DIARIO VASCO, 26/5/12
El ministro de Interior comparte con Vitoria que el GIC «no es necesario». Los facilitadores quieren «conocer de primera mano la situación en relación al proceso de resolución del conflicto»
El Gobierno Vasco mantuvo ayer invariable su posición en contra del Grupo Internacional de Contacto (GIC) liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, ante la nueva visita al País Vasco que iniciará el próximo lunes para «conocer de primera mano la situación en relación al proceso de resolución del conflicto».
Fuentes del Ejecutivo vasco insistieron en que el gabinete de Patxi López no reconoce y no necesita los «servicios» del GIC, por lo que prácticamente descartaron un encuentro con el grupo. En la misma línea se pronunció también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aseveró que los facilitadores internacionales «no son bienvenidos y no son necesarios», porque España «es un Estado democrático y soberano, que ha derrotado a ETA y no necesita grupos de contacto de ningún tipo». Añadió su convicción de que se trata de un grupo que está «en absoluta connivencia con la izquierda abertzale». La postura del Ejecutivo central coincide con la que ha mantenido el PP vasco. La cerrazón de los populares es uno de los escollos que deberá solventar el GIC. Los populares también rechazan la Comisión Internacional de Verificación, en la que actúa como portavoz Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group.
La visita del grupo de Currin se produce cuando el proceso de paz se encuentra aparentemente en una situación de bloqueo y con puntos de incertidumbre como el futuro de Sortu. El Tribunal Constitucional sigue deliberando sobre si legaliza o no la formación de la izquierda abertzale y mantiene la incógnita de cuándo hará público su fallo.
En el comunicado en el que anuncia su llegada el lunes al País Vasco, el GIC no precisa si acudirán todos sus miembros ni con qué entidades se reunirá, aunque sí revela que intentará «recabar información y análisis de cualificados agentes políticos y sociales respecto al final de la violencia de ETA y su disposición a iniciar un diálogo».
La última visita del grupo de Currin fue en febrero pasado y ya entonces sus miembros fueron testigos directos de la difícil situación que vivía el proceso de pacificación y normalización. Ante ese panorama, abogaron porque Sortu pudiera concurrir a las próximas elecciones autonómicas «para que todos los partidos puedan tener representación en el Parlamento» y pueda darse a continuación «un diálogo resolutivo para abordar el conflicto». Sugirió a «los actores no violentos» y representantes políticos que se reúnan para discutir cuestiones políticas, «con consulta a la ciudadanía», porque «podría contribuir a una nueva era sin conflicto». Los miembros del GIC hicieron estas reflexiones tras celebrar una reunión y mantener encuentros con diferentes agentes políticos y sociales vascos.
Aparente parón
A pesar del aparente parón que sufre el proceso, lo cierto es que en los últimos cinco meses se han producido importantes novedades, relacionados principalmente con la política penitenciaria. En este tiempo se ha conocido la resolución del Tribunal Constitucional en relación con la doctrina Parot, que ha sido contraria a los recursos que habían sido presentados por decenas de presos de ETA a los que les afecta la prolongación de su condena. Más recientemente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a conocer, por medio de su Ministerio de Interior, su plan de reinserción de presos, que ha recibido una respuesta desigual por parte de los partidos políticos.
Este mes, el Parlamento Vasco ha dado un impulso a distintas iniciativas para promover la reconciliación y la convivencia en la sociedad vasca, como es el caso del Instituto de la Memoria, sin olvidar la constitución de un patronato que dirigirá el Centro de la Memoria.
Asimismo, el grupo de Currin llega al País Vasco tras un nuevo comunicado por parte de ETA que parece confirmar su compromiso de cese de su actividad armada. Su nombramiento de una delegación para «abrir un diálogo directo» con los gobiernos de España y Francia, porque «hay condiciones suficientes» para abordar las recomendaciones de la Declaración de Aiete», ha sido rechaza da por las autoridades de Madrid y París.
DIARIO VASCO, 26/5/12