EL CORREO 11/03/14
· El Ejecutivo asume que es inviable una ley como la irlandesa, que evita condenas a partir de pruebas halladas en las armas entregadas
«Hay que ver si esas armas se han usado en atentados que están por esclarecer, y eso necesita de un marco de seguridad, de cobertura legal», apuntó Urkullu en declaraciones a ‘Deia’. Fuentes consultadas en el Gobierno vasco explicaron a este periódico que la entrega de armas por parte de ETA es «la única manera» de «garantizar el principio de verdad, justicia y reparación» a las víctimas –especialmente, la verdad– como elemento esencial de la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi. El lehendakari y Jonan Fernández, –que trabajan codo con codo en estos temas siempre con el espejo de otros procesos de desarme como, sobre todo, el irlandés–, buscan que las armas sirvan para arrojar luz sobre la autoría de crímenes cometidos hace años. Una pretensión que entronca directamente con la iniciativa que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado martes para encargar un informe a expertos de reconocido prestigio que cuantifique los atentados pendientes de resolución desde 1960 y sirva para elaborar un mapa cuyo valor sería sobre todo simbólico y recopilatorio. El Gobierno asume, de hecho, la dificultad de que su aportación sirva para emprender una investigación efectiva y con resultados de los más de 300 casos inconclusos que ha contabilizado la AVT.
En el esquema del Gobierno vasco, que bebe directamente de los acuerdos de Viernes Santo irlandeses y del proceso de desarme del IRA, la inutilización de los arsenales debería ir acompañada de una ley ‘ad hoc’ que garantizara que el armamento entregado no será utilizado como prueba para incriminar y condenar a nadie aunque arroje nueva luz sobre la autoría de los crímenes. No obstante, y aunque el Gabinete Urkullu vería con buenos ojos ese recurso al concepto de Justicia transicional tradicionalmente defendido por la izquierda abertzale para facilitar un desarme rápido y completo, tiene asumido que plantear en Euskadi medidas legales excepcionales, «como se hizo en Irlanda, Sudáfrica o Sri Lanka» en este momento es «imposible, absolutamente inviable». El Gobierno vasco es consciente de que, aunque Sortu sin duda apoyaría una iniciativa de esa calado, el Gobierno central, el PP y el PSOE la rechazarían de plano por considerar que abre la puerta a la impunidad.
Y el lehendakari, que cuenta con la complicidad explícita del PSE en materia de pacificación y con la ‘no beligerancia’ de Mariano Rajoy, quiere ahondar en esa vía y no debilitar el frágil consenso de mínimos que parece haber alcanzado con socialistas y populares. «La actitud del Gobierno español y especialmente la de su presidente ha sido mucho más medida que la reacción del PP o incluso del ministro del Interior», ha reconocido este fin de semana el lehendakari, que incluso ha admitido que Rajoy está «dejando hacer» en la gestión del final de ETA aunque «no avale ni aplauda» la vía emprendida. Urkullu aseguró asimismo que «quiere pensar» que su reunión del 4 de febrero con el jefe del Ejecutivo central ha servido para que su Gobierno «pueda seguir trabajando sin excesivas críticas por parte del PP y pensando en que esto pueda redundar en un beneficio para todos».
«No merece la pena»
De hecho, en el último Debate sobre el Estado de la Nación el presidente del Gobierno omitió el asunto de los verificadores, en plena marejada política por el viaje del lehendakari a Madrid para arropar a Ram Manikkalingam y sus compañeros tras ser citados a declarar en la Audiencia Nacional. En lugar de mostrarse crítico y ácido, como habían hecho compañeros de filas como Dolores de Cospedal, Rajoy prefirió limitarse a despachar el asunto con un lacónico «no merece la pena», una actitud que se ha interpretado en Ajuria Enea como una declaración de intenciones para no entorpecer la escenificación del final de ETA. En ese contexto debe interpretarse también el énfasis que Lehendakaritza pone ahora en la utilidad del desarme para contribuir a certificar la autoría de ETA en atentados que permanecen envueltos en sombras, lo que revestiría al desarme de cierta utilidad para las víctimas. Más dudoso parece que, a estas alturas, las pistolas y subfusiles de los que se desprenda ETA contengan huellas que aporten nuevas pistas.
Lo que tampoco aclara el Gobierno vasco, por ahora, es en qué consistiría exactamente la «cobertura legal» que Urkullu reclama para un proceso de desarme no reconocido oficialmente por el Gobierno central. El Ejecutivo no explica si deberían ser los verificadores, que declararon en la Audiencia Nacional que ETA volvió a llevarse las armas inutilizadas en una caja de cartón, quienes ejerzan de depositarios temporales de las armas y si deberían ponerlas a disposición de las autoridades policiales y judiciales.