EL CORREO 19/06/13
Jonan Fernández, que presentó su plan de normalización en el Parlamento, considera que las próximas citas electorales harán más difícil el consenso
Aprovechando que «estamos en temporada», Jonan Fernández apeló ayer a la figura de una trainera para emplazar a las «cuatro grandes familias políticas» a remar de manera conjunta en materia de pacificación. Y lo que resulta cuanto menos llamativo, a hacerlo en lo que queda de año para que el proceso no vaya a «peor». El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco compareció en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento para dar cuenta del plan de paz elaborado por su equipo y conocer de primera mano la opinión –o más bien los recelos– de los partidos.
Consciente de que «la tarea no será fácil» ya que, a su juicio, «hoy se está más cómodo en la trinchera», Fernández remarcó que «estamos en un momento estratégico» que exige un esfuerzo por parte de todas las formaciones para «articular» el desarme de ETA y «desatascar» el proceso de paz. Dos cuestiones que consideró prioritarias para avanzar hacia una convivencia futura. El excoordinador de Elkarri insistió en la necesidad de cerrar unos «acuerdos mínimos» con celeridad. Por primera vez, urgió a los grupos políticos a «colaborar» activamente en los próximos seis meses para cerrar el «proceso» que se inició a finales de octubre de 2011 con el cese decretado por ETA. Según advirtió, las sucesivas citas electorales, que arrancarán el año que viene con los comicios europeos, harán más difícil el tránsito hacia un posible consenso en esta materia. «Si ahora es complicado, luego lo será aún más, lo que implicaría que el proceso podría ir a peor», alertó.
El reto se presenta, al menos a priori, complicado. La distancia que separa a populares, e incluso a socialistas, de EH Bildu es abismal. Prueba de ello es que el portavoz del PP en la comisión, Carmelo Barrio, reafirmó ayer la negativa de su partido a compartir mesa en la ponencia de paz con la izquierda abertzale porque «no se dan las condiciones». El plan que la pasada semana presentó el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que recoge cerca de una veintena de acciones para afianzar una Euskadi sin terrorismo, no ha hecho más que aflorar de nuevo esas diferencias, si bien en esta ocasión los partidos se han comprometido a enviar al Gobierno vasco sus aportaciones al proyecto. El objetivo es «mejorarlo». Para ello tendrán de plazo tres meses, antes de que el Ejecutivo dé luz verde a lo que hasta ahora se concibe como un borrador abierto. Fernández tiene previsto, así lo reveló ayer, reunirse con los diferentes grupos a finales de agosto para estudiar la cabida de sus propuestas en el proyecto, que hasta ahora cuenta, como era de esperar, con el único aval del PNV.
«Neolengua»
El secretario de Paz y Convivencia acudió al Parlamento vasco con el objetivo de que «no salgamos como hemos entrado». Pero, después de tres horas de intenso debate, la postura de los partidos no varió un ápice respecto a lo ya conocido. El PP y UPyD fueron los grupos más críticos con el plan auspiciado por Urkullu. Mientras Gorka Maneiro consideró que Euskadi «necesita la aplicación estricta de la legalidad vigente y no palabras pomposas que traten de mezclar todo para diluir la responsabilidad de ETA y sus servicios auxiliares» –en alusión a la antigua Batasuna–, el popular Carmelo Barrio fue contundente: «Mi partido no asume el plan tal y como está presentado».
Barrio, como también lo hizo a posteriori el representante del PSE Rodolfo Ares, remarcaron la importancia del lenguaje en la redacción del proyecto –por ejemplo, al uso de la palabra ‘muerte’ en lugar de ‘asesinato’–, que valoraron «ambigua» e incluso llena de «lagunas». «Da la sensación de que hemos pasado de los eufemismos a una neolengua, y de ahí a la distorsión hay un paso», reprochó el parlamentario del PP. Barrio, que interpretó el borrador del plan como «una emanación masiva de búsqueda de equilibrios indebidos para no incomodar a la izquierda abertzale», puntualizó que «no es lo que pone, sino lo que falta». En esta línea, volvió a referirse a la «cuestión previa». Es decir, al hecho de que la izquierda abertzale no haya condenado aún la actividad terrorista de ETA ni le haya pedido su desarme. «Usted habla de una trainera, pero algunos reman en contra. ¿Qué está haciendo para que eso se produzca? Ese es un macroacuerdo que podría desatascar el final de la violencia», le dedicó a Fernández.
El secretario de Paz y Convivencia replicó que cada cual debe asumir su responsabilidad, al tiempo que consideró que la izquierda abertzale «ha dejado pasar otra ocasión» para pedir a ETA su desarme. «No hace falta dar triples mortales, pero sí que cada vez seamos capaces de dar pasos pequeños», expresó.
El portavoz de EH Bildu en la comisión, Julen Arzuaga, que rechazó que ETA tratara de «imponer» con las armas un proyecto político «totalitario», destacó la «buena voluntad» con la que se ha elaborado el borrador del plan. Ahora bien, enumeró algunas de las que, a su juicio, serían sus «deficiencias». Entre otras, que no entre a valorar las «causas del conflicto» ni tampoco aborde el «repliegue» de las Fuerzas de Seguridad del Estado o la «desaparición» de los «tribunales de excepción».
Los socialistas, por su parte, insistieron en que lo importante no es el desarme «sino la disolución incondicional de ETA» y anunciaron que afrontarán el plan desde una actitud «constructiva, pero exigente». «Estamos dispuestos a parar y sumar así a la izquierda abertzale, pero no a dar pasos hacia atrás», precisó Ares. Como exconsejero de Interior, no dudó en criticar el programa incluido en el plan para la «formación en derechos humanos y bases éticas» de los ertzainas. Como también tildó de «poco riguroso» el informe sobre vulneraciones de derechos humanos que el Gobierno dio a conocer el viernes. «Consenso, sí, pero sin ambigüedad –añadió Ares–. La Historia es clara».