El Gobierno vasco renuncia a organizar un congreso internacional soberanista

El Gobierno vasco está decidido a «no interferir» en los trabajos de la ponencia parlamentaria de autogobierno que se constituirá el próximo mes de febrero en la Cámara vasca, a pesar de que, originalmente, se había reservado un papel coprotagonista en el impulso de un nuevo estatus político para Euskadi, tal como se desprende del programa de gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu, un compendio de más de 600 iniciativas que él mismo presentó en abril pasado. El documento prácticamente calcaba los compromisos electorales del PNV en esa materia –aunque evitaba fijar plazos concretos para someter a refrendo popular la reforma del Estatuto, una consulta que el programa jeltzale sí sitúa en 2015– y se comprometía a celebrar, «bajo el auspicio de la Presidencia del Gobierno vasco» y «como apoyo» a la labor del Legislativo, «unas jornadas internacionales y un proceso participativo para poner en común propuestas e iniciativas vinculadas al nuevo modelo constituyente pretendido».
Pero, a pesar de que, junto a la reactivación económica y la consolidación de la paz, la ‘hoja de ruta’ de Urkullu elevaba el impulso del autogobierno a tercer eje de su acción ejecutiva, nada de eso se hará. No al menos a iniciativa de la Lehendakaritza, que prefiere dejar en manos de la propia ponencia la agenda, el calendario y los contenidos del debate y sólo intervendrá en el mismo si los grupos parlamentarios se lo solicitan formalmente. La Presidencia vasca cree que, con un foro parlamentario en ciernes que tiene garantizada ya la participación de todos los grupos del arco vasco, «no tendría sentido» organizar ni el congreso para repasar modelos y referentes de autogobierno en el ámbito internacional ni el proceso de consulta a expertos y agentes sociales vascos que comprometía el programa. En la práctica, argumentan, eso sería tanto como poner en marcha una «ponencia paralela» y extraparlamentaria que acabaría por «suplantar» sus trabajos y despojar de sentido al órgano que en breve echará a andar en la Cámara.
La renuncia, aunque supone dejar toda la iniciativa de impulso del autogobierno en manos de Sabin Etxea en detrimento de Ajuria Enea, no ha supuesto, según las fuentes consultadas, ningún roce ni chispazo interno sino que ha sido la consecuencia «lógica» de una decisión del lehendakari que su entorno cree muy acertada, máxime porque se tomó poco antes del órdago soberanista catalán y le ha permitido –a él y al PNV– apuntalar su discurso público, construido en torno al «consenso» transversal como frontispicio de su estrategia. De hecho, tras registrar el pasado jueves en el Parlamento la proposición no de ley para constituir la ponencia, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya insinuó que si las jornadas internacionales suponían un problema no se promoverían. «Hay bienes superiores», dijo entonces.
Eso no significa, en ningún caso, que el debate sobre la reforma del Estatuto de Gernika vaya a prescindir del espejo internacional. De hecho, el PNV, que nombrará a sus representantes en la ponencia en la próxima reunión del EBB, no descarta, cuando llegue el momento de solicitar comparecencias, llamar a referentes y conocedores de experiencias como la que está en marcha en Escocia, que celebrará el 18 de septiembre un referéndum pactado con el Reino Unido, o Quebec, donde ya se ha testado la voluntad popular en dos ocasiones. La presencia de la izquierda abertzale en la ponencia, identificada con la vía catalana, podría traer a la Cámara el relato de Cataluña y, está por ver, si, por ejemplo, Irlanda o Kosovo tendrían también cabida. En todo caso, la primera fase se dedicará de lleno al análisis de la documentación –dictámenes, estudios y aportaciones diversas– que se generó durante el fallido intento de abrir paso a un nuevo Estatuto que supuso el plan Ibarretxe, aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento pero despachado sin miramientos en las Cortes Generales.
En lo relativo a la iniciativa en materia de autogobierno, el Gobierno vasco ha ido cambiando el paso sobre la marcha para adaptarse a las circunstancias, una readeacuación que ya se constató en el debate de política general de septiembre, cuando Urkullu oficializó su intención de delegar el debate soberanista en el Parlamento para «no dividir» a la sociedad. «Yo soy el lehendakari», justificó entonces Urkullu, la misma frase con la que echó balones fuera al hacer balance del año 2013 el pasado lunes, una actitud que le ha valido el reproche de la oposición, que cree, que en cierta manera, se pone de perfil y evita mojarse y concretar sus intenciones en el terreno soberanista para conjurar el desgaste.

La redacción final
Urkullu sí reconoció entonces que, si los partidos se lo encargan, está «dispuesto» a elaborar una propuesta de nuevo Estatuto que recoja y refunda el análisis de la ponencia. Si finalmente fuera el Gobierno vasco el encargado de redactar el texto articulado que debería contar con mayoría absoluta en el Parlamento –una posibilidad que ya contempló abiertamente Ortuzar el pasado jueves– también modificaría las previsiones del programa de gobierno, que contemplaban que fuera la propia ponencia la responsable de la redacción final.