ABC 28/10/14
· Rajoy pide un informe urgente al Consejo de Estado
El Gobierno impugnará el sucedáneo de consulta del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Para ello, ayer mismo pidió al Consejo de Estado el informe preceptivo para llevar al Tribunal Constitucional este nuevo «proceso de participación ciudadana» al considerarlo un fraude de ley.
Como adelantó ABC en su edición de ayer, la idea es que el Consejo de Ministros del próximo viernes autorice al presidente del Gobierno a recurrir las nuevas actuaciones que ha llevado a cabo Mas desde la suspensión de la ley de Consultas. Por este motivo, el Ejecutivo ha pedido al Consejo de Estado que elabore su informe con la mayor urgencia posible.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó ayer que esta consulta alternativa «es contraria a la Constitución y, además, perjudica los derechos de los catalanes» porque «no tiene una sola garantía democrática». Antes de participar en la inauguración de una exposición en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica, la número dos de Mariano Rajoy insistió en que la obligación del Gobierno «es que se cumpla la ley» y «proteger los derechos» de los catalanes ante el proceso que está llevando a cabo Artur Mas.
De nada ha servido el «blindaje» del simulacro de consulta del que se vanagloriaba la semana pasada el vicepresidente de la Generalitat, Francesc Homs, o los esfuerzos del gobierno autonómico para no plasmar por escrito ninguna decisión despojando así de naturaleza jurídica sus actos. Lo cierto es que el Gobierno ya disponía entonces de prueba documental suficiente al margen de ese único acto administrativo que suponía el edicto publicado el viernes 10 de octubre, y que contempla la creación de un fichero de participantes para la consulta. Tras un trámite de audiencia de siete días, ese edicto es firme ya desde hoy y susceptible de impugnación.
A él se suma toda la información que sobre la jornada del 9-N se ha colgado en la página web de la Generalitat, la carta que se envió a los ayuntamientos o la informaciones que con todo lujo de detalles dio la vicepresidenta del Gobierno autónomico. Joana Ortega reveló que la jornada del 9-N contaría con 6.430 mesas distribuidas en 1.255 locales, que se votaría en 938 de los 947 municipios de Cataluña, que habría 30.000 voluntarios, y, lo más importante: que las preguntas serían las mismas que las referéndum prohibido.
En el informe con el que contará el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado insiste en que esta consulta afecta a todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional.