DIARIO VASCO, 15/3/12
Impulsará «medidas de excepción» para poder acceder a VPO o prestaciones sociales. Los solicitantes de las ayudas deberán acreditar los motivos por los que dejaron Euskadi
El Gobierno Vasco facilitará el regreso de las personas que se fueron de Euskadi por la presión y la amenaza de ETA. Para poder materializarlo modificará, antes de que finalice el actual periodo de sesiones de la Cámara vasca, el próximo mes de julio, la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de 2008, que no cubre esos casos, sea cual sea la circunstancia. No hay datos, sin embargo, de cuántas personas podrían ser las beneficiadas por las medidas que se pondrán en marcha, cuyo regreso a Euskadi les podría dar la opción de votar en las próximas elecciones autonómicas. El Ejecutivo evita entrar en una guerra de cifras sobre la importancia en términos cuantitativos del colectivo al que irían dirigidas las ayudas pero avanza que son «muchos más» los que han manifestado su deseo de continuar en su lugar de residencia actual que de volver a Euskadi.
LAS MEDIDAS
Ayudas: Las víctimas que vuelvan a residir en el País Vasco podrán solicitar de forma inmediata una Vivienda de Protección Oficial en régimen de propiedad o alquiler, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), sin necesidad de cumplir el requisito de antigüedad en el padrón que se exige al resto de ciudadanos (en el caso de la RGI tres años). También podrán beneficiarse de ayudas de formación y empleo, ayudas sociales en general o ayudas educativas para sus hijos cuando vuelvan al País Vasco.
Beneficiarios: Las ayudas serán para aquellas personas que acrediten necesitarlas, de forma que quienes tengan medios para volver a Euskadi no tendrán derecho a las mismas.
Tramitación: Una vez que las ayudas entren en vigor, cada solicitud se analizará de forma individual. Aunque será necesario acreditar los motivos para el abandono de Euskadi por la presión terrorista mediante certificados de la Ertzaintza o de sus ayuntamientos, el consejero de Interior avanzó que el criterio será «muy abierto», es decir, no se rechazará ninguna petición de antemano y en las que haya dudas, se buscarán fórmulas de comprobación.
El Departamento de Interior, que viene trabajando en esta propuesta desde febrero de 2011, propone habilitar «procedimientos de excepción» para que quienes tuvieron que abandonar su residencia por la amenaza de ETA puedan acceder a viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de propiedad o alquiler o a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), sin necesidad de cumplir el requisito de antigüedad en el padrón que se exige al resto de ciudadanos (tres años, en el caso de la RGI). También plantea que puedan beneficiarse de ayudas de formación y empleo, sociales en general o educativas para sus hijos cuando vuelvan al País Vasco.
La Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco será la encargada de redactar el proyecto de reforma que remitirá posteriormente a los grupos parlamentarios para que puedan realizar aportaciones y plantear cambios. El Ejecutivo vasco pretende conseguir un consenso previo que permita tramitar y aprobar con rapidez la citada reforma como proposición de ley auspiciada de forma unánime por los partidos.
El consejero de Interior explicó ayer que espera que el Parlamento Vasco apruebe antes de julio la modificación legislativa necesaria para establecer las citadas ayudas específicas. Rodolfo Ares y la directora de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, presentaron en la Cámara vasca las conclusiones del estudio que encargaron el año pasado al Instituto Vasco de Criminología sobre las necesidades de este colectivo. La comparecencia tuvo lugar en la ponencia encargada del seguimiento de la situación y necesidades de las víctimas del terrorismo. Al término de la reunión, Ares se mostró optimista sobre la acogida que han tenido las propuestas avanzadas para hacer más fácil la vuelta a estas personas.
Una vez que las ayudas entren en vigor, cada solicitud se analizará de forma individual. Aunque será necesario acreditar los motivos para el abandono de Euskadi por la presión terrorista mediante certificados de la Ertzaintza o de sus ayuntamientos, el consejero de Interior avanzó que el criterio será «muy abierto», es decir, no se rechazará ninguna petición de antemano y en las que haya dudas, se buscarán fórmulas de comprobación. Aclaró, no obstante, que las ayudas serán para aquellas personas que acrediten necesitarlas, de forma que quienes tengan medios para volver a Euskadi no tendrán derecho a las mismas.
Los que no quieren volver
El Ejecutivo vasco también se ocupará del colectivo de amenazados que ya no desean regresar al País Vasco porque tienen su vida hecha en otras comunidades autónomas. En estos casos, Lasa expuso que han recibido propuestas de estas personas para que sus respectivos municipios celebren actos de reconocimiento hacia estas víctimas. También expresó su deseo de poder tomar parte en la elaboración del relato de lo sucedido. El Gobierno Vasco trabajará con los municipios para que se atienda esa petición de este grupo de ciudadanos, siempre desde el respeto a la autonomía municipal. También garantiza que se les tendrá en cuenta en la política de memoria para el futuro.
Ante la propuesta del PP para que quienes salieron de Euskadi por la presión terrorista puedan participar en las elecciones vascas, aunque residan fuera de la comunidad autónoma, Ares recordó que «no es una medida que impulse el Gobierno Vasco» y que, en todo caso, es competencia de las Cortes Generales, dado que implicaría una reforma de la Ley electoral estatal.
Aclaró también algunas cuestiones en el capítulo de indemnizaciones. Ares se refirió a la proposición de ley presentada por los populares vascos con el fin de reformar la Ley de Víctimas para ampliar las indemnizaciones a los daños personales ocasionados por atentados y apuntó que, «salvo en situaciones excepcionales», la normativa vasca y la estatal ya contemplan un «amplio abanico» de indemnizaciones. No obstante, se mostró dispuesto a estudiar posibles cambios en esta materia. El PP argumenta, en este terreno, que la norma actual cubre los daños materiales pero deja al margen las indemnizaciones por lesiones o fallecimiento.
DIARIO VASCO, 15/3/12