EL MUNDO 28/11/14
· Mas insta por carta al Consejo del Audiovisual de Cataluña a que investigue a tres emisoras
El Govern exigió a varios medios privados publicitar gratuitamente la consulta alternativa del 9 de noviembre y ahora quiere sancionar a aquellos que no accedieron a su petición. Se trata de tres emisoras radiofónicas –la cadena Ser, la Cope y Onda Cero– que se benefician de una licencia otorgada por la Generalitat y que podrían enfrentarse a multas de hasta 90.000 euros si el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) lo considera oportuno.
El Ejecutivo de Artur Mas ha enviado una carta al ente regulador, dependiente de la propia Generalitat, para pedir que valore la apertura del procedimiento sancionador correspondiente. Para ello, se ampara en el artículo 82.1 de la Ley del Audiovisual de Cataluña, que reza: «Los prestatarios de servicios de comunicación audiovisual están obligados a difundir, gratuitamente, y con indicación de su origen, los comunicados y las declaraciones que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat estimen convenientes por causas justificadas de interés público». La clave está en considerar la consulta alternativa del 9-N un evento de «interés público» para justificar su promoción obligatoria.
De todas las televisiones y emisoras que se benefician de una licencia otorgada por el Ejecutivo catalán, sólo estas tres –la cadena Ser, la Cope y Onda Cero– se negaron a emitir dos cuñas radiofónicas sobre el proceso participativo del 9-N. Las demás, entre las que figuran los medios del Grupo Godó (Rac1 y 8tv) y Radio Teletaxi, programaron los anuncios institucionales del Govern, donde se llamaba a la participación durante la jornada de la consulta.
«Pido que valoréis la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a las persones físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, a quien se pueda atribuir la comisión, aunque sea por inobservanza», de acuerdo con el régimen sancionador establecido, reclama el secretario de Comunicación del Ejecutivo de CiU, Josep Martí, en una carta a la que ha tenido acceso este diario.
Según la propia Ley del Audiovisual de Cataluña, la «no difusión de las comunicaciones de interés público del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con los términos establecidos por esta ley», equivaldría a cometer una «falta grave», con multas que oscilan entre los 12.001 y los 90.000 euros. Más improbables serían las sanciones de cese de emisión, que se imponen cuando hay una reiteración de faltas por parte de un medio público o privado.
Pese a este requerimiento explícito del Govern al CAC, el ente regulador ya había iniciado de oficio el procedimiento para evaluar si se sanciona a estas tres emisoras, al recibir 60 quejas por la no emisión de la publicidad institucional sobre el 9-N.
La decisión final se votará en uno de los plenos del ente regulador, donde CiU tiene mayoría gracias al voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher.