El ‘Govern’ ya prepara la ley de consultas para burlar al Estado

El Govern de la Generalitat pone en marcha toda su maquinaria legal para amparar la consulta que CiU y ERC han situado como epicentro de la presente legislatura. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, concretó ayer que el próximo jueves se empezará a redactar una ley de consultas que burle la doctrina del Constitucional sobre el referéndum y a la que Artur Mas se agarrará para preguntar a los catalanes sobre la independencia pese a la prevista oposición del Estado.

La normativa legal, que la pasada legislatura quedó pendiente de aprobación aunque ya existía una ponencia parlamentaria que inició su elaboración, se concibe como el marco para que el pueblo catalán pueda ejercer su «derecho a decidir», manifestó De Gispert.

La presidenta de la cámara autonómica dijo estar segura de que la nueva ley permitirá convocar la consulta sin ni siquiera pedir permiso al Gobierno. No obstante, se mostró partidaria de explicar al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy la senda que quieren emprender con o sin su beneplácito. No hizo otra cosa De Gispert que parafrasear lo anticipado por el presidente de la Generalitat horas antes, cuando avanzó que «los contactos con Madrid empezarán relativamente pronto».

Mas puntualizó que algunos de esos contactos «serán públicos y otros privados» y ofreció su mejilla más conciliadora al argumentar que «servirán para construir y mantener abiertos los puentes de diálogo y hablar de lo que dice la declaración de soberanía anteayer aprobada». El jefe del Ejecutivo catalán incidió en que su voluntad pasa porque la consulta de autodeterminación tenga «una base legal y acordada con el Estado», una afirmación en evidente contradicción con la vía alternativa que ahora se pone en marcha y que ayer su mano derecha desgranó.

El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, confió en la «competencia exclusiva de consultas que recoge el Estatut» para impulsar la nueva legislación, que a ojos del Govern amparará la llamada secesionista a las urnas. Además, el ideólogo de la huida soberanista que llevó a Mas a convocar elecciones concretó algunas de las características de la eventual consulta. La primordial fue la nueva admisión de que «no será jurídicamente vinculante». Sin embargo, Homs trató de restar importancia a este aspecto, aun resultando crucial. El consejero quiso dotar de mayor relevancia al «carácter vinculante desde el punto de vista político que representa escuchar la voz del pueblo».

El segundo rasgo precisado fue la voluntad de crear un censo distinto al electoral, ante la barrera legal que impide utilizar el empleado por el Estado en los comicios. El Govern trabaja con la intención de que en este nuevo censo se incluya a todos aquellos ciudadanos catalanes que tengan más de 16 años.

EL MUNDO 25/01/13