EL CORREO, 23/9/11
Elaborará dos decretos en los que distinguirá entre los excesos cometidos durante el franquismo y en la etapa democrática
El Gobierno vasco elaborará dos decretos diferentes para reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales. El objetivo de esta modificación -estaba prevista una única normativa- descansa en la apuesta del Ejecutivo de distinguir entre aquellas personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos en la etapa franquista y los inicios de la Transición, y quienes las padecieron en democracia. El primero de los decretos abarcará el periodo comprendido entre 1968 y 1978, mientras que el segundo se extenderá desde 1979 hasta la actualidad. Se prevé que ambas normativas vean la luz «a finales de año» o, como muy tarde, a principios de 2012.
El anuncio corrió a cargo de la consejera de Justicia. Idoia Mendia estrenó ayer la ronda de comparecencias a que será sometida en los próximos meses la ponencia sobre estos damnificados, en una reunión a puerta cerrada en el Parlamento vasco. Mendia estuvo acompañada por la directora del Departamento de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y la exmagistrada progresista Manuela Carmena, recién nombrada asesora con rango de viceconsejera del espacio institucional destinado a atender a estas víctimas.
Todos los partidos, salvo PP y UPyD, que han rechazado participar en este órgano, tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el nuevo fichaje de Lakua. Carmena, que se involucrará en la elaboración de los dos decretos, ha sido recibida, a priori, con buenos ojos por distintos partidos, también por los nacionalistas. Cabe recordar que el Gobierno de Juan José Ibarretxe la distinguió en 2008 con el premio Manuel de Irujo, por su «brillante trayectoria en todos los ámbitos de la Justicia».
Nada más comenzar la reunión de la ponencia, el parlamentario popular Carlos Urquijo aprovechó para dar una rueda de prensa improvisada en la Cámara de Vitoria, en la que advirtió al Ejecutivo de que la creación de una dirección específica de atención a víctimas de abusos policiales -en términos similares a la que lidera Maixabel Lasa en materia de afectados por el terrorismo-, «equipararía en rango político» a estos damnificados con los de ETA y abonaría así «la teoría del conflicto que quiere disculpar la siniestra historia» de la banda. Urquijo votó a favor del informe sobre las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por motivación política que salió adelante en el Parlamento vasco y en el que se recogía expresamente la creación de un espacio administrativo dirigido a estos damnificados. La oposición del PP se limitó entonces a la puesta en marcha de la ponencia, de la que se ha desmarcado.
«Contar la verdad»
En una comparecencia posterior, al término de la reunión del órgano parlamentario, Mendia negó esta tesis. La consejera de Justicia, que se mostró sorprendida por las declaraciones de Urquijo «cuando no está en la ponencia porque no ha querido», subrayó que ambos colectivos de víctimas, tanto las de abusos policiales como las del terrorismo, comparten el hecho de haber padecido un «sufrimiento injusto», si bien recordó que el origen del mismo es diferente. «Por lo tanto -añadió- no hay equiparación posible ni teoría de dos violencias enfrentadas».
La portavoz insistió en «aclarar» el perfil del afectado al que darán cobertura los decretos que elabora el Gobierno. «La mayoría no tenían relación alguna con la actividad política y simplemente pasaban por ahí», apuntó. Se refirió en este sentido a excesos cometidos en controles policiales o manifestaciones. «La justicia que se merecen implica contar la verdad y sacarlas del olvido porque ellas también han sufrido una doble victimización», expresó.
La representante del Ejecutivo autónomo, que situó en «el origen de toda violencia» a ETA, informó que las medidas de reparación irán también orientadas a resarcir a las personas que sufrieron torturas y precisó que algunos casos cuentan con un «doble perfil»: víctima y verdugo. Mendia remarcó que «toda persona tiene derecho a su integridad física y dignidad humana». No obstante, matizó que en estos casos «su reconocimiento no implicará homenaje alguno».
Con carácter previo a la presentación de los dos decretos que regularán las ayudas a las víctimas de abusos policiales, los partidos se verán inmersos en una nueva encrucijada: la decisión de hacer del Día de la Memoria -10 de noviembre- una cita en la que se sientan reflejados todos los damnificados. La polémica volverá a estar servida, ya que todos los grupos menos el PP y UPyD están a favor de un acto «incluyente».
EL CORREO, 23/9/11