EL MUNDO – 12/02/17
· Directivos de la Generalitat cobran más de 130.000 euros, cuando el techo está en 109.000.
· La Generalitat lleva tres años infringiendo el límite salarial obligado para todos los directivos y altos cargos de los departamentos del Govern y de las empresas públicas que dependen de ellos. Dicho límite está situado en los 109.663 euros anuales que cobran los 13 consellers del Govern.
La medida presupuestaria debía aplicarse a partir de enero de 2014, tanto para quienes ya estaban en la estructura de la Generalitat como para las nuevas contrataciones. Pasadas dos legislaturas, sin embargo, los gabinetes de Artur Mas y de Carles Puigdemont han sido incapaces de aplicar en su totalidad un decreto aprobado por el Parlament de Catalunya. Paradójicamente, fue su grupo parlamentario –la extinta CDC, ahora PDeCAT– el que aprobó la medida con el apoyo de ERC.
El hecho de que la iniciativa siga siendo papel mojado es especialmente beneficioso para una docena de cargos que mantienen sueldos muy superiores a lo establecido. Según consta en el portal de transparencia de la Generalitat, siete de dichos directivos cobran entre 120.000 y 136.000 euros al año. Uno de ellos cobra más de 170.000 euros al año, según consta en la misma documentación.
Para hacerse una idea de la situación privilegiada de los 12 directivos frente al resto, basta recordar que el sueldo del president de la Generalitat –único exento de la limitación salarial al tratarse del máximo responsable del Ejecutivo– está situado en los 136.834 euros anuales. Los directivos contratados por el Govern desde enero de 2014 sí han adaptado sus sueldos hasta situarlos en el límite o por debajo.
Según avanzó EL MUNDO el pasado octubre, la oficina de Administración y Función Pública de la Generalitat tenía previsto tener el decreto elaborado para finales de 2016. De esa forma podría desplegarse en su totalidad, previsiblemente y como muy tarde el próximo mes de marzo. Puesto en contacto con el gabinete de prensa del Departamento de Gobernación en tres ocasiones, este diario no ha recibido respuesta alguna sobre en qué estado se encuentran actualmente los trabajos. Según fuentes de otro de los departamentos implicados, sin embargo, nada parece haber avanzado.
Para cerrar el círculo y lograr que los 12 directivos que cobran en exceso rebajen sus sueldos, primero debe elaborarse una nueva clasificación de empresas públicas, dependiendo de su presupuesto y el tamaño de sus plantillas. Todos los departamentos de la Generalitat deberán, entonces, validar la nueva organización. Algo que todavía no ha pasado.
El Govern no sólo incumple una norma aprobada por el Parlament en 2014. También falta a su propia palabra dada en sede parlamentaria al verse presionados por la oposición. Durante el Pleno del 6 de abril de 2016 la consejerade Gobernación, Meritxell Borràs, dijo que el decreto estaría plenamente desarrollado en un plazo de tres meses. Desde entonces han pasado 10.
La norma se incluyó en 2014 como una disposición adicional para los Presupuestos y fue ratificada en las cuentas de 2015, actualmente prorrogadas. Su creación perseguía un objetivo evidente: aplicar un recorte salarial a los directivos que fuera solidario con el tijeretazo que el Govern aplicó en las nóminas de los funcionarios.
EL MUNDO – 12/02/17