EL CONFIDENCIAL 22/09/16
· El Gobierno trabaja con la vista puesta en unas terceras elecciones que permitan sacar adelante la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios
El Gobierno ha tocado ‘zafarrancho de combate’ electoral y ha movilizado a los regimientos de gasto de los distintos departamentos ministeriales para que definan en las próximas semanas los que se consideran “elementos presupuestarios de urgente necesidad”. A partir de esta base informativa, el objetivo no es otro que elaborar un borrador de decreto social que sería aprobado de manera exprés en los últimos días del año o a principios de 2017, una vez que se definan las opciones políticas en España tras las eventuales y cada vez más probables elecciones del 18 de diciembre.
Entre las materias básicas de la nueva normativa en ciernes, se incluye de manera preferente la actualización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, dos cuestiones esenciales en la gestión presupuestaria del Estado, pero que los actuales responsables de la política económica consideran que está vetada a un Gobierno en funciones. De ahí que Mariano Rajoy haya dado las pertinentes instrucciones para poner en marcha la maquinaria administrativa con suficiente antelación, de modo que se pueda ganar tiempo al tiempo en cuanto España disponga de un Ejecutivo con plenas capacidades operativas.
La coordinación de los trabajos que se desarrollan estos días entre bambalinas corre a cargo de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda. Las peticiones de los diferentes centros de coste serán analizadas con carácter selectivo a fin de no alterar los compromisos con Bruselas, pero teniendo también en cuenta las necesidades puntuales de los 14,5 millones de ciudadanos que reciben algún tipo de prestación por parte del Estado. Además, se incluirán otras medidas de amplio contenido industrial, entre las que destacan los nuevos peajes del sistema eléctrico como garantía de suministro energético para todo el año 2017.
El Gobierno trabaja con la misma agenda que en 2011, cuando aprobó las medidas urgentes presupuestarias en el último Consejo de Ministros de diciembre
El decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera fue utilizado por el Partido Popular en su regreso al poder en diciembre de 2011. En aquel momento, el Gobierno de mayoría absoluta surgido un mes antes de las urnas abordó la primera gran subida del IRPF, complementada con un ajuste drástico de los gastos en un intento desesperado por controlar la desviación del déficit público. La situación que ahora se plantea tiene otras motivaciones políticas, y trata de ofrecer una tarjeta de visita más amable que sirva para cubrir por la vía rápida el vacío administrativo provocado tras un año de Gobierno en funciones.
La subida de las pensiones es la piedra angular de la agenda legislativa con que el PP prepara el próximo escenario electoral. El incremento, previsto en un 0,25%, tiene que ser promulgado en el BOE antes del 31 de enero, cuando el Estado deberá hacer efectiva la primera nómina del año, por lo que todavía hay un margen prudente de tiempo que será utilizado en otros menesteres bastante más urgentes desde el punto de vista económico. La prioridad en estos momentos consiste en asegurar el respaldo de Bruselas para encajar la agenda política dentro de la senda fiscal comprometida con la Comisión Europea. De otro modo, el Reino de España se arriesga a una multa de más de 6.100 millones de euros, lo que además del daño económico ensuciaría la imagen y reputación de nuestro país como Estado miembro de la Unión.
Para evitarlo, el Gobierno aprobará la reforma del Impuesto de Sociedades antes de que el 20 de octubre las empresas tengan que hacer efectiva la nueva retención sobre la base de los resultados cerrados a 30 de septiembre. El decreto en cuestión podría ser aprobado ese mismo día, el viernes de la próxima semana, para su posterior convalidación legislativa por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes. Esta medida, incluida desde abril en el Plan de Estabilidad y ratificada como mecanismo corrector para evitar la multa de Bruselas, permitirá unos ingresos adicionales del orden de 5.000 millones de euros, que se complementarán con otros 1.000 millones derivados de la lucha contra el fraude fiscal.
El apoyo del PSOE es indispensable para evitar que Bruselas termine por perder la paciencia y decida sancionar a España con una multa del 0,5% del PIB
El Gobierno necesita trabajar en paralelo dentro de una política de ‘so y arre’, que consiste en obtener nuevos recursos públicos de los contribuyentes sin desatender los elementales programas de gasto, en un momento de especial tensión electoral. La precariedad de un Gobierno en funciones ahuyenta cualquier tentación legal para afrontar un decreto de acompañamiento a unos Presupuestos que van a tener que ser prorrogados necesariamente. Por eso, lo inmediato ahora es convencer a Bruselas con el nuevo marco tributario de las mayores empresas españolas, una medida que va a requerir el apoyo parlamentario de las principales fuerzas políticas de la oposición, en especial del PSOE, aparte de Ciudadanos.
A partir de ahí, y una vez que la Comisión Europea emita sentencia el 8 de diciembre sobre el expediente abierto a España por déficit excesivo, llegará el turno del nuevo decreto social. Una disposición que será necesario poner en marcha contrarreloj en la última quincena de diciembre, a menos que la situación política se aclare antes facilitando en octubre una investidura en la que ya no cree ni el propio Rajoy. Eso sí, el presidente en funciones sabe que no hay tiempo que perder en la elaboración de las nuevas medidas urgentes de carácter presupuestario. De ahí que el Gobierno haya iniciado los trabajos de campo con los distintos ministerios del área económica, haciendo buena la máxima cervantina en virtud de la cual “empezar las cosas es tenerlas medio acabadas”.