Estamos con la mosca detrás de la oreja desde que aquel ministro de Justicia, Campo, pronunciara esta frase inconcebible: «Frente a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente». Ese debate lo tuvieron las Cortes salidas de las elecciones generales del 77, y ya. En las del 79 la Constitución ya estaba vigente, y ahí sigue. No faltaron benévolos exégetas: lo que Campo quería decir es que… Pero no traducían a un ministro de Consumo cualquiera, a quien se le perdonan las faltas de precisión terminológica porque ya se sabe. Era el de Justicia, y lo era con justicia dada su formación. Si ha habido algún miembro de gabinete sanchista consciente de las connotaciones de la voz ‘constituyente’, ese es Campo. Aun así, en otras circunstancias habríamos dado por descontado que el hombre acababa de sufrir un lapsus. Tres veces seguidas, ciertamente un lapsus contumaz, pero lapsus al fin.

Solo que las circunstancias de entonces y de ahora, que no son mejores, presentan los rasgos de un proceso constituyente informal en su primera fase, la del vaciado de sentido de la Constitución. Este punto merecería un ensayo y esto es una columna, conformémonos con un par de ejemplos. El lector tendrá que poner de su parte y considerar lo que significa: uno) dictar conscientemente decretos inconstitucionales a sabiendas de que cuando llegue la sentencia de TC ya habrán producido sus efectos; dos) negociar en una mesa ajena a cualquier cámara legislativa un marco estable en que el secesionismo pueda estar cómodo, cuando es manifiesto que nunca lo estará bajo el Título VIII de la Constitución (De la Organización Territorial de Estado), por no mencionar el Título Preliminar.

Esa disposición a aprobar decretos inconstitucionales no es un juicio de intenciones: en cuanto a los relativos al Estado de Alarma, Sánchez ha declarado que volvería a tomar la misma decisión. Es fácil imaginárselo junto a sus socios golpistas afirmando a coro, desafiantes: ‘Ho tornaren a fer!’ Lo de la mesa es autoevidente, existe y los socialistas no han ocultado nunca que se trata de devolver la vigencia, por otras vías, a los artículos del Estatut que el TC declaró inconstitucionales. Existe y sirve, entre otras cosas, para que el Gobierno se comprometa a la pasividad ante el incumplimiento flagrante y farruco de sentencias judiciales firmes que atañen a la lengua vehicular en la escuela.

He presentado ejemplos poco discutibles, hechos conocidos sobre los que es imposible no reparar y que encajan con una crisis constituyente. También con un debate constituyente en el que solo participan los representantes de media España, como si buscaran caer cuanto antes en el peor error de la II República: no ser un régimen para todos, buscar fundamento en la ilegitimidad crónica de la derecha. Todo fuera de los cauces constitucionales. Kelsen lo llamaría golpe de Estado o revolución.