciones más conservadoras de potencias como Francia, que este martes anunció su repliegue este mismo jueves ante la retirada estadounidense.

La hiperactividad con la que el Ejecutivo está abordando este drama humanitario en Afganistán, con desfile continuo de ministros en el aeródromo de Torrejón para recibir a los evacuados, contrasta con la gestión de las devoluciones de los menores inmigrantes irregulares que accedieron a Ceuta el pasado mayo. Las dos crisis estallaron el mismo día, el pasado viernes 13 de agosto. Pero, si por la emergencia afgana España ha recibido el reconocimiento de la UE —“hemos dado una lección de grandeza”, según dijo ayer la portavoz—, el conflicto abierto en la ciudad autónoma ha supuesto una deshonra para el Ejecutivo, criticado por numerosas instancias nacionales e internacionales, incluido el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño.

Pedro Sánchez recibirá hoy al presidente ceutí, Juan José Vivas, para intentar reconducir la situación, una vez que ayer el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad decidiera mantener la suspensión cautelar de las devoluciones. El juez confirmó en su auto que el operativo no respetó la legalidad. “No consta que se haya cumplido con ninguno de los trámites perceptivos” contemplados en la ley, y advirtió de que el acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos al que se agarra el Ministerio del Interior para justificar las repatriaciones es tan solo una mera declaración de intenciones. 

Así, el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, recibió la puntilla de su colega en un auto muy crítico. Horas antes, el lunes, se había personado por primera vez en el aeródromo de Torrejón para visitar el operativo de acogida de afganos, pero no se tuvo constancia de la misma hasta este martes. No se anunció, como sí se hizo con el desembarco ese mismo día de José Luis Escrivá (Inclusión y Migraciones), Margarita Robles (Defensa) y Carolina Darias (Sanidad).

Todo pese a que Interior ha tenido un papel protagonista en la operación española en Kabul, con el despliegue inicial de los 17 geos y miembros de las Unidades de Intervención Policial. Grande-Marlaska ha sido apartado del foco para, precisamente, no empañar el éxito de la campaña en Afganistán con la mala imagen de las devoluciones de los menores marroquíes. 

Fue la propia portavoz del Ejecutivo quien unió ayer las dos crisis. Preguntada por esta última cuestión, aseguró: “En relación al asunto de Ceuta y Melilla, creo que está constatada nuestra defensa de los derechos humanos y, por tanto, y al igual que en el caso de Afganistán, lo que estamos es dando solución a un problema”. “El Gobierno ha actuado en cumplimiento de ese convenio del año 2007 y, si la Justicia observara que hay que atender a algún matiz, por supuesto, podríamos atenderlo. Pero insisto, lo importante es la solución, atender a esos menores, que puedan reunirse con sus familias y que puedan mantener su escolarización al comienzo de este curso escolar”, añadió.

Las palabras de Rodríguez al asegurar que el Gobierno lo ha que hecho ha sido dar solución a un “problema” recuerdan a las que en su día pronunció el expresidente Aznar después de que, en 1996, su Gobierno devolviera a 103 personas que habían conseguido acceder a Melilla. La operación entonces se ejecutó en dos vuelos militares, los migrantes fueron maniatados y se les vendaron los ojos, además fueron drogados con haloperidol. “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”, justificó el dirigente popular, aunque días después el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reculó: “No es el modelo a seguir”.

Demagogia

El líder del PP, Pablo Casado, tachó este lunes al Ejecutivo de demagogo en una cuestión clave y delicada como es la política migratoria. «No puede ser que el Gobierno del Aquarius, el del Open Arms, el de vamos a quitar las concertinas y vamos a recurrir las devoluciones en caliente», dijo, «esté haciendo lo que está haciendo ahora sin dar cuentas a nadie y dejando otra vez en manos de la Justicia que se paralicen estas devoluciones».

El presidente popular defendió que la política exterior migratoria requiere estar a la “altura” y, aunque tendió la mano al Gobierno para dar una solución al problema, concluyó que lo que hace falta es «menos hipocresía y más realismo».

 Pero la lluvia de críticas al Ejecutivo por la gestión de las repatriaciones de los menores no se limitan solo a la oposición, también a Unidas Podemos, a su socio. El sector morado del Gobierno, una vez estalló la crisis, reprochó a Grande-Marlaska no haber contado con ellos a pesar de que el Ministerio de Derechos Sociales hacía tiempo que se había puesto a disposición de Interior para cerrar un protocolo de reagrupación familiar y cumplir así con la legalidad en materia de extranjería. Nunca, según denunciaron, obtuvieron respuesta alguna sobre esta propuesta.