Los españoles han sido asfixiados a impuestos por Sánchez y ya soportan un sacrificio tributario superior al de alemanes, daneses o neerlandeses. Mientras Hacienda bate récords de recaudación cada año, la deuda, el déficit y la privación material no dejan de recordarnos que el problema nunca fue la falta de ingresos.

El Gobierno repite un argumento propagandístico. España recauda unos tres puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea, situada en el 40,4%, y por tanto habría margen para seguir subiendo impuestos.

Sin embargo, “presión fiscal” es una ratio recaudatoria -ingresos fiscales sobre PIB nominal- y nunca ha medido si los impuestos son altos, solo la capacidad recaudatoria.

Además, compararse en carga fiscal con la media de la UE es engañoso cuando la región es un desastre económico y la media la empeora Francia, que es un devastador infierno fiscal. Cuando ajustamos por la evidencia de que España tiene más paro, empresas más pequeñas y economía sumergida, vemos que la presión fiscal puede ser similar a la de la media de la Unión Europea pero el esfuerzo fiscal, la carga tributaria sobre nuestros ingresos es enorme y superior a la de países que ya son infiernos fiscales que penalizan el crecimiento y la productividad.

La presión fiscal mide lo que ingresa el Estado, pero no lo que soporta el contribuyente

El informe «El sacrificio fiscal de los contribuyentes españoles», publicado por el Instituto Juan de Mariana y firmado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López, desmonta la excusa socialista con los propios datos oficiales.

Empecemos por la magnitud. En 2025 los impuestos y cotizaciones sumaron 641.669 millones de euros, casi 50.000 millones más que los 591.679 del año anterior, y la presión fiscal alcanzó el 38% del PIB, el nivel más alto de toda la serie histórica y un punto por encima del máximo de la burbuja de 2007. Nunca el sector público había detraído una porción tan grande de la renta nacional.

La presión fiscal mide lo que ingresa el Estado, pero no lo que soporta el contribuyente. Detraer el 38% de la renta en un país rico, donde lo que queda permite vivir con holgura, no equivale a detraerlo en uno de renta media-baja, donde ese mismo porcentaje recorta de forma mucho más dolorosa el consumo posible.

Por eso el informe recupera el índice de sacrificio fiscal de Henry Frank, que pondera la presión tributaria por la renta por habitante.

El resultado da la vuelta al discurso oficial. Para que un español soportara el mismo sacrificio que un sueco, la presión fiscal en España no tendría que subir hasta el 42% sueco, sino bajar hasta el 26%. Igualar el esfuerzo de un alemán exigiría reducirla casi 12 puntos del PIB, igualar el de un danés más de 14 y el de un neerlandés casi 17.

Entre 2019 y 2024 la presión fiscal española aumentó 2,3 puntos del PIB, el mayor incremento entre las grandes economías de la Unión

Pagamos impuestos de país rico con salarios de país pobre y servicios públicos deficientes.

Tampoco es cierto que la carga sea baja donde más renta hay. Según los datos de la OCDE recogidos en el estudio, la cuña fiscal del trabajador medio, la diferencia entre lo que cuesta a la empresa y lo que recibe en nómina, ronda ya el 41% del coste laboral, un máximo histórico en todos los tramos salariales.

De cada 100 euros que cuesta contratarlo, apenas 59 llegan a su bolsillo. España supera ya a Países Bajos, Portugal o Irlanda y se acerca a Bélgica, Alemania y Francia, y para una familia con dos hijos la cuña supera la media europea desde 2018, con una brecha que en 2025 rebasa los dos puntos.

El hachazo tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez. Entre 2019 y 2024 la presión fiscal española aumentó 2,3 puntos del PIB, el mayor incremento entre las grandes economías de la Unión, mientras la media comunitaria retrocedía seis décimas y países como Francia o Dinamarca recortaban su recaudación en dos puntos o más.

A ello se suman más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones bajo el mandato de Pedro Sánchez. España ha ido a contracorriente, elevando la carga mientras su entorno la estabilizaba o la reducía y, en el camino, los servicios, las infraestructuras y las cuentas públicas están peor.

La herramienta recaudatoria más eficaz y a la vez más regresiva e injusta ha sido la más silenciosa. Más de la mitad del aumento de la presión fiscal, en torno al 54%, procede del IRPF, y buena parte de ese salto se explica por la negativa a deflactar la tarifa con una inflación acumulada del 27% entre 2019 y 2026.

España es, según el Banco de España y el BCE, el segundo país de la Unión que más recaudación adicional ha extraído con la inflación. Otros gobiernos devolvieron a los contribuyentes lo que la inflación les regalaba. El Gobierno español decidió quedárselo.

Un salario de 18.000 euros brutos paga hoy 624 euros de IRPF, casi cuatro veces los 157 euros que pagaba en 2019 su equivalente en poder adquisitivo. Un sueldo de 30.000 euros paga 892 euros más al año y uno de 50.000, 1.552 euros más, sin haber ganado un solo euro de capacidad de compra.

Es una subida de impuestos que no pasa por el Boletín Oficial ni por el Congreso, y que golpea con más fuerza a las rentas más modestas.

El anexo del estudio resume el balance en la nómina del trabajador medio. Entre 2018 y 2026 la factura de IRPF y cotizaciones ha crecido un 17,6% en términos reales, mientras su salario neto ha perdido un 3,8% de poder adquisitivo.

Hacienda gana y el asalariado pierde. Entre los jóvenes el castigo es aún mayor, porque a los 25 años un español entrega cerca del 45% de su renta de mercado en impuestos y cotizaciones.

Lo más grave llega cuando se pregunta qué ha hecho el Estado con esa recaudación récord. La respuesta es prácticamente nada. La deuda de las administraciones públicas marcó en junio de 2026 un máximo histórico de 1,763 billones de euros y en agosto seguía en 1,75 billones, con un aumento de 51.200 millones solo en los ocho primeros meses del año.

Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, rondaba los 1,16 billones. Son casi 600.000 millones de euros más de deuda en ocho años de máximos de ingresos. La ratio sobre el PIB se modera porque el PIB nominal crece con la inflación, pero el importe que deben los españoles no deja de subir.

El déficit tampoco se ha corregido con semejante caudal de ingresos. En 2025, con la mayor recaudación de la historia, las administraciones públicas cerraron con un agujero de 40.330 millones de euros, el 2,4% del PIB. La AIReF ha elevado su previsión para 2026 al 2,7% y advierte de que el margen para cumplir las reglas fiscales europeas es ya muy limitado.

Hasta agosto, el déficit del Estado alcanzaba el 2,35% del PIB, por encima del 2,09% del mismo periodo de 2025. Un país que bate récords de recaudación y sigue gastando mucho más de lo que ingresa tiene un problema de gasto, no de impuestos.

Cabría aceptar el sacrificio si se tradujera en una mejora clara del bienestar, pero los datos dicen lo contrario.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2025 en el 25,7%, apenas medio punto por debajo del 26,2% de 2019, y sigue casi cinco puntos por encima de la media de la Unión, del 20,9%. Más de 12,6 millones de personas viven en esa situación.

La carencia material y social severa, que mide quién no puede permitirse lo básico, afecta al 8,1% de la población, más de cuatro millones de personas, frente al 7,7% de 2019, mientras en la Unión Europea bajaba del 6,7% al 6,3%.

El deterioro es alarmante. Los españoles que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada han pasado del 7,6% al 15,9% entre 2019 y 2025, los que sufren retrasos en el pago de la vivienda o las compras a plazos del 8,3% al 13,3%, y los que no pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días del 3,8% al 5,4%, según el INE.

Este es el balance del hachazo fiscal. Más impuestos, más deuda, déficit persistente y familias que viven peor que antes de llegar Sánchez a La Moncloa.

La comparación con Europa, utilizada durante años como coartada para subir impuestos, exige exactamente lo contrario. Si de verdad queremos que los españoles se acerquen a los países ricos, el camino pasa por deflactar el IRPF de forma automática cada año, rebajar las cotizaciones que encarecen el empleo y reducir la presión fiscal, acompañando todo ello de una revisión seria del gasto improductivo.

Los españoles no necesitan un Estado que recaude mucho. Necesitan un Estado que deje de exprimirlos, que administre bien y permita a la clase media recuperar el poder adquisitivo que la inflación y Hacienda les han arrebatado.