EL Congreso aprobó ayer con los votos del PSOE, Podemos y los partidos independentistas las reformas diseñadas para dar por inutilizado el delito de sedición, reducir las penas de malversación para beneficiar a los líderes separatistas condenados, y como colofón, las enmiendas al Código Penal con las que Pedro Sánchez altera por la puerta de atrás, sin el debido debate reglamentario y con urgencia, el sistema constitucional de mayorías para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Tienen razón el PP, Vox y Ciudadanos cuando argumentan que lo ocurrido esconde un fraude de ley. Pedro Sánchez no solo ha utilizado una ley ajena y carente de la oportuna conexión jurídica para ‘colgar’ de manera subrepticia dos reformas que inutilizan funciones esenciales del TC y del Consejo General del Poder Judicial, sino que además lo ha hecho hurtando a la oposición su función propia de representación política. Los visos de ilegalidad son evidentes: desde ahora se pretende impedir al TC que pueda dar su aval de idoneidad a los nuevos miembros, de modo que bastará con que Sánchez otorgue esa idoneidad por sí y ante sí; el TC ya no se reformará por tercios de sus doce magistrados, sino que será posible hacerlo de forma sesgada y por sextos, al capricho del Gobierno; y se romperá la mayoría necesaria de tres quintas partes del CGPJ para que pueda designar a sus magistrados por mayoría simple. Todo responde al diseño de una justicia a la medida de Sánchez con un imposible encaje constitucional, y negando a la oposición su papel fiscalizador en el propio Parlamento cuando, como en este caso, lo legislado es tan sesgado.

De momento, el TC ha aplazado al lunes la votación de la medida cautelarísima con la que el PP pidió paralizar esta «invasión» al TC y al Poder Judicial. El TC, muy tensionado y profundamente dividido entre seis magistrados conservadores y cinco progresistas, actuó con prudencia y con un sentido del decoro institucional que por desgracia no demostró Meritxell Batet en el Congreso. Batet se negó a aplazar la votación, como habría sido lógico, y provocó una bronca parlamentaria. Son demasiado evidentes las prisas del Gobierno. En cualquier caso, eso no altera las cosas. El trámite de este intento de asalto al TC estará vigente hasta que el día 22 se vote en el Senado, y para entonces se conocerá si el Constitucional ha paralizado todo o no. Sin prejuzgar lo que ocurra, Sánchez ha forzado el sistema parlamentario al límite y situado a la democracia en un momento crítico.

Ayer el PSOE y sus socios, tan obsesionados con dar un vuelco a la justicia aun saltándose leyes vigentes, acusaron al PP y a los jueces de ser «golpistas». El PSOE llegó a equiparar al PP con Tejero en 1981: «Entonces fue con tricornios, y hoy con togas». Es inaceptable. No vale todo. La involución del sistema proviene precisamente de quien hace esta acusación. Si los jueces hubiesen querido dar ese absurdo «golpe de Estado», hace tiempo que habrían tumbado la reforma de Sánchez que maniató al CGPJ, y desde luego no habrían aplazado su votación de ayer tras la amenaza de los jueces progresistas de abandonar el Pleno, algo muy poco democrático por cierto. Quienes sostienen que hay un golpe desde la Justicia contra el Congreso mienten: son instituciones que solo se defienden de un acoso inédito en 40 años.

Sánchez argumenta que el Congreso es soberano y que los jueces no pueden injerir sobre sus decisiones. Es falso. Son poderes independientes del Estado que sirven de contrapeso entre sí, y más aún cuando se legisla de espaldas al procedimiento establecido, de forma contraria a la doctrina del TC, y pervirtiendo el propio espíritu de las normas por oportunismo político. Pero es que además, el TC no es ‘poder judicial’, sino un órgano esencial que tiene encomendado, entre otras funciones, establecer criterios de legalidad sobre los procedimientos parlamentarios. Y si estos se vulneran, está perfectamente habilitado para impedirlo. Pronto ha olvidado el PSOE que antes defendía lo que ahora critica. Olvida que en septiembre de 2017, el Parlamento catalán –en efecto soberano, y en efecto por mayoría legítima– aprobó varias normas de ‘desconexión’ para permitir un referéndum de autodeterminación. El TC las anuló en su tramitación, y el PSOE aplaudió. Y tenía lógica porque lo aprobado era flagrantemente ilegal. Por tanto, ningún Parlamento tiene primacía sobre otros estamentos del Estado que están precisamente para vigilar, supervisar e impedir vulneraciones de ley. Eso solo ocurre en las democracias orgánicas. No todo lo que aprueba un Parlamento es legal por el mero hecho de gozar de mayoría. El principio de legalidad, que es el que ahora se conculca, está por encima de la acción política y las mayorías. Es simplemente la virtud de la separación de poderes.