EL MUNDO – 16/09/15
· La suspensión cautelar de la ley catalana de Hacienda acordada por el Tribunal Constitucional (TC) no ha movido un milímetro la posición del Govern.
· La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, aseguró ayer que su equipo de gobierno mantiene los planes para convocar el próximo octubre 60 nuevas plazas para dotar de más personal al proyecto de Hacienda catalana, una de las estructuras de Estado para una eventual Cataluña independiente.
El Govern no entiende que incurra en ningún tipo de desacato al desoír al Alto Tribunal. Según las propias palabras de la portavoz, la Generalitat parte de la convicción de que la ley aprobada en el Parlament de Catalunya está sujeta a una «legalidad absoluta». También confía el Ejecutivo catalán en que las alegaciones que presentarán sus servicios jurídicos en el procedimiento abierto lleven al Alto Tribunal español a corregir su postura de veto a parte de la ley de la Hacienda catalana.
El proceso para ampliar la plantilla de técnicos e inspectores tributarios de la Generalitat «no se frena», apostilló Munté, pese a que precisamente ése es el aspecto principal que el Constitucional estimó que podía llegar a ser discriminatorio con los trabajadores públicos. El Gobierno español recurrió en su momento la norma catalana por entender que la oferta que prevé para incorporar a inspectores y gestores de Hacienda actualmente al servicio de la Administración central se dirige sólo a quienes tienen «destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña».
En cualquier caso, Munté no quiso ayer precisar qué hará el Govern en caso de que sus alegaciones sean rechazadas, si el proceso de selección de personal quedaría alterado o seguiría igualmente su curso, informa Efe.
La portavoz del Govern aprovechó su rueda de prensa semanal para arremeter contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que ésta instara a la Generalitat a acatar la decisión del Constitucional. «Hay que tener coraje para pedirnos a nosotros que acatemos», dijo, después de considerar que es el Gobierno el que «incumple numerosas sentencias del Constitucional en materias muy sensibles». Según explicitó Munté, el Ejecutivo central habría hecho caso omiso a no menos de 10 sentencias tras sendos recursos de la Generalitat, todas ellas vinculadas a políticas sociales.
Con la campaña electoral en marcha, el Govern utilizó la decisión del Tribunal Constitucional para ampliar la lista de supuestos agravios contra Cataluña que atribuyen al Gobierno de Rajoy. La suspensión cautelar de la Hacienda propia se valoró desde el primer momento como una muestra más de la «asfixia» a la que, según los nacionalistas, somete el Gobierno del PP a Cataluña. De hecho, el mismo consejero de Presidencia de Mas, Francesc Homs, ha señalado en más de una ocasión que la misma Generalitat está intervenida de facto por los continuos recursos que los servicios jurídicos del Gobierno presentan ante el Constitucional.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, salió ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados en defensa de la decisión del TC. Tras recordar que fue el Gobierno el que llevó hasta el Alto tribunal la Agencia Tributaria catalana, consideró su actuación como «lógica» y «coherente».
EL MUNDO – 16/09/15