El Govern estudia avanzar la celebración del referéndum por la independencia para antes de verano para contrarrestar el juicio de la semana que viene contra Artur Mas o la eventual inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. De esa forma, estrecharían el calendario y limitarían la respuesta del Gobierno o del Tribunal Constitucional (TC) a la votación.
La portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, admitió ayer por primera vez de forma oficial que el adelanto de la votación –prevista para la segunda quincena de septiembre– planea sobre la mesa del Govern: «La fecha debe estar al servicio de la estrategia», dijo la también consejera de Presidencia.
El Ejecutivo catalán dio ayer el paso después de que la CUP presionara para que el referéndum se celebre en mayo. Tras salvar la legislatura al dar el sí a los presupuestos de la Generalitat para este año, los anticapitalistas han pisado el acelerador y sostienen que no existen «excusas para dilatar» la convocatoria del referéndum, una vez certificada la falta de diálogo con el Gobierno.
Inicialmente reticentes, en ERC –socios en el Govern de Junts pel Sí (JxSí)– también se sumaron ayer a la propuesta de avanzar la votación. El presidente de su grupo en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró que «todo se puede precipitar» si el Gobierno y la Justicia mantienen su «violencia judicial».
La portavoz del Govern se cuidó ayer de especificar si la decisión está ya tomada. Munté flirteó con la idea, aunque se enrocó en que, «como máximo», la consulta popular se llevará a cabo en septiembre. Sin embargo, sí admitió que la actual situación política y judicial son elementos lo bastante «excepcionales» como para tomar decisiones del mismo calibre.
La portavoz del Govern enumeró ayer en rueda de prensa los elementos que podrían decantar su decisión. Entre otros, mencionó de forma específica el resultado del juicio que el ex president Mas y dos ex consejeras –Joana Ortega e Irene Rigau– afrontan a partir del lunes por convocar en 2014 la consulta alternativa del 9-N. «Se viven circunstancias muy excepcionales por la extrema judicialización de la vida política catalana», dijo Munté. También aseguró que, llegado el momento, el Govern tendrá «todo listo» para dar el paso. Entre otros aspectos, la ley de Transitoriedad Jurídica con la que aspiran a dar el salto de la legalidad española a una legislación catalana.
La estrategia del Govern ante las inhabilitaciones la avaló ayer también su vicepresidente, Oriol Junqueras. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el también responsable de Economia dijo que adelantar el referéndum sería «la mejor respuesta» a una sentencia contra Forcadell. «Si el Estado inhabilita a la presidenta del Parlament, si se quiere dar alguna respuesta, la mejor, la más potente y las más fuerte sería avanzar» el referéndum. Junqueras también anunció que el contenido de la campaña soberanista para promover el sí a la independencia y convencer a los indecisos se conocerá a partir de abril.
El ex president de la Generalitat Artur Mas también alimentó ayer la posibilidad del adelanto. «Puede ser antes [de septiembre], en torno al verano. No será en febrero ni en marzo, y como agosto no puede ser, ustedes mismos», dijo en una entrevista en Onda Cero.