EL CONFIDENCIAL 20/07/17
El Gobierno catalán estudiará solicitar a todos los trabajadores públicos de Cataluña una “nueva promesa o juramento de fidelidad” tras el referéndum del 1 de octubre si en este gana el sí. De este modo, se adaptaría el tejido administrativo a las nuevas circunstancias políticas de Cataluña, según manifestaron fuentes solventes a El Confidencial. La propuesta partió de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ha sido puesta sobre la mesa de los partidos soberanistas para que la aprueben. Otra cosa es que finalmente se obligue a los funcionarios a ese trámite, muy parecido al juramento de los Principios Fundamentales del Movimiento, de infausta memoria.
De hecho, la medida está contenida en un extenso informe sobre el estatus de los funcionarios durante el ‘procés’. En este informe se recomienda el juramento y se cita textualmente que se hace “de acuerdo con la nueva realidad estatal”. Los independentistas parten de la base de que se plantea un escenario “en el que —atendiendo a la casi absoluta seguridad de que no habrá una sucesión automática— puede darse el caso de que durante un periodo indeterminado y transitorio se produzca una duplicidad de organismos: los que el nuevo Estado habrá de poner en marcha y los que el Estado español se resistirá a abandonar del todo hasta el último momento”.
En ese ‘interregno’, los independentistas quieren que “los empleados públicos de las instituciones y organismos que se encuentren afectados por este previsible litigio han de tener garantizada, desde el primer momento, su pertenencia a la nueva Administración de la República catalana”. Reconocen, no obstante, que en ese periodo han de decidir en qué Administración se quedan: si en la española o en la catalana. “Se trataría de un derecho que habría de reconocer de forma expresa la Ley de Transitoriedad. Este derecho actuaría como expectativa que se consolidaría: o bien explícitamente, mediante una toma de posesión expresa; o bien implícitamente, ejerciendo el cargo”.
Ahí es donde se pretende que, para rematar el traspaso, se haga la nueva promesa o juramento de fidelidad a las instituciones del nuevo Estado catalán. Y ello porque “la solemne declaración de independencia [que quieren hacer pública inmediatamente después del referéndum] equivale a que Cataluña se convierte en un sujeto político y jurídico soberano y, por tanto, se convierte en un sujeto político en pie de igualdad con el resto de estados del mundo, de manera que las resoluciones que adopte son soberanas e inapelables”.
No hay que olvidar que en otro informe sobre la ‘Declaración de soberanía’, la ANC concluye que “en base a la legítima declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña del 23 de enero de 2013, el Parlament tiene toda la legitimidad del mundo para establecer un nuevo orden jurídico, una nueva legalidad, un nuevo marco jurídico que ampare cualquier disposición normativa que considere oportuno promulgar, incluida, naturalmente, cualquier convocatoria de una consulta o referéndum”. A esa nueva legalidad habrían de adherirse los trabajadores públicos después del 1 de octubre.
A la espera de la constitución catalana
En el informe sobre el estatus de los funcionarios, se reconoce también que todos los empleados públicos —tanto personal laboral como funcionarios— que presten sus servicios “en las instituciones estatales españolas, la Generalitat de Cataluña y en los entes locales de Cataluña y que hayan nacido o acrediten una residencia de manera efectiva en Cataluña durante un periodo de tiempo —que se habría de establecer por la Ley de Transitoriedad— adquirirán de manera automática la nacionalidad del nuevo Estado catalán, pudiendo continuar desarrollando sus funciones en las entidades locales o donde estén adscritos con anterioridad al día en que Cataluña se convierta en un Estado independiente”. Los soberanistas se comprometen a mantener a ese personal los derechos y categorías profesionales que tuviesen hasta ese momento.
A pesar de reconocer que los detalles del traspaso del funcionariado deberían incluirse en la Ley de Transitoriedad —que es la que aboliría la Constitución y el Estatuto—, los independentistas advierten de que las leyes vigentes en un primer periodo transitorio serían las mismas que rigen ahora. Así, el informe de la ANC explica que la legislación a aplicar el día siguiente a la independencia “sería la propia del Estado predecesor. Lo sería con carácter provisional y durante todo el tiempo en que no haya normativa propia. En este sentido, el legislador catalán habría de aprobar una disposición que reconociese la normativa española como ordenamiento provisional a la espera de la aprobación de una constitución que permitiese crear una legislación propia”.
No obstante, puntualiza que aunque en derecho internacional es una práctica generalizada el mantener de forma provisional la vigencia del régimen jurídico del Estado predecesor, en Cataluña se mantiene temporalmente “por un imperativo de seguridad jurídica”.
Blindar a los funcionarios
Los esfuerzos de los independentistas se dirigen ahora a intentar blindar las responsabilidades de los funcionarios que puedan participar en la organización del referéndum del 1 de octubre para que sus actuaciones no tengan consecuencias penales. En otro informe confeccionado el año pasado sobre esas responsabilidades penales de los trabajadores públicos, la ANC sostiene que los funcionarios que participen no estarán cometiendo ningún delito aunque el TC suspenda la consulta, porque “los trabajadores de la Administración pública que actúen lo harán en ejecución de alguna norma dictada por el Parlamento de Cataluña (…) En el caso en que por parte del Parlamento o el Gobierno de Cataluña las normas e instrucciones que se dicten sean precisas y concretas en relación a la norma a aplicar, desaparecerán los elementos básicos del tipo penal descritos, básicamente el de arbitrariedad y el de intencionalidad, ya que la actuación de los trabajadores de las administraciones públicas estará amparada por una norma, a la cual el órgano competente para dictarla le da vigencia”. Remata el texto diciendo que la actuación de los funcionarios “ha de hacerse al amparo de la normativa clara y precisa del Parlamento de Cataluña y del Govern y bajo su paraguas”.
En este texto, se destaca que “la desobediencia a una autoridad judicial española solo dejaría de ser delito si esta pierde su jurisdicción en Cataluña. Y esta es una cuestión que solo puede decidir, democráticamente, el Parlamento de Cataluña, en el momento en el que, si se da el caso, se proclame Cataluña como Estado independiente”. De ahí que, como consecuencia lógica, los independentistas aseguren que en cuanto se produzca la declaración de independencia (al día siguiente del referéndum) deja de aplicarse la legislación española y serán las instituciones catalanas (solo hablan de Parlamento y Gobierno, pero no de jueces) quienes decidan qué es legal y qué no.
El informe afirma que “seguramente, como medio de presión e intentando generar dudas y miedo entre los diferentes actores de la sociedad catalana favorables a la construcción de un nuevo Estado independiente, se iniciarán algunas diligencias penales y se investigará a funcionarios y autoridades (…) Por este motivo, es del todo necesario que funcionarios y autoridades conozcan en profundidad los elementos de los delitos que se les pueden imputar, para que actúen con toda libertad y en conciencia y no atemorizados ante una estrategia de Estado”.