EL CORREO 15/06/13
Presenta el primer trabajo documental sobre vulneraciones de derechos humanos a «víctimas de todo signo» cometidas desde 1960 hasta hoy
El Gobierno vasco presentó ayer el informe sobre vulneraciones de derechos humanos cometidas a «víctimas de todo signo» en el período 1960-2013, una recopilación de «datos veraces y objetivos» con la que pretende desbrozar el camino de la paz y la convivencia en Euskadi. Con el ánimo de evitar «equiparaciones» y «discriminaciones», el trabajo documental recoge en cifras la relación de personas asesinadas, heridas y damnificadas «en el contexto de la violencia con intencionalidad política padecida en nuestro país» en los últimos cincuenta años. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu atribuye 837 muertos a atentados de ETA en sus distintas ramificaciones desde su fundación; 94 a actuaciones «indebidas» y abusos de las Fuerzas de Seguridad del Estado; y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha, entre los que se incluye a los GAL, el Batallón Vasco Español y la Triple A.
En total, 1.004 muertos registrados en «el período violento» analizado, tanto dentro como fuera del País Vasco. Detrás de cada de uno de estos números, «hay una vida con nombres y apellidos marcada por la injusticia padecida», según señala el documento, encargado por el gabinete de Urkullu a un equipo de personalidades «independientes» y con «empatía entre diferentes».
El estudio, gestionado por la secretaría general de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernández, ha sido elaborado por el obispo emérito de San Sebastián Juan María Uriarte; la jurista y asesora del Ejecutivo en la legislatura de Patxi López Manuela Carmena; el director de Derechos Humanos en la etapa de Ibarretxe Jon Landa; y el abogado y exconcejal independiente por el PP en Bilbao Ramón Múgica. Arropados por Urkullu, comparecieron ayer en la Lehendakaritza para difundir el documento, el primero de esta naturaleza que encarga un Gobierno vasco por su extensión cronológica y amplitud de «graves conculcaciones de derechos». En la presentación, en la que no se permitieron preguntas de los periodistas, el lehendakari reclamó «una mirada limpia y serena» para «acercarse» a esta radiografía, una de las 18 acciones previstas en su recién presentado plan de paz, visto aún con recelo por los partidos de la oposición.
Sin «valoraciones»
Los promotores del documento evitan de forma intencionada «las valoraciones» para centrar su trabajo en la «descripción de datos objetivos», pero con «una sensibilidad especial hacia los asesinados y a todos aquellos a quienes se les ha arrancado la vida injustamente». En palabras de Uriarte, el informe constituye «una modesta contribución al itinerario de la paz y la reconciliación», con el fin de servir de referencia en «posteriores actuaciones en materia de memoria y revisión crítica del pasado, así como de reconocimiento y reparación de las víctimas».
El exobispo de San Sebastián reconoció que esta «clasificación y cuantificación» de delitos, en la que se han empleado cuatro meses de trabajo, puede entrañar ciertas dificultades a pesar de haber evitado de forma premedita «toda unilateralidad y toda equiparación». «La verdad entera tiene aristas que la hacen con frecuencia difícilmente digerible», admitió Uriarte, quien ejerció de mediador en la tregua decretada por ETA en la época de Lizarra.
Los autores del informe, además de recurrir a la «primacía de los principios éticos», se han apoyado en diferente y abundante documentación para completar su relato. Entre otras fuentes, han utilizado trabajos de Amnistía Internacional, Ararteko, la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, la dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo, la AVT, Gesto por la Paz, Covite, ‘Stop tortura’, referencias periodísticas y obras de autor, entre otras. De estas últimas, figuran tres trabajos publicados por Jon Landa de forma individual y como colaborador sobre la violencia de motivación política y las torturas.
Landa, que fue director de Derechos Humanos a propuesta de EA en el tripartito de Ibarretxe, participó entonces en la elaboración del listado sobre los excesos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre 1960 y 1978, el que se habrían contabilizado un total de 62 víctimas mortales.
Titulado ‘Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)’, el documento presentado ayer por Urkullu completa y amplía ese mapa del sufrimiento con un principio rector: «Ningún proyecto político, ningún amor patrio, ninguna razón de Estado pueden anteponerse al núcleo intangible de los derechos humanos, que es la vida y la dignidad moral».
Un equipo de «independientes»
El grupo redactor del informe ha empleado cuatro meses en agrupar los delitos por autorías y «períodos históricos»
El lehendakari destacó ayer del grupo redactor del estudio sobre vulneraciones de derechos humanos su capacidad para recopilar «datos veraces y objetivos» en torno a una materia tan sensible como las víctimas de la violencia de «distinto signo». «Por eso el informe lo hacen personas independientes», destacó Iñigo Urkullu sobre el obispo emérito Juan María Uriarte, la jurista Manuela Carmena, el exresponsable de Derechos Humanos Jon Landa y el abogado Ramón Múgica.
El equipo de expertos ha empleado cuatro meses en la elaboración del documento desde que recibió el encargo de la secretaría de Paz y Convivencia, creada por Urkullu como pilar de su gestión en pacificación. Los redactores han agrupado los delitos en función de la autoría y sus «períodos históricos». El estudio arranca en 1960 al ser «una fecha convencional», ya que las políticas sobre víctimas del terrorismo «toman como referencia ese año».
De la etapa 1960-1975, los promotores del trabajo destacan «la dictadura franquista, la escalada terrorista de ETA, la represión por parte del Estado y una actuación policial con prácticas habituales de tortura». Los siguientes períodos son «la convulsa Transición» entre 1976-1978; los años «más sangrientos de ETA» entre 1979 y 1982; y la «consolidación» de la democracia en el ciclo 1983-2013, en el que «aparecen y finalizan su actividad terrorista los GAL», mientras ETA sigue «ajena» al marco de libertades y «continúa la sombra de la tortura». Urkullu pidió ayer que no se haga «un uso malicioso» del informe, su «primer microacuerdo» en el camino de la paz.