EL MUNDO – 01/04/15
· Dice que no es necesario aumentar las horas en castellano porque ya se utiliza en el patio.
El Govern ha equiparado el tiempo de descanso de los niños en el recreo con el horario oficial de clases, para poder defender que el porcentaje de castellano que se enseña en las aulas catalanas es suficiente. La tesis, fijada por el departamento de Enseñanza que dirige la consejera Irene Rigau, figura en el recurso a una sentencia pionera a favor del bilingüismo, que obliga a la Generalitat a pagar casi 3.000 euros de indemnización a una familia por no escolarizar a un alumno en español.
El pasado mes de enero, se hizo pública una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenaba al Ejecutivo de Artur Mas a abonar 7,36 euros a una niña de Barcelona por cada una de las horas de clase que había dejado de recibir en castellano en el colegio concertado en el que cursaba Educación Infantil. Una sentencia que llegó después de que sus padres reclamaran una educación bilingüe para su hija durante el curso 2008-2009. Entonces, la Generalitat se escudó en la atención individualizada en castellano para defender su modelo de inmersión lingüística en catalán. Una solución desestimada por los tribunales, pero que el Govern utiliza siempre que puede para evitar las sentencias a favor del bilingüismo.
Como también acostumbra a ser habitual, la Generalitat recurrió la sentencia, que obligaba a indemnizar a la familia de la alumna con un total de 3.000 euros. Fue entonces cuando el Govern introdujo un argumento novedoso para justificar su política lingüística: que no se había contabilizado el tiempo del recreo como horario de castellano. «Se considera una actividad educativa integrada en el horario lectivo del alumnado y, por tanto, los centros tienen que velar por que se respeten los principios del proyecto educativo propio», reza el recurso presentado por el departamento de Enseñanza, al que ha tenido acceso este diario.
Abunda el Govern que el recreo «cumple la misma finalidad formativa de transmisión de valores y hábitos de comportamiento» que el horario lectivo. Por tanto, concluye que, «de acuerdo con la normativa vigente en ese momento», en el centro «la lengua castellana era vehicular».
La Generalitat defendió así las dos horas de castellano de las 25 semanales que la niña solicitante recibía en su escuela. En concreto, se usaba el español en natación y en la llamada «hora del cuento», mientras que el resto de las clases eran en catalán. «En la etapa de Educación Infantil, los contenidos educativos se organizan en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil», explica la Generalitat, para concluir que en esta fase «no hay propiamente materias» como en la Primaria o la Secundaria.
En este sentido, el TSJC dictamina que «la Administración no se halla habilitada para reglar el uso de las lenguas en el tiempo libre o de recreo de los alumnos». Además, la ratificación de la sentencia añade que «el recreo es el espacio propio de la autonomía individual, sin perjuicio del debido respeto a las pautas formativas y de convivencia, y por ello incide de forma relevante en el libre desarrollo de la personalidad que consagra al más alto nivel el artículo 10.1 de la Constitución». Por ello, «puede afirmarse que ni el proyecto educativo ni el lingüístico de cada centro docente pueden incidir en la lengua libremente usada en el tiempo de recreo de los alumnos».
El tribunal también defiende la indemnización por valor de 3.000 euros para la familia de la niña afectada. El cálculo se hizo a partir de lo que cuesta un curso de español en las escuelas oficiales de idiomas de Barcelona.
Esta sentencia, que también obliga a la Generalitat a pagar las costas judiciales por valor de 400 euros, abre la puerta a tener que indemnizar a otras familias que solicitaron el bilingüismo en las aulas desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que anuló algunos artículos del Estatut y estableció que el castellano también debe ser utilizado como lengua vehicular de la enseñanza. El TSJC ya fijó el año pasado un porcentaje del 25% de clases en castellano en cinco escuelas de Cataluña.
INVESTIGAN ‘TUITS’ OFENSIVOS POR EL 9-N
El fiscal contra delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha remitido a las fiscalías provinciales de Málaga, Toledo, Alicante, Sevilla y Cádiz varios ‘tuits’ injuriosos y ofensivos contra los catalanes. En un acuerdo, Aguilar detalla que un informe policial considera que estos ‘tuits’, denunciados en octubre de 2014 por la entidad Drets en vísperas de la consulta del 9-N, pueden constituir un delito y como se ha localizado a los presuntos autores en estas provincias se les remite la investigación para que sigan con las diligencias pertinentes. La Fiscalía de Barcelona ha acordado archivar el ‘tuit’ de un concejal del PP de Sabadell, también denunciado, tras considerar que no existían indicios de delito.