Ayer se cumplieron dos años de la consulta del 9-N y uno de la declaración soberanista aprobada en la misma fecha por el Parlament y posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional. Esas efemérides, y las últimas acciones judiciales emprendidas contra dirigentes independentistas catalanes, empujaron ayer a Carles Puigdemont a ratificar que convocará el referéndum de autodeterminación en 2017. El presidente de la Generalitat blandió la votación secesionista como «la mejor respuesta» a la «persecución de demócratas» que, a su juicio, realiza el Estado.
El jefe del Ejecutivo catalán decidió reafirmarse en la convocatoria del referéndum durante la sesión de control celebrada ayer en la Cámara catalana, una sesión en la que la CUP volvió a exigir al Govern pruebas de que, llegado el momento, desobedecerá al Gobierno para culminar el proceso soberanista.
La brecha entre la formación antisistema y Junts pel Sí continúa abierta una semana después de que la alcaldesa de Berga fuera detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante el juez para explicar por qué mantuvo colgada la estelada en su Ayuntamiento durante las jornadas electorales del 27-S y el 20-D. Ayer, Puigdemont defendió la «actuación escrupulosa» de la policía autonómica y sostuvo que la implicación del Govern en la detención de la edil de la CUP fue «cero» porque fue la autoridad judicial quien ordenó practicar el arresto a los Mossos, que se limitaron a acatar. Realizada la precisión, el president trató de tranquilizar a la CUP y subrayó que «la posición política» del Gobierno catalán «es clara e inequívoca» y lo continuará siendo cuando sea necesario defender a los cargos electos que desafíen al Estado para proclamar la independencia.
Fue entonces el momento de recurrir a los reproches contra el Gobierno de Mariano Rajoy, al que Puigdemont recriminó no haber cedido para acordar la celebración de un referéndum independentista pactado. El presidente de la Generalitat cuestionó que en el conjunto de España exista separación de poderes, al contrario, dijo, de lo que ocurre en Cataluña. Puigdemont acusó a Rajoy de dirigir la acción de la Justicia y lamentó que, dos años después de la consulta del 9-N, el jefe del Ejecutivo central sólo haya ofrecido una respuesta «judicial y penal» al desafío independentista.
En esa respuesta judicial incluyó Puigdemont la detención de la alcaldesa de Berga, pero también la tramitación del suplicatorio contra el ex consejero de Presidencia del Govern, Francesc Homs, por su implicación en la consulta del 9-N. Tramitación que el martes aprobó el Congreso con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, como se encargó de recordar Puigdemont.
Con esos ejemplos y el juicio contra Artur Mas en la retina, Puigdemont censuró las «malas artes» del Estado para actuar contra aquellos «que han hecho una cosa tan esotérica en la democracia española como cumplir el programa electoral y el clamor de la ciudadanía». El presidente de la Generalitat llamó, entonces, a los diputados independentistas a mantenerse «fieles al encargo del Parlament» y «convertirlo en una realidad impulsando el referéndum en 2017».
Puigdemont demostró que sus esfuerzos se centran exclusivamente en continuar avanzando en la hoja de ruta pactada con la CUP. Ayer el presidente del Govern confirmó que no asistirá a la cumbre de presidentes autonómicos que Rajoy convocará para abordar la financiación autonómica y a la que Mas sí acudió en su día. Puigdemont defendió que ese tipo de cónclaves pertenecen al «autonomismo más rancio» y sólo se mostró dispuesto a mantener una relación bilateral con el presidente del Gobierno.
Ciudadanos y el PSC afearon a Puigdemont de ser un presidente «ausente» que «sólo quiere hablar de independencia». Inés Arrimadas le acusó de «desatender» sus responsabilidades y Miquel Iceta le instó a «dejar que otros defiendan los intereses de Cataluña si no se siente capaz de hacerlo».