La Generalitat copia la estrategia de Artur Mas para tratar de eludir responsabilidades por la celebración del 9-N. En su declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el juicio por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir el 9-N, el ex president aseguró que toda la organización corrió a cargo de los voluntarios y que él se limitó a ser el ideólogo del proceso participativo. De esta forma intentó descargar la responsabilidad para evitar una condena, pese a que finalmente no lo consiguió y fue inhabilitado para ejercer cargo público.
Ahora la Generalitat calca su planteamiento de echar balones fuera en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas por posibles responsabilidades contables en el 9-N, aunque deja expuestos a los funcionarios que autorizaron las partidas presupuestarias para la consulta. Esta decisión también podría tener consecuencias respecto a las personas que firmen documentos públicos relacionados con el referéndum del 1 de octubre.
El pasado 18 de mayo, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron ante el Tribunal de Cuentas una reclamación patrimonial contra los condenados por desobedecer al Constitucional al facilitar el 9-N, Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. A la reclamación se sumaron posteriormente la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los denunciantes consideran que los ex cargos del Govern condenados pudieron malversar fondos públicos al destinar 5,1 millones de euros a este proceso participativo y que lo hicieron aprovechando su superioridad jerárquica respecto a personal de la administración y entes dependientes. La denuncia no cerraba la puerta a reclamar esta responsabilidad contable también a funcionarios que colaboraron en las decisiones sobre el 9-N.
Y ha sido la propia Generalitat la que ha dado una pista sobre los empleados públicos afectados. Hace unas semanas, la Administración catalana presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas en la que reclamaban el archivo del procedimiento, ya que consideraban que la actuación fue correcta. El ex secretario general del Departamento de Gobernación y actual jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve, certificó que «todos los expedientes administrativos de contratación y expedientes económicos asociados, fueron debidamente fiscalizados por la intervención delegada del Departamento», por lo que consideraba que actuaron siguiendo las recomendaciones de los interventores adscritos a las consejerías implicadas en la preparación del 9-N .
El escrito presentado por los letrados de la Generalitat detalla que «los gastos vinculados inicialmente a la consulta y con posterioridad al proceso participativo estaban previstos en las partidas presupuestarias y fueron intervenidos y aprobados» por estos funcionarios. Incluso en los expedientes aportados al Tribunal de Cuentas se remarca que los expedientes de contratación tenían «el correspondiente certificado de existencia de crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria».
La ley que regula el Estatuto de la función interventora en Cataluña indica que «corresponde a la Intervención General de la Administración, como centro de control interno, la intervención y fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir gastos»; por lo que son estos funcionarios los que deben garantizar la legalidad de estas adjudicaciones. Según fuentes jurídicas, los interventores deberían haber paralizado la tramitación de estos expedientes de contratación del 9-N si hubieran observado insuficiencia presupuestaria y deberían haber dejado constancia de la irregularidad.