EL MUNDO 29/03/14
· Santamaría pide a CiU aclarar su posición y ofrece diálogo dentro de la Constitución
El Gobierno tiende la mano a la Generalitat pero advierte de que su margen de maniobra siempre se situará dentro del terreno que delimita la ley. Este es el mensaje que ayer reiteró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la vista puesta en el debate que el 8 de abril se producirá en el Congreso de los Diputados sobre la petición del Parlament de transferir al Ejecutivo autonómico la competencia para celebrar un referéndum de autodeterminación.
Nada hay que negociar sobre esta demanda. La posición del Gobierno central es clara y, además, cuenta con el aval «unánime» del Tribunal Constitucional: es «imposible» autorizar la consulta. Así lo recalcó ayer Santamaría quien, sin embargo, sí abrió la puerta a un diálogo «sobre cualquier asunto dentro de la Constitución y las leyes».
Y una mejora en la financiación catalana cae de lleno en este terreno, máxime cuando el Gobierno debe iniciar ya la revisión del modelo en vigor y, además, plantear una reforma del sistema tributario.
Ayer, fuentes gubernamentales señalaron que éste es un momento propicio para que Artur Mas reflexione y aclare su posición, puesto que «la mejoría en las cuentas del Estado empieza a ofrecer un margen económico que hace apenas un año no existía y que abre la posibilidad a atender las necesidades y los requerimientos de las comunidades autónomas».
En este sentido, Santamaría instó al propio Mas a explicar «en qué posición se encuentra», habida cuenta de que los representantes de CiU en el Congreso no dudaron en pedir el jueves en sede parlamentaria un concierto económico para Cataluña. La idea quedó sobre la mesa como evidente alternativa al proceso soberanista.
Así lo entendieron en el Ministerio de Hacienda, donde calificaron el «lance político», protagonizado por Josep Sánchez Llibre, de «interesante». «Si sólo contemplan el camino de la independencia no tiene sentido que hagan estas propuestas; si las ponen sobre la mesa es porque no abandonan otras vías», apuntaron.
En cualquier caso, el Gobierno se mantiene a la espera, consciente de las diversas posiciones que conviven entre las fuerzas catalanas que apuestan por el derecho a decidir. Las diferencias se aprecian incluso dentro de la propia Generalitat. Ayer, por ejemplo, el portavoz de Presidencia, Francesc Homs, descalificó de inmediato la posibilidad de contemplar una mejora en la financiación catalana como alternativa al reto independentista. «No estamos dispuestos a cambiar democracia por cuatro cuartos», avisó.
Más prudentes fueron las palabras del president: «Nosotros como país no podemos menospreciar una oferta que pueda llegar del Estado, pero debe ser una propuesta de todo el Estado y debe votarse en las urnas». El portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, apuntó en la misma dirección, aunque también apostilló que las demandas catalanas no pasan sólo por una mejora de la financiación porque «nunca la especificidad nacional catalana, más allá del tópico, ha sido el dinero».
Desde La Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno no dejó lugar a dudas: «Nuestra posición es clara y reiterada: para dialogar dentro de la Constitución y las leyes nos tiene cualquier Administración pública pero», añadió, «después de lo que oímos ayer [por el jueves en el Congreso] son otros los que tienen que explicar dónde están».
En este sentido, Santamaría aseguró que la posición del Gobierno será todo menos ambigua en el debate del 8 de abril y aprovechó para urgir a Artur Mas a aclarar por qué no acudirá al Congreso a explicar «lo que considera uno de sus grandes proyectos políticos».