El Gobierno vasco acusa a los jueces de «poner en solfa» el «consenso social» en torno al euskera

Pues bien, el Ejecutivo de Imanol Pradales, en una comparecencia de la vicelehendakari y consejera de Política Lingüística Ibone Bengoetxea y de la portavoz y titular de Función Pública Maria Ubarretxena, no sólo ha negado hoy que exista la «obligación» de acreditar un nivel de lengua vasca en todos los empleos públicos, sino que también ha acusado a la Justicia de «poner en solfa» una cuestión, la de la normalización del euskera en el sector público, ya «avalada» por el Constitucional en sentencias precedentes y por el «consenso social» construido en torno a ella durante los últimos «cuarenta años». «Nos parece peligroso», ha advertido Ubarretxena, mientras que Bengoetxea ha insistido en que la decisión del Superior vasco es «grave» porque «cuestiona todo el sistema de euskaldunización del sector público» y el «marco legal» que sostiene la normalización del euskera, así como «términos y conceptos» usados durante años «ajustándose a la legalidad vigente».

Tal como adelantó en exclusiva EL CORREO, la Justicia ha dado una nueva vuelta de tuerca en el cuestionamiento de las políticas emprendidas por las instituciones vascas para extender el uso del euskera en la Administración y ha comenzado ya los trámites para acudir al Constitucional como antesala a la resolución de sendos recursos presentados por PP y Vox contra el decreto que en 2024 desarrolló lo recogido en la Ley de Empleo Público de 2022. Un paso al frente que el Gobierno vasco ve como el cúmulo de una serie de decisiones «llamativas» que, según ha denunciado hoy, han alterado, desde noviembre pasado, el «curso relativamente habitual del procedimiento». Para la pata jeltzale del Ejecutivo, que ha aclarado que ha puesto en conocimiento del PSE la comparecencia de esta tarde, tanto el cambio en la composición de la sala, como la decisión de aunar en uno solo los recursos de PP y Vox como la propia decisión de elevar al TC la posible inconstitucionalidad de la ley «motu proprio» son resoluciones procesales «cuestionables». Ante la insistencia de los periodistas en aclarar si ven una «mano negra» o impulso político en el TSJPV, tanto Ubarretxena como Bengoetxea han evitado, no obstante, ir más allá.

Lo que sí han dejado claro ambas es que la decisión del Superior vasco es un paso más en la «judicialización e instrumentalización» del euskera, que además pone en tela de juicio unas previsiones legales que «no son nuevas» porque ya estaban contempladas en leyes precedentes que se aplicaban con normalidad -tanto en la Ley de Normalización del Uso de la euskera de 1982, como en la Ley de Función Pública de 1989, han detallado- y, según han insistido, con «consenso social». De hecho, la vicelehendakari ha hecho también un llamamiento a los partidos vascos para que se «esfuercen al máximo» a la hora de tejer acuerdos lo más amplios posible en torno al euskera para «blindar» así con garantías la normalización lingüística frente a las sentencias judiciales. Bengoetxea se ha referido así a las dos iniciativas en tramitación en el Parlamento vasco, una impulsada por el PNV y la otra por EH Bildu, para consolidar las exigencias de euskera en las OPE, que han abierto además una brecha con los socialistas vascos, socios de gobierno del PNV. «Apelo a todos los partidos del arco parlamentario a que tomen decisiones que sean en beneficio de la ciudadanía vasca. Defender el marco del que nos hemos dotado en los últimos cuarenta años es defender a la ciudadanía vasca», ha añadido la consejera de Política Lingüística.

Además, Bengoetxea ha querido hacer pedagogía sobre la diferencia entre el perfil lingüístico atribuido a todos los puestos -«una herramienta organizativa que no obliga a nadie a nada»- y la «preceptividad», es decir, la fecha a partir de la cual ese perfil se convierte en «requisito». «En los casos en que no haya vencido o no tenga fecha, el conocimiento del euskera no será obligatorio y contará como mérito, decision que se toma con criterios de funcionalidad y proporcionalidad», ha explicado, para dejar claro que asignar un perfil a un puesto no es lo mismo que exigirlo y lamentar que la sala encargada de revisar los recursos tienda a interpretarlo como una «obligación» general.