EL CORREO – 10/03/15
· Encarga dos informes para «conocer el costo humano» que supuso para las víctimas y cómo afectó el terrorismo de forma directa a los ertzainas.
· El objetivo pasa por sacar a la luz «una realidad que no está suficientemente reconocida».
El Gobierno vasco quiere saber cuántas personas necesitaron escolta para esquivar la amenaza de ETA, «conocer el costo humano» que supuso para «cada una de las víctimas» y sus familias tener que recibir protección para no ser asesinadas y cómo afectó el terrorismo de forma especial a los ertzainas. La secretaría de Paz y Convivencia, dirigida por Jonan Fernández, anunció ayer que ha encargado dos informes al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto para sacar a la luz «una realidad que no está suficientemente reconocida».
Fernández desveló estas iniciativa tras reunirse con Zaitu, la asociación de personas amenazadas por ETA, y Aserfavite, el colectivo que agrupa a los ertzainas víctimas del terrorismo y a sus allegados. El objetivo de los documentos es doble. El primero es hacer un balance cuantitativo sobre el número de personas que entre 1990 y 2011 necesitaron de guardaespaldas. La elección de este espacio temporal se debe, según señaló Fernández, a que fue entonces cuando la banda terrorista extendió su «persecución a un amplio abanico de sectores» en lo que definió como «la socialización del sufrimiento».
El secretario de Paz y Convivencia admitió que el estudio no se extenderá a otras personas que pudieron sentirse amenazadas pero que no tuvieron protección porque sería «inabarcable». «Es un elemento (tener escolta) que objetiva la amenaza, no quiere decir que no haya habido una amenaza difusa sobre personas sin escolta, que se mencionará y se tendrá en cuenta, pero no se cuantificará», afirmó Fernández, quien recalcó que ese estudio incluirá una descripción del impacto que sobre la libertad y los derechos de la persona y su familia conllevó una vida amenazada. Este apartado se realizará con la inclusión de «una narrativa de un número de casos emblemáticos».
El segundo informe también tendrá una vertiente cuantitativa y otra cualitativa. Fernández recalcó que estará centrado sólo en la Policía autónoma porque los efectos sobre la plantilla son todavía «desconocidos». A preguntas de los periodistas, el representante del Gobierno vasco no descartó que se extiendan a otros colectivos que padecieron las amenazas de ETA, como las Fuerzas de Seguridad del Estado.
«No significa que estos dos sean los últimos informes que vamos a hacer; son con los que arrancamos este recorrido y el propio proceso determinará si es necesario hacer algún trabajo específico más», aclaró el antiguo dirigente de Elkarri, quien añadió que ambos informes se enmarcan en el plan de Paz y Convivencia diseñado por el Gobierno vasco. «No se puede construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado. Hay que poner luz sobre la violencia y sobre la vulneración de derechos humanos para hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación», afirmó.
«Reparación moral»
Los trabajos establecerán una serie de conclusiones para «clarificar» la vulneración de los derechos humanos que supuso ETA. Además, se harán sugerencias para lograr «una reparación, cuando menos moral, del sufrimiento injustamente padecido por las víctimas de la amenaza de ETA».
La cifra de escoltados en Euskadi se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos años, en especial, desde que ETA anunció en otoño de 2011 el cese de su actividad armada. En estos momentos siguen con seguridad algunos líderes políticos, empresarios y miembros de la judicatura, pero a unos niveles muy inferiores a los de los años más duros del terrorismo. La necesidad de protección se agudizó en la década pasada, cuando el PSE y el PP tuvieron que escoltar a todos sus cargos públicos.
Según algunos cálculos, solo en 2009 y 2010 había cerca de 1.500 personas que contaban con vigilancia para no sufrir atentados de ETA. Un amplio dispositivo en el que no sólo intervinieron las fuerzas de seguridad, sino también empresas privadas. El coste habría alcanzado los 1.625 millones de euros. Y sólo en el periodo comprendido entre 2000 y 2013, según aseguró hace dos años un colectivo de escoltas.
La cifra de guardaespaldas rondó en algunos años los 4.000 efectivos. Hace diez días, en otro informe elaborado a instancias del Gobierno vasco, un grupo de historiadores señalaba que la cifra total de amenazados habría alcanzado las 15.000 personas. Otros estudios, como uno realizado hace años por Gesto por la Paz, elevaba el número hasta las 42.000.
EL CORREO – 10/03/15