EL CORREO 19/03/14
· Erkoreka, que cree «desproporcionado» el número de agentes en Euskadi, carga contra el ministro de Interior y le acusa de «incumplir» el Estatuto de Gernika.
El Gobierno vasco abrió ayer un frente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy al criticar que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, haya descartado cualquier reducción de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Euskadi. El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, tachó de «desproporcionado» el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado una vez que ETA ha anunciado el «cese definitivo de la actividad armada» y reprendió al titular de Interior por haber visitado el lunes el País Vasco y haber dejado claro que «el cumplimiento del Estatuto de Gernika no se llevará a efecto».
El Ejecutivo autónomo recupera así una antigua polémica, la que alude al número de policías y guardias civiles que deben prestar servicio en una comunidad autónoma con un cuerpo propio como la Ertzaintza. La necesidad de un repliegue de Policía y Guardia Civil ha sido una constante desde la llegada de Urkullu a Ajuria Enea y una alusión permanente en los encuentros que han mantenido en los dos últimos años el ministro y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.
El gabinete del PNV no ha visto con buenos ojos el viaje relámpago que Fernández Díaz realizó el pasado lunes. El ministro se reunió con la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, a primera hora, inauguró por la mañana la nueva comisaría de la Policía Nacional en San Sebastián, visitó a mediodía el destacamento de la Guardia Civil en Bilbao y, ya por la tarde, antes de retornar a Madrid, mantuvo un encuentro con la consejera. A pesar de que la cita con Beltrán de Heredia se prolongó durante una hora y cuarenta y cinco minutos no trascendió ningún acuerdo de peso. Ni siquiera se puso fecha para convocar la Junta de Seguridad, el órgano de coordinación entre ambos departamentos. Y eso que hace justo un año se habló de que la cita sería «cuanto antes». Según la versión del Ejecutivo autónomo, el acuerdo no se pudo materializar el lunes por la actitud del titular de Interior, que ya en la capital guipuzcoana, horas antes de verse con la consejera, había cerrado la puerta a un repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Así lo reconoció Erkoreka en la comparecencia de todos los martes tras el Consejo de Gobierno. El portavoz acusó a Fernández Díaz de poner «excusas», como que ETA no se ha disuelto aún, para negarse a reducir el número de policías y guardias civiles en Euskadi. Algo que, en opinión de Erkoreka, supone «incumplir» el Estatuto y permitir algo que, dijo, es «absolutamente indefendible» como que se mantenga el mismo despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado que antes del fin de la violencia. Y lamentó que esas unidades «continúen desempeñando actividades ya no se sabe en qué. Es lo que llama la atención».
Los gobiernos central y vasco discreparon, incluso, en el número de efectivos que están destinados en Euskadi. Mientras el portavoz de Lakua habló de 8.000 agentes, representantes del Ministerio de Interior matizaron, ya por la tarde, que en realidad se trata de 4.229 unidades –2.780 guardias civiles y 1.449 policías, según los datos oficiales a 31 de enero–.
Erkoreka, no obstante, considera que se trata de «una fuerza desproporcionada» en la actual situación», una vez que «ETA ha abandonado radicalmente la actividad armada y que los dispositivos de seguridad» ligados a la protección de personas amenazadas «se están desactivando de manera notoria y generalizada». «Es una fuerza desproporcionada clarísimamente», insistió.
Comunicación con Moncloa
La polémica enturbia la relación de cordialidad que protagonizan el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo autónomo mantiene un hilo directo de contacto con el líder del PP, al que tiene informado, por ejemplo, de los movimientos que llevan a cabo mediadores como Jonathan Powell o los verificadores de Ram Manikkalingham. Una línea de comunicación que, sin embargo, no impide que ambos dirigentes mantengan una visión totalmente contraria sobre los pasos que deben darse tras el anuncio de ETA de 2011 por el que decidió abandonar la violencia.
En Lakua, de hecho, confían en que las discrepancias sobre el actual despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado no afecten al diálogo que Urkullu y Rajoy mantienen sobre el futuro de los presos y el desmantelamiento de la banda terrorista. Unas conversaciones que, por el momento, no ha supuesto ningún cambio en la política que el Ejecutivo del PP puso en marcha tras llegar a La Moncloa y que subraya la necesidad de que la organización terrorista se disuelva antes de que el Gobierno dé cualquier paso que pueda entenderse de cierta distensión.
Fuentes del Ministerio del Interior destacaron, de hecho, tras la reunión de Fernández Díaz y Beltrán de Heredia, el clima de cordialidad entre ambas administraciones. Ayer restaban trascendencia a las críticas de Erkoreka, asumían que el Gobierno vasco tiene un punto de vista diferente sobre cómo actuar ante la situación abierta por ETA y calificaban, incluso, de «normal» la reacción del Ejecutivo autónomo. El Gobierno central está convencido de que su estrategia logrará que la banda terrorista acceda, por decisión propia y por su debilidad, a disolverse, sin la necesidad de entablar con la cúpula etarra ninguna clase de negociación.
EL CORREO 19/03/14