EL MUNDO 12/11/14
· La presión interna del PP, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres-DulceEl Ministerio Público ve sólidos indicios de delito, pero apela a su autonomía
Las críticas surgidas en amplios sectores de la opinión pública y del PP contra el Gobierno por permitir la consulta del 9-N han provocado el traslado de la presión hacia la Fiscalía para que actúe penalmente de inmediato contra Artur Mas. En esa clave se interpretan en la Fiscalía los múltiples mensajes provenientes del Gobierno y del PP –a través de teletipos y declaraciones o mediante discretas peticiones de información– para que el fiscal general, Eduardo Torres
Dulce, acelere la presentación de una querella con la que el Ejecutivo pueda exhibir una contundente reacción al desafío de Mas. La querella se va a presentar, pero en los tiempos y con el contenido que decida un fiscal general celoso de su autonomía.
La visualización de la premura de los populares por llevar a Mas ante la Justicia corrió a cargo de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, encargada de escenificar las prisas con las que quieren actuar el Gobierno y el partido una vez el presidente de la Generalitat ha comenzado a capitalizar políticamente el resultado de la votación. En una entrevista en Telecinco, Camacho dio por hecho que la querella del Ministerio Público contra el president se formalizaría ayer por la mañana. Un anuncio que no se cumplió.
Un día antes, a través de la agencia oficial de noticias, se aseguraba que la Fiscalía ultimaba contra miembros del Gobierno catalán una querella que sería presentada «en las próximas horas». El augurio, recogido por algunos medios, tampoco se confirmó. En la Fiscalía no dudaron en atribuirlo al Gobierno y/o al PP, y a su interés en poner el foco sobre el Ministerio Público para que tome medidas contra Mas por la celebración de la consulta del 9-N pese a la suspensión que decretó el Tribunal Constitucional.
El fiscal general contestó ayer a este pressing con claridad: «Vamos a actuar cuando creamos que tenemos que actuar, ni antes ni después», dijo durante una visita oficial a Logroño.
«Los tiempos de la Fiscalía y de la Justicia no son los tiempos políticos ni mediáticos», manifestó Torres-Dulce, que señaló que sus subordinados se encargan de «examinar los hechos con absoluta imparcialidad, con objetividad». Por tanto, añadió, se actuará «cuando se considere que los hechos ya son carne de proceso penal o carne de archivo».
Torres-Dulce rechazó la acusación de «inacción» y recordó que el Ministerio Público investiga desde el sábado lo sucedido en Cataluña, a instancias de la propia Fiscalía General. «Nos pronunciaremos sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad», indicó Torres-Dulce, que explicó que la Fiscalía de Cataluña «va a trabajar primero en si los hechos son delictivos, después determinará de qué delitos se trata y finalmente las posibles personas responsables, pero hasta el momento no hay nada». Cuando haya algo, aclaró, la Fiscalía ejercitará las correspondientes acciones penales e informará a los ciudadanos.
El discurso público de Torres-Dulce se corresponde con sus respuestas en privado. En el Gobierno se quejaban ayer no sólo de que la Fiscalía no haya presentado aún la querella, sino también de que el fiscal eluda dar información cuando se le pregunta cuándo lo va a hacer. «UPyD, Vox y varios particulares ya han presentado querellas y denuncias. ¿Por qué no el fiscal? No hace falta tanto tiempo», indicaron fuentes del Ejecutivo.
Lo que en el Gobierno se considera parsimonia en la Fiscalía General se califica de «autonomía». «Nadie nos va a marcar los ritmos», aseguraron desde la calle Fortuny.
Lo que sí está claro es que el fiscal va a presentar en los próximos días en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella por prevaricación y desobediencia contra Mas y la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que se encargó de hacer públicos los resultados y los datos de participación. Ayer se estudiaba la posibilidad de incluir a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la utilización de los institutos de secundaria como puntos de votación y el reclutamiento de directores de los centros, pero, en cambio, fuentes de la Fiscalía del TSJC descartaron al conseller de Interior, Ramon Espadaler.
Desde la Fiscalía General se han elaborado varios borradores y los textos se han puesto a disposición de la Fiscalía del TSJC. Los fiscales de Barcelona se reunieron el lunes por la noche para tratar sobre el 9-N. La querella se basará en el activo papel desarrollado por la Generalitat en la convocatoria, preparación y desarrollo de la consulta, quebrantando de manera frontal la obligación de respetar la suspensión acordada por el TC.
Relatará, a este respecto, actuaciones como el mantenimiento de la convocatoria de la consulta en la web oficial de la Generalitat, el reclutamiento de voluntarios, la puesta a disposición de locales dependientes de la Generalitat, el buzoneo y la campaña desarrolladas, la elaboración de las papeletas y la publicitación de los resultados, todo ello a cargo de la Generalitat.
La querella se apoyará en los documentos recabados desde el sábado. Los Mossos d’Esquadra se limitaron a entregar la lista con los centros públicos que se usaron para la votación, sin incluir el nombre de sus directores, después de que el Govern asumiera toda la responsabilidad.