Ángel Gavilán, director general del servicio de estudios del Banco de España, presentó recientemente un informe sobre la productividad al que no se le ha prestado la debida atención. Probablemente, porque la política española nunca encuentra tiempo para abordar las cuestiones de más largo recorrido, como ponía de relieve recientemente en este mismo periódico el economista Toni Roldán. 

La presentación del directivo del banco central (ver gráfico) refleja el distinto comportamiento de la economía española respecto de Alemania y EEUU en avance de la productividad, y muestra con crudeza como este país se ha quedado algo más que rezagado desde el nacimiento del euro. No es el único caso. La compleja Italia ha hecho un recorrido parecido en ese mismo periodo de tiempo, lo que revela no solo el mal comportamiento de su sistema económico y político para crear riqueza, sino problemas de fondo que tienen que ver con el propio diseño del euro y de la globalización, que han castigado especialmente a los países del sur de Europa, ya que partían de una clara desventaja inicial.

Ni que decir tiene que lo que ha ocurrido en las dos últimas décadas tiene consecuencias sobre el nivel de vida en PIB per cápita y también sobre la cohesión social, ya que un país que dispone de menos recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos es un país peor. Ya sea desde la vertiente del gasto público o del sector privado, cuyo papel en la redistribución de la renta es capital, aunque a veces se olvide. 

La agenda pública, sin embargo, se ha llenado de bagatelas, y eso explica que un asunto crucial como es la productividad sea hoy casi clandestino 

La agenda pública, sin embargo, se ha llenado de bagatelas, y eso explica que un asunto crucial como es la productividad —que es la clave de bóveda de cualquier sistema económico ya desde la primera revolución industrial— sea hoy casi clandestino y apenas llame la atención de la opinión pública, más preocupada por cuestiones intrascendentes. España, incluso, parece ensimismada en asuntos relevantes desde el punto de vista personal y social, pero que afectan a una parte insignificante de la población, y a los que sin duda hay que prestar atención. Ni siquiera el propio Gobierno ha hecho su trabajo y sigue sin constituir un Consejo Nacional de Productividad, que fue una de las recomendaciones que hizo ya en 2016 el Consejo de la Unión Europea, lo que muestra el escaso interés que debe suscitar el asunto.

Remontar el vuelo

Es verdad que en los últimos años se han presentado normas como la ley de creación y crecimiento de empresas, la reforma de la Ley Concursal o el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, pero sin una visión global del problema de la productividad parece poco probable que la economía española remonte el vuelo. La productividad, de hecho, no es ajena a que España sea el único país desarrollado que todavía no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia, en lo que evidentemente tiene mucho que ver la alta exposición de la economía a sectores de bajo valor añadido que se nutren de empleo de baja cualificación fácilmente sustituible por mano de obra más barata. 

Es probable que la razón última de esta desidia —más allá de la propaganda oficial— tenga que ver con la ausencia de instituciones sólidas capaces de canalizar el debate público hacia lo verdaderamente relevante, y que es una de las características de las democracias más avanzadas. Al fin y al cabo, como han advertido muchos especialistas en teoría del Estado, un país vale lo que vale sus instituciones. Y si estas están obsoletas o simplemente no existen, no puede sorprender que se hayan hecho crónicos algunos de los problemas de fondo de la economía española, a la que los socios europeos, después de cada crisis, tienden a sacar del bache haciendo buena la célebre frase de Ortega: Europa es la solución y no el problema. Ocurrió en la anterior recesión y también en esta. Hay pocas dudas de que sin el dinero para salvar al sistema financiero (las cajas quebraron por errores propios) y sin los fondos Next Generation, España lo hubiera pasado bastante peor. 

La política, por el contrario, tiende a enredarse en discursos tan estériles como inútiles, como se ha demostrado en los últimos plenos del Senado 

Muchos de los problemas territoriales que tiene este país, de hecho, tienen que ver con la inexistencia de instrumentos de cooperación entre autonomías y la administración central, y que desde luego no satisfacen ni el Senado, una cámara de representación completamente averiada, ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera, siempre bloqueado por el Gobierno de turno gracias su absurda composición (la mitad de los votos son del Ejecutivo).

El control del presupuesto

El Congreso, incluso, ha sido incapaz de cerrar en 45 años de democracia una Oficina presupuestaria capaz de hacer un seguimiento de las cuentas públicas, lo que hace que la distancia entre lo presupuestado y lo que realmente se aplica sea, en numerosas ocasiones, sideral. Algo que hace que los Presupuestos sean siempre inerciales y a veces imaginarios en partidas muy relevantes, lo que deja muy poco margen para hacer una evaluación sobre la eficacia del gasto público. No solo desde el ángulo técnico, que es una función de la AIReF, sino político. Los problemas de financiación que arrastra la Seguridad Social desde hace mucho tiempo tienen que ver con ello. Y hasta el propio pacto de Toledo se ha convertido en una herramienta obsoleta, como se puede observar en el actual debate sobre la revalorización de las pensiones públicas. 

Lo cierto, sin embargo, es que la productividad no espera. De hecho, es la que determina el potencial de crecimiento de una economía a largo plazo, lo que va mucho más allá que el ciclo electoral. Lo que no se haga ahora no lo pagará esta generación, sino las próximas. Y de ahí la necesidad de situar en el centro del debate público cuestiones como las políticas de promoción de la innovación, el acceso a la financiación de las pymes, el tamaño de las empresas, que es una clara limitación a los avances de productividad, la inversión en capital humano o las rigideces estructurales de una economía que parece ajena a las reformas de calado. Sin una agenda adecuada, difícilmente se pueden resolver los problemas. 

El documento España 2050 que el Gobierno presentó hace algo más de un año podría haber sido un buen punto de partida, pero la realidad es que aquella hoja de ruta duerme hoy en el suelo de los justos. Es papel mojado. Probablemente, porque el sistema político —enfermo de los ciclos electorales— ha sido incapaz de ordenar el debate público imponiendo determinadas jerarquías.

El manoseado pacto de rentas

Por el contrario, tiende a enredarse en discursos tan estériles como inútiles, como se ha demostrado en los últimos plenos del Senado, que se han parecido más a un debate electoral que a una verdadera negociación sobre cómo plantarle cara al futuro. Ni siquiera el manoseado pacto de rentas ha merecido especial atención por parte del sistema político, lo que en el fondo ahonda en la apatía para resolver cuestiones estructurales que tienen que resolverse a partir de soluciones políticas. A veces se olvida que los pactos de la Moncloa, aunque tuvieran un fuerte componente económico, fueron de naturaleza política, y eso explica que los firmantes fueran, precisamente, los políticos. Ni los sindicatos ni los empresarios estuvieron presentes. 

Es evidente que el principal responsable en la actual coyuntura es el Gobierno, que ha sido incapaz de crear un clima apropiado de entendimiento, pero hay pocas dudas de que el conjunto del sistema político, salvo excepciones, tiene serios problemas para entender que un país no puede estar mirando de forma permanente a los resultados electorales. Lo más paradójico, de hecho, es la ausencia de reformas de calado impulsadas desde el consenso político, que es lo que hace que los pactos sean duraderos en el tiempo. Ni siquiera la reforma laboral, tan cacareada, ha cambiado la correlación de fuerzas en el mundo de trabajo, que sigue anclado en el pasado, lo que en última instancia también supone un lastre para el crecimiento de la productividad. 

No puede extrañar de ningún modo que en todas las crisis la economía española haya sido de forma sistemática la que más ha sufrido 

Algunos estudios han culpado de la baja productividad a que España, hasta mediados de los años 80, se habría acercado a la frontera tecnológica de los países más avanzados desplazando a los sectores menos productivos o de bajo crecimiento (agricultura o sectores de bajo añadido), por lo que en coherencia con esa idea los años posteriores, ya agotadas las ventajas del cambio tecnológico, serían de escasa eficiencia. Pero algunos trabajos como los del profesor Leandro Prados de la Escosura han demostrado que otros países han hecho el mismo recorrido sin que la productividad se haya resentido. De hecho, muchos países que en 1990 tenían niveles iniciales de producción por hora trabajada superiores a los de España muestran hoy un crecimiento más intenso de la productividad. 

Obviamente, esto sugiere que hay problemas de fondo que el sistema político no ha sabido resolver o, al menos, encauzar, lo que explica que se hayan hecho crónicos problemas como la reducción de los salarios reales a lo largo de las dos últimas décadas o la existencia de un modelo productivo de bajo valor añadido muy vulnerable a los ciclos económicos. No puede extrañar, por eso, que en todas las crisis, tanto en la derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria o como en la vinculada a la pandemia, la economía española haya sido la que más ha sufrido. Hasta el punto de que ya se ve con toda normalidad que España, de forma sistemática, tenga el doble de desempleo que Europa o que sea uno de los países del mundo con mayor deuda externa. No parece que se abran telediarios con ello. La nimiedad, por el contrario, sí que abre periódicos.