El ‘Govern’ desoye otras seis órdenes sobre el castellano

La reacción del Govern fue la respuesta a una nueva remesa de seis resoluciones judiciales que obligan a la Administración a garantizar que otros tantos alumnos cuyos padres acudieron a la Justicia reciban de manera proporcional la enseñanza en infantil, primaria y secundaria en ambas lenguas.

Las últimas órdenes judiciales en torno al conflicto lingüístico fueron hechas públicas ayer a mediodía por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), cuya sección 5ª -ya bregada en una lid completamente enquistada- ordenó a la Generalitat que garantice, «a través de las medidas que sean precisas», las clases en castellano y catalán como lenguas vehiculares únicamente para esos seis alumnos, sin afectación en el resto de sus compañeros de aula. Una exigencia que, en todo caso, sería «cautelar» a la espera de que se resuelva la impugnación de los padres ante una resolución de la Generalitat contraria a sus pretensiones.

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, sostuvo en una comparecencia convocada ayer tarde de urgencia que los recursos del Govern apuntarán hacia dichas «medidas cautelares», las cuales consideró que «carecen de sentido» porque «no existe ningún riesgo ni peligro» de que los alumnos no acaben dominando al final de sus estudios ambas lenguas.

La aplicación de las medidas cautelares también contó con la oposición de uno de los cuatro magistrados que firman las nuevas resoluciones contra el actual modelo. Así, el juez de sala Alberto Andrés Pereira emitió en cada una de las sentencias un voto particular a través del cual rechaza la «urgencia» a la hora de equiparar ambas lenguas, al considerar que «el auto va más allá», comportando «una suerte de ejecución anticipada de una sentencia».

La reacción de Rigau anunciando los recursos judiciales, en todo caso, no resulta ninguna novedad ya que la Generalitat ha asumido la estrategia de plantar batalla en los juzgados ante cada nueva sentencia contraria a un sistema que lleva implantado en Cataluña desde hace casi tres décadas.

Según señaló la titular de Enseñanza, a lo largo de todo este tiempo el modelo educativo catalán «ha demostrado ser un éxito», por lo que enmarca las peticiones de las seis familias en el campo «extraescolar», con intenciones más cercanas a la «política que a la pedagogía». Rigau aprovechó también para arremeter contra la reforma educativa del Gobierno, apuntando que «no es fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar en catalán».

La publicación de las nuevas sentencias también motivó la reacción de PP y C’s. Mientras los populares señalaron que «un gobierno que no cumple las leyes ni las sentencias no tiene legitimidad para exigir nada a la ciudadanía», C’s cree que el Govern comete un «delito de desacato».

EL MUNDO 05/01/13