No habrá asunto más importante que pueda requerir el liderazgo de un Gobierno que una pandemia asesina como la que padecemos desde el pasado mes de marzo. Es tan grave que por dos veces ha tenido que activar poderes excepcionales, previstos en la Constitución, a través de la declaración del estado de alarma. Entre marzo y junio de este año, el Ejecutivo, a veces con incomprensiones de las comunidades autónomas y con un irresponsable obstruccionismo parlamentario (de sus socios y de la oposición), hizo lo que debía aunque la autoridad única delegada (ministerios de Sanidad, Defensa e Interior) pudo cometer errores quizás inevitables dadas las circunstancias. Pero el peor yerro de todos los posibles es el que está perpetrando ahora, al pretender retirarse del liderazgo del manejo de la catástrofe sanitaria que padecemos, apelando a dos falsedades.

La primera falsedad es que en España se dan las condiciones propias de un Estado que permita la cogobernanza. No es cierto. El cogobierno no es posible cuando las medidas excepcionales de restricción de derechos fundamentales que exige la pandemia corresponden al Gobierno central y su prórroga y fiscalización al Congreso de los Diputados. Las autonomías solo pueden ser —debidamente coordinadas— las administraciones que gestionan el servicio público de salud que les está transferido. En nuestro ordenamiento jurídico, están presentes los mandatos de coordinación y colaboración entre las administraciones públicas, pero no existe norma alguna que refiera, delimite o nutra de contenido el inventado concepto de la cogobernanza. Las competencias últimas y esenciales corresponden al Gobierno.

También es una falsedad jurídica y política que el Consejo Interterritorial de Salud sea un ‘órgano federal’ que adopte acuerdos vinculantes. Dicho consejo sectorial está previsto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo define como “el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de Salud entre ellos y con la Administración del Estado” y su finalidad está muy lejos de la que le atribuye el Gobierno, porque tiene como objetivo “promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado”.

El reglamento de este consejo no puede ser más expresivo: en su artículo 14, establece que sus acuerdos “se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”. De una interpretación literal, se deduce que las recomendaciones no son mandatos y que el consenso no es un régimen de mayorías sino una expresión equívoca. O por decirlo en otras palabras: los presidentes autonómicos no están constreñidos a actuar como indica el consejo porque lo que se recomienda no impone sino que sugiere o aconseja.

Este miércoles, no hubo acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud. Al documento de medidas que presentó el ministro de Sanidad se opusieron nada menos que los consejeros de salud de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y Ceuta, y se abstuvo el de Murcia. ¿Adónde vamos con este modelo de gestión de la pandemia? ¿Acaso no repara el Gobierno en que crecen la confusión, las contradicciones y el desconcierto? ¿Es posible que se afronte con eficacia esta catástrofe con una dispersión de criterios —cuando no colisión— que causa perplejidad e indignación en los ciudadanos?

El Gobierno vasco ha pedido que se dicte un nuevo decreto de alarma que contemple el confinamiento domiciliario —ahora solo está permitido el nocturno, mal llamado ‘toque de queda’— y el presidente de Castilla-La Mancha ha pedido una “batuta nacional” ante los 17 modelos de gestión de la pandemia, mientras Pedro Sánchez, para salvar los muebles dialécticos del Ejecutivo, se refería a la “estrategia nacional” adoptada para combatir el coronavirus. No hay tal.

Resulta evidente que el actual estado de alarma —con medidas restrictivas a la carta en función de los criterios de cada una de las autonomías— está creando una sensación de desorden incompatible con la gravedad de la crisis. Inquieta la divergencia de opiniones entre los presidentes autonómicos que consideran adecuado un nuevo confinamiento y aquellos otros que lo descartan por el momento, mientras el Gobierno se limita a pedir tiempo para comprobar si este modelo de falsa cogobernanza regido por un consejo falsamente federal funciona por casualidad o no le queda más remedio que intervenir de una forma muy similar a como lo hizo entre marzo y junio.

El Ejecutivo —y lo saben sus miembros, empezando por el presidente— está naufragando en este crucial asunto. Fue incomprensible la delegación en el ministro de Sanidad de la defensa de la prórroga de la alarma en el Congreso; lo fue mucho más que Sánchez se ausentase del hemiciclo sin escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios; fue abusiva la prórroga de seis meses que temerariamente aprobó la Cámara, y fue una dejación culpable de funciones remitir al Consejo Interterritorial de Salud la capacidad de prescribir en marzo si la alarma se levantará o se prolongará hasta el 9 de mayo. El Gobierno está francamente desacertado y opera sobre realidades políticas y jurídicas inconsistentes y falsas.