La Generalitat ha pedido que deje de perseguirse como delito la quema de fotos del Rey, una causa por la que hay investigados en Cataluña cinco jóvenes independentistas y por la que podrían ser imputados también cargos electos de la CUP.
El conseller de Interior, Jordi Jané, cuestionó ayer la existencia del delito de injurias a la Corona y reclamó que se acabe con el «exceso de judicialización» de estos actos. «Que se quemen o rompan fotos de nadie no es una actitud que me guste, ¿pero ha de ser esto delito? ¿Ha de ser perseguido penalmente?», se preguntó Jané en rueda de prensa en Vila-Seca (Tarragona). También sostuvo que el delito de injurias a la Monarquía podría «colisionar con la libertad de expresión o el derecho a la información» y recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuenta con jurisprudencia sobre el exceso de celo a la hora de «sobrepoteger» a los jefes de Estado»,
Las palabras del máximo responsable político de los Mossos d’Esquadra coinciden con la ralentización que la Policía de la Generalitat imprime a causas vinculadas con la quema de retratos de Felipe VI que se llevó a cabo en municipios de toda Cataluña el pasado diciembre. Como avanzó ayer este diario, los Mossos dilatan nuevas imputaciones al enviar a la Audiencia Nacional únicamente vídeos en bruto y fotografías de implicados en la quema de fotos –entre ellos cargos electos de la CUP–, pero sin ninguna identificación, pese a que así se lo reclama la Fiscalía del tribunal. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también ha reclamado a los Mossos que elaboren un informe sobre los seis diputados del partido anticapitalista que el pasado 12 de diciembre rompieron imágenes del Rey en el Parlament.
Las trabas que los Mossos ponen a la persecución de delitos de injurias a la Corona se han incrementado conforme se acerca el final de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat entre Junts pel Sí y la CUP. El Govern cuenta sólo con dos semanas para lograr un pacto con el partido anticapitalista, que decidirá sobre su voto el sábado 28 de enero. Si los Mossos vuelven a detener a un militante de la CUP, la negociación podría romperse.
En diciembre, la Policía catalana fue muy criticada por la izquierda independentista por detener, por orden de la Audiencia Nacional, a tres militantes de la CUP y al concejal de Vic, Joan Coma, por un delito de sedición. Desde entonces, la presión sobre el cuerpo ha sido una constante para que no cumplan órdenes de ese tipo. Una muestra de que Govern y CUP han acercado posiciones en ese ámbito la dio ayer el diputado Benet Salellas, que en una entrevista en el canal 3/24 agradeció las palabras de Jané: «Está bien que la Conselleria se posicione políticamente, es una de las cosas que siempre pedimos».