El grito desesperado de Urkullu

La propuesta presentada ayer por el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, tiene grandes coincidencias con la estrategia que ha pretendido desarrollar el gabinete de Patxi López –mesura en los recortes del gasto público y el acento puesto en la incentivación de la actividad económica–, pero contiene también un grito con tintes de desesperación: la petición de que cese «de inmediato» el aumento de deuda pública destinado a financiar el gasto corriente.

No es la primera vez que el PNV levanta su voz por este motivo. El pasado mes de enero, Juan José Ibarretxe ponía blanco sobre negro en un artículo sus temores sobre el desmesurado crecimiento de la deuda pública de la Administración vasca y, más allá de cuestiones cuantitativas, incidía en al idea de que ese crédito no iba destinado a realizar inversiones sino a pagar el funcionamiento estructural. Esto es, a pagar salarios de funcionarios, la corriente eléctrica que consumen escuelas y hospitales o la renta de garantía de ingresos, entre otros múltiples destinos.

El presidente del PNV sabe que el margen de actuación presupuestaria del próximo Gobierno vasco es estrecho –y él aspira a capitanear ese barco– porque la recesión ha llegado para quedarse durante algún tiempo, los ingresos seguirán cayendo o en el mejor de los casos se mantendrán planos y a partir de 2014 habrá que comenzar a devolver buena parte de los créditos pedidos por el Gabinete de López en los últimos tres años. Si este año el Ejecutivo vasco debe desembolsar 425 millones por la carga financiera –intereses y amortización–, en 2014 esa cifra será más del doble y alcanzará los 881 millones. Así las cosas, toda la deuda que emita el actual Ejecutivo ayudará a estrechar aún más la autopista sobre la que deberá discurrir el Gobierno que salga de las próximas elecciones.

Pero el mensaje de Iñigo Urkullu de ayer es incompleto o, al menos, da a entender que tiene segunda vuelta. Si el Gobierno vasco debe detener sus emisiones de deuda de forma inmediata, quiere decir también que está obligado a realizar nuevos recortes en el gasto público. Recortes que Urkullu no identificó pero, se supone, tiene ya en cartera aunque no haya desvelado.

El apoyo a la financiación de las empresas y la defensa de las liquidaciones del Cupo bajo una interpretación que beneficie a las arcas públicas vascas, coincide, más allá del intento de asumir el protagonismo sobre actuaciones que todo el mundo califica como positivas, con la estrategia que ha defendido el Gabinete de Patxi López y en es-

pecial los titulares de los departamentos de Economía e Industria.

El líder jeltzale sí se decidió ayer a concretar una propuesta más avanzada sobre la creación de un «Fondo para la Reactivación Económica», destinado a aumentar el respaldo financiero a las empresas –lógico si se tiene en cuenta que las dificultades de acceso al crédito bancario van a persistir para las pymes durante bastante tiempo–, aunque sustentado sobre un futurible incierto.

Este fondo, matizó Urkullu, debería dotarse con el incremento que aporte la recaudación del IVA, después del aumento de tipos que se producirá a partir de septiembre. Ello, apuntó, proporcionará a Euskadi unos 160 millones de euros en el periodo de septiembre a diciembre de este año, en línea con las estimaciones de que el aumento del IVA supondrá un aumento de recaudación anual cercano a los 500 millones para la comunidad autónoma. Pero no deja de ser un cálculo después de sacar el dedo por la ventana para medir la velocidad del viento. Frente a esas estimaciones de aumento de la recaudación, hay otras que apuntan a que el incremento de tipos apenas servirá para compensar el retroceso en los ingresos reales sobre los que se habían presupuestado. Los más pesimistas, incluso, creen que ese aumento, lejos de generar más recursos provocará un descenso adicional, al retraer el consumo y hacer más profunda aún la recesión de la economía.